La acusación particular del ‘caso romanones’ ha solicitado al Juzgado que decrete la responsabilidad civil subsidiaria del Arzobispado de Granada, diócesis a la que pertenecen los diez curas investigados como autores o cómplices de los supuestos abusos sexuales. La acusación entiende que se han infringido varios cánones del Código de Derecho Canónico que obligan a labores de vigilancia y control sobre los párrocos sacerdotes de la diócesis. Entre ellos, alude expresamente al canon 524 del citado Código, que obliga al obispo a asegurarse de que provee como párroco a una “persona idónea”.
Además, la acusación particular ha pedido que el arzobispo de Granada, Javier Martínez, sea llamado a declarar como testigo después de que este enviara al instructor, por mandato judicial y tras nueve requerimientos, una copia del expediente canónico. En esa documentación, según la acusación particular, “se evidencia la existencia de un grupo organizado, virulento, perfectamente conocido por el arzobispo de Granada”, formado por diez sacerdotes y dos laicos. El escrito alude a tres sacerdotes y un seglar como supuestos autores de los abusos, y a otros ocho (siete curas y un laico), como cómplices de los hechos, tal y como admite el arzobispo en una comunicación que forma parte de la investigación preliminar de la Iglesia.
La acusación particular se remite a un escrito del prelado granadino, incluido en el expediente canónico, en el que consideraba que los ‘romanones’ formaban un grupo “compacto, hermético y virulento” y subraya que ese grupo, supuestamente, “cometió el delito de corrupción de menores” en la persona del joven denunciante, “amén de los delitos de abuso sexual continuado”.
PENDIENTES DE LA AUDIENCIA
La petición de que se declare la responsabilidad civil subsidiaria del Arzobispado de Granada y la testifical del arzobispo se encuentran pendientes de que la Audiencia de Granada resuelva el recurso de apelación que interpuso la acusación particular contra la decisión del juez instructor de continuar la causa solo contra uno de los doce imputados, el padre Román, supuesto cabecilla del grupo, por prescripción de delitos en el resto de los investigados.
En el recurso, la acusación consideraba que los hechos investigados constituían un supuesto delito de corrupción de menores, castigado con penas de hasta seis años de prisión y, por lo tanto, no sería aplicable la prescripción acordada por el instructor.
Según fuentes consultadas, si la Audiencia de Granada estima el recurso y siguen imputados los diez curas y los dos laicos, la responsabilidad civil se ampliaría a todos los ‘romanones’ y la testifical del arzobispo cobraría todo su sentido por las afirmaciones que realizó al considerar que se trataba de un grupo organizado, “hermético” y “virulento”. También estaría más que fundamentada la responsabilidad civil subsidiaria del Arzobispado granadino, aseguran las mismas fuentes.
Los diez curas que componen el grupo de los ‘romanones’ suponen el 7% del clero diocesano de Granada, al que pertenecen unos 280 sacerdotes.
