Abuelas y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el CELS y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas reclamaron “una aclaración oficial y pública” a raíz del llamado a frenar los juicios contra los represores.
Cuatro organismos de derechos humanos le pidieron a la Conferencia Episcopal Argentina “una aclaración oficial y pública” sobre declaraciones del obispo Jorge Casaretto, quien durante una charla en la Universidad Católica sugirió una supuesta contradicción entre el avance de los procesos por delitos de lesa humanidad y el conocimiento de la verdad, propuso “desandar esa ecuación de tanta justicia” (sic) y “esperar que pasen las elecciones e insistir” en la necesidad de una “reconciliación”, eufemismo histórico para ocultar el reclamo de impunidad por los crímenes de la última dictadura. Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el CELS y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas le recordaron además al presidente del Episcopado, José María Arancedo, que recibieron “con expectativa el compromiso asumido por el papa Francisco” de abrir “los archivos secretos de la Santa Sede para ayudar en la búsqueda de datos de personas desaparecidas”.
Estela de Carlotto (Abuelas), Marta Vázquez (Madres LF), Horacio Verbitsky (CELS) y Lita Boitano (Familiares) advirtieron su preocupación por los dichos de Casaretto en el panel “Una reflexión sobre los años ’70: de la lógica del enfrentamiento a la cultura del diálogo”, que convocó la UCA a principios de agosto. “Hoy ninguna fuerza política habla de reconciliación, es un tema tabú en las elecciones. Pero la reconciliación debe estar en la agenda del futuro próximo de Argentina, debemos esperar que pasen las elecciones e insistir”, dijo el obispo emérito de San Isidro, según informó Infobae. “Tenemos que llegar a saber toda la verdad”, afirmó Casaretto, y sugirió que “hay una ecuación que no termina de funcionar, porque cuanto más justicia aplicamos parece que menos verdad recuperamos, y cuanta más verdad queremos recuperar, más suaves tenemos que ser en la justicia aplicada”. Agregó que “en Argentina privilegiamos la justicia, que por otra parte no es una justicia totalmente imparcial” y planteó que “tenemos que desandar esa ecuación de tanta justicia, que va en contraposición con la verdad”.
Las declaraciones de Casaretto “intentan oponer los valores de la justicia y la verdad”, advierten los organismos. También “contradicen los principios fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos”, que obligan al Estado a investigar y juzgar a responsables de graves violaciones a los derechos humanos y a revelar las circunstancias de tales violaciones. “El derecho a la verdad es inseparable del derecho a la justicia y de ningún modo puede ser considerado como una alternativa a la obligación de investigar, procesar y castigar”, señalan. “Verdad y justicia no son ‘opciones’ frente a las cuales el Estado tiene que elegir sino obligaciones que debe cumplir en conjunto”, recuerdan.
“La verdad es y debe ser el fin inmediato de todo proceso, cuyo valor último es la justicia”, explican los titulares de los cuatro organismos, nacidos en pleno terrorismo de Estado. “Nunca puede entonces ser viable, para ningún proceso penal, la ecuación ‘a más justicia, menos verdad’”, señalan, y recuerdan que mientras rigieron las leyes de impunidad “no había justicia y tampoco había verdad”. La reapertura de los juicios, en los que actúan como querellantes, implicó en cambio “una valiosa contribución al conocimiento de la verdad”, advierten, y enumeran ejemplos: la recuperación de la identidad de niños/as nacidos en cautiverio o secuestrados con sus padres, la reconstrucción del cautiverio de muchos detenidos-desaparecidos, la localización e identificación de sus restos, la reconstrucción de las estructuras de Inteligencia, la identificación de miembros de grupos de tareas que intentaron ocultarse detrás de apodos y alias, el conocimiento de metodologías de exterminio como los vuelos de la muerte y el funcionamiento de la coordinación represiva regional en la causa del Plan Cóndor. Todo ese caudal de información “se suma a la solidez del conocimiento acumulado en la Conadep y el Juicio a las Juntas”, reconocen los organismos.
“La Iglesia es parte de este proceso de justicia”, le recuerdan a Arancedo, tanto por la colaboración de sacerdotes en delitos como por quienes fueron víctimas de la represión, y manifiestan su “expectativa” ante el compromiso asumido por el ex cardenal Jorge Bergoglio de abrir los archivos del Vaticano. A partir de las frases de Casaretto, solicitan a la CEA “una aclaración que permita dar tranquilidad al conjunto de la sociedad y contribuya a afianzar una posición de colaboración sustantiva de vuestra institución con el proceso de memoria, verdad y justicia en curso”.
