Sin laicismo no hay democracia, ya que las religiones tienden a imponer su código moral al conjunto de la ciudadanía.
Hace unos días hemos conocido la lista de bienes inmatriculados por la Iglesia en las últimas décadas, lista aportada por los Registros de la Propiedad a petición del Parlamento vasco. Creo que a estas alturas no hace falta explicar que significa esa palabreja, que en lo esencial supone la apropiación de bienes que, por razones históricas y culturales, gestionaba la institución religiosa, pero que en la práctica son, en su mayoría, propiedades sufragadas por la ciudadanía y que, por tanto y en el contexto legal en que nos encontramos, deberían ser de titularidad pública, entendiendo que los ayuntamientos y diputaciones son los depositarios de esa herencia y de la representación popular en nuestro sistema jurídico.
Hablamos de 521 propiedades en toda Euskadi, que han sido inscritas por la Iglesia entre 1978 y 2015, 379 en Gipuzkoa, 74 en Bizkaia y 68 en Álava. Y esto ha sucedido gracias a la Ley Hipotecaria aprobada por el gobierno Aznar en 1998, que permitía a la Iglesia, como excepción, registrar propiedades a su nombre sin presentar documentación alguna que demostrase su titularidad. Y no, no hablamos solamente de edificios dedicados al culto, algo que aún podría tener su lógica. Hablamos además de fincas, solares, pisos, garajes, etc. En definitiva, un autentico expolio de bienes públicos de los que la institución vaticana se ha apropiado gracias al “favor” del gobierno del expresidente Aznar, ese mismo gobierno que hoy se está demostrando ha sido el causante de muchos de los males que sufre hoy en día la sociedad española.
No voy a entrar en si estas actuaciones de la institución religiosa van en contra de los postulados que, al menos en teoría, defiende. Eso se lo dejo a quienes profesan esa religión y se consideran representados por la organización vaticana. Pero lo que si está claro es que son totalmente incompatibles con la aconfesionalidad del Estado que consagra la Constitución del 78 en su artículo 16.3. Es cierto que este artículo recoge que el Estado mantendrá relaciones de cooperación con la Iglesia Católica (y las demás confesiones). Pero de ahí a regalar el patrimonio publico de forma tan abierta, hay un gran trecho. Además, la sociedad ha cambiado mucho desde la redacción de ese texto y, también en este caso, es necesaria una actualización legislativa de la Carta Magna, una reforma que consagre por fin la laicidad del Estado y que impulse la denuncia del vergonzoso Concordato con la Santa Sede, que tantos privilegios otorga a una religión en detrimento de quienes profesan otras creencias o ninguna.
Este necesario transito a una sociedad laica nos permitiría evitar todas esas vergonzosas practicas a las que nos tiene acostumbrados el Partido Popular: imponer la religión (católica, por supuesto) como asignatura obligatoria, intentar limitar el aborto de acuerdo a su código moral, o cuestiones tan surrealistas como la concesión de medallas al valor a vírgenes del imaginario vaticano, tal y como ha hecho el ministro de Interior más nefasto que hemos sufrido desde la instauración de la democracia. Sin laicismo no hay democracia, ya que las religiones tienden a imponer su código moral al conjunto de la ciudadanía. Por eso deben quedar recluidas al ámbito personal, como una actividad privada que, por descontado, debe contar con la protección de los poderes públicos, pero sin mezclar jamás Iglesia y Estado como algunos pretenden.
Volviendo al tema de las inmatriculaciones, es necesario que se apueste desde las instituciones democráticas por intentar recuperar todos esos bienes de los que se ha apropiado la Iglesia, o al menos, de todo el dinero publico invertido en ellos durante las últimas décadas. Es de justicia que quien quiera mantener su fe, tenga que pagársela con su dinero, nunca con el dinero de toda la ciudadanía. Y aquí no vale la excusa de que la Iglesia realiza una labor solidaria. Esa es solo una cara de esta institución y ya hemos visto muchas veces su otra cara, esa que solo busca acumular bienes materiales en su propio beneficio. Es una verdadera lástima que este tipo de actuaciones desmerezcan el esfuerzo impagable de cristianos de base que realizan una admirable labor solidaria, minada por un aparato institucional que prioriza el enriquecimiento frente a su esfuerzo por acabar con la injusticia social y la desigualdad.
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