CARTA ABIERTA AL PODER LEGISLATIVO
Frente a las expresiones de un grupo de Diputados y Ediles evangelistas:
LO RELIGIOSO NO DEBE ESTAR POR ENCIMA DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES
EXIGIMOS RECTIFICACION O DESAFUERO
Las organizaciones abajo firmantes, que trabajan en defensa de la laicidad, imbuidas de los ideales republicanos que nos vienen desde nuestra historia, desean manifestar su honda preocupación ante las reiteradas expresiones públicas de varios integrantes del Poder Legislativo y del ámbito municipal de nuestro país, referidas a su subordinación a la ley religiosa en detrimento de nuestro sistema legal, de las cuales ellos – por su calidad – deben ser justamente garantes.
Estos, pertenecientes a diversas corrientes políticas, expresando su adhesión, militancia y lealtad a diferentes colectividades religiosas, ponen énfasis en la primacía y obediencia de los dictados particulares derivados de sus preferencias dogmáticas, por encima de los que se derivan de la Constitución de la República, la máxima norma jurídica cuyo mandato deben cumplir debido a los cargos de representantes de la ciudadanía que se encuentran ocupando.
Sin embargo, según informa (sin desmentidos) el Diario El País del 13 de setiembre de 2015, un grupo conformado por 16 representantes públicos (13 legisladores nacionales y departamentales, y 3 autoridades ejecutivas) “firmaron un compromiso” donde “se comprometieron a respetar la Constitución y las leyes ‘siempre y cuando no contradigan la palabra de Dios’. Aseguraron que acatarán ‘los dictados‘ de sus consciencias ‘informados por la Palabra de Dios, por encima de toda lealtad personal o partidaria‘, y dijeron que la ‘base‘ y el ‘fundamento’ para su actividad será el Evangelio”
Las autoridades referidas, como cualquier otro ciudadano uruguayo, tienen el derecho a creer o no creer, u optar por adherir a las corrientes religiosas y filosóficas que mejor entiendan, pero esa preferencia corresponde al ámbito privado, a su fuero íntimo y no a su rol gubernativo.
Quienes así actúan, relegan su rol de Representantes de la ciudadanía, para pasar a ser representantes de su colectividad confesional. Dan la espalda a los ciudadanos y a la democracia, haciendo imperar sus intereses particulares y de círculo por encima del bien común. Y, más grave aún, violentan la Ley al declarar que sus creencias metafísicas están por encima de ésta. La Constitución de la República es nuestra máxima Ley, a la que
estamos sometidos todos los uruguayos, pues emana de la legítima y única soberanía que es la del pueblo. Nada, ni la política, ni las ideologías ni las religiones, puede estar por encima. Una visión de este tipo, como la que han manifestado estas autoridades, constituye claramente una gravísima y notoria afrenta a los más caros valores republicanos y laicos. Y es un precedente extremadamente peligroso que lleva, en última instancia, a la fragmentación del espacio público.
Por esta situación, señalamos nuestra contrariedad respecto al hecho de que así como el Presidente de la República, el Vicepresidente y los Senadores prometen, al momento de asumir sus cargos, el respeto a la Constitución de la República, ello no sea así en el ámbito de los Representantes y los Ediles. El Proyecto de Ley que se encuentra en la Cámara de Diputados, sería entonces de una necesidad moral, política e institucional insoslayable.
Destacamos asimismo la dignidad y gran importancia en estos momentos, de la Declaración del 14 de setiembre de 2015, de la Iglesia Valdense, de larga trayectoria en nuestro país, deslindándose de estas posiciones al expresar que consideran que “… que la laicidad es un logro y un derecho que la sociedad uruguaya debe seguir defendiendo contra todo tipo de injerencia religiosa en los ámbitos y locales del Estado”.
Por lo anteriormente expuesto es que solicitamos al Poder Legislativo – uno de los pilares y garantías de nuestro sistema democrático-republicano de Gobierno – que se analice la mencionada situación y se proceda a exigir a aquellos de sus miembros que ponen la ley de su dios por encima de la Ley de la República, la inmediata retractación pública de sus posturas flagrantemente violatorias de la Laicidad del Estado, configurando ello una apología a la inconstitucionalidad; y en los casos en que se mantenga la tesitura referida, iniciar los procedimientos de desafuero correspondiente.
Sólo así, nuestras Instituciones estarían garantizando la supremacía de la Ley por sobre cualquier otra consideración, y se estaría evitando un precedente que podría llevar en el devenir a lamentables y no deseadas consecuencias.
Montevideo, 28 de Setiembre de 2015
FIRMAN:
Apostasía Colectiva Uruguay
Asociación Civil Trazos
Asociación Civil 20 de Setiembre
AILP (Asociación Internacional del Libre Pensamiento)
AULP (Asociación Uruguaya de Libre Pensadores)
AUDEPRA (Asociación Uruguaya en Defensa del Pensamiento Racional
Círculo Escéptico Uruguay
MySU (Mujer y Salud en Uruguay)
SAEL (Sociedad de Amigos de la Educación Laica)
