El reconocimiento legal de la diversidad religiosa en España no tiene una traslación práctica y completa en las cárceles y hospitales, donde los derechos de las minorías religiosas no están del todo garantizados, según un estudio elaborado por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).
El estudio «GEDIVER-IN: La gestión de la diversidad religiosa en centros hospitalarios y penitenciarios en España», realizado por el grupo Investigaciones en Sociología de la Religión (ISOR) de la UAB, ha constatado «una débil implementación de estos derechos y la escasa difusión de herramientas como guías de recomendaciones que impiden que puedan ejercer en condiciones de igualdad respecto a la Iglesia católica».
Según la directora del ISOR, Mar Griera, los cambios se han producido mayoritariamente en aspectos formales, como cambiar el nombre de capillas católicas por «oratorios» en algunos hospitales, «pero la situación de las minorías religiosas dista de ser equivalente a la que ostenta la Iglesia católica».
El estudio constata una desigualdad estructural entre la Iglesia católica y el resto de confesiones, tanto en el marco legal como en las prácticas diarias en los centros.
A modo de ejemplo, Griera menciona la existencia de capillas católicas y despachos para los sacerdotes en prácticamente todos los hospitales, la familiaridad en las cárceles hacia el personal católico y la celebración de las festividades católicas en el marco de ambas instituciones.
El estudio reconoce que el tiempo de asentamiento de las minorías religiosas en España influye a la hora de reclamar su derecho al ejercicio de su religión y a la asistencia religiosa.
Así, los grupos protestantes son los que mantienen una postura más reivindicativa, mientras que otros colectivos, como el musulmán y el ortodoxo, tienen una actitud más conformista.
Según Griera, las causas de esta menor reivindicación tiene que ver con ser colectivos formados mayoritariamente por personas de origen inmigrante y, en el caso de la comunidad musulmana, por sentirse más en el punto de mira de las autoridades.
El trabajo ha detectado también un proceso de readaptación de los grupos religiosos ante la secularización creciente de las instituciones públicas y la población.
«Esto es particularmente evidente en el caso de los curas católicos, que se ven obligados a redefinir su papel para ajustarse a las nuevas necesidades de los centros, reforzando su papel clave en la provisión de servicios sociales complementarios a los de las instituciones, aun cuando éstas tienden a relegarlos a una posición más marginal», según Griera.
Por otro lado, están proliferando prácticas relacionadas con la nueva espiritualidad o la religiosidad holística, como cursos de yoga, «reiki» o meditación zen, entre otros.
El estudio indica que esto hace necesario profundizar en estos procesos para entender cómo se definen las fronteras entre lo que es considerado religioso y no religioso, y comprender el impacto de estas prácticas espirituales en la vida de internos, de pacientes y de trabajadores de los centros.
A pesar de las similitudes, el estudio constata diferencias relevantes entre hospitales y cárceles en la gestión de la diversidad religiosa, ya que los centros sanitarios son más reticentes ante el hecho religioso y la labor de las organizaciones religiosas, ya que la consideran una cuestión del ámbito privado.
Sólo en contados casos algunos centros sanitarios tienen una política proactiva de atención a la diversidad religiosa.
En el caso de las cárceles, la religión es percibida como «una aliada de la institución: un recurso personal para afrontar la vida cotidiana de los internos y un recurso social, a través de la asistencia social que les ofrecen los grupos religiosos».
Por ello, la diversidad religiosa es reconocida como un elemento más de la vida de la institución y recibe, en general, una mayor atención que en los hospitales.
La investigación, pionera en su ámbito, se ha realizado con un centenar de entrevistas en profundidad y observaciones en Cataluña y Andalucía, dos comunidades con características similares en cuanto a población, ratios de inmigración y diversidad religiosa, pero diferentes en sus sistemas de salud y penitenciario.
