Después, siguieron los robos como parte de un complejo entramado que entremezcló factores religiosos y económicos.
La dictadura instaurada por Franco bajo el amparo de la jerarquía eclesiástica y de buena parte de la sociedad propició un clima de terror, de miedos y prejuicios, de complicidades y silencios, cuyas consecuencias aún hoy son visibles.
La represión abarcó casi todos los frentes, incluyendo la infancia. Desde el inicio de la guerra en 1936 hasta los años 50, fueron cientos los niños sustraídos en cárceles y en hogares de mujeres republicanas. Después, siguieron los robos como parte de un complejo entramado que entremezcló factores religiosos y económicos. Los casos llegan hasta casi principios de los 90. Sólo en Euskal Herria, la asociación Anadir ha registrado 400 posibles casos de niños robados. Se calcula que en el Estado español cerca de 300.000 menores, la mayoría recién nacidos, fueron sustraídos y dados en adopción de manera irregular.
Los testimonios de las víctimas se multiplican, al igual que el de personas que, por su profesión o condición de religiosa, presenciaron este sucio negocio. María Pilar Angelines Fuertes fue una de ellas. Entre 1981 y 1984 trabajó como monja en la clínica Nuestra Señora de Loreto de Madrid. Vio cómo muchas jóvenes a punto de dar a luz llegaban acompañadas por religiosas y cómo éstas ordenaban que las alejaran del resto de las mujeres embarazadas y de las cunas para que «no oyeran el llanto de los niños y se echaran para atrás». El personal sanitario tenía prohibido hablar con estas mujeres. «Yo sé que uno de aquellos niños fue entregado al hermano de sor Pura, que era el jefe de enfermeras del sanatorio», afirma.
Una vez más han sido los propios afectados quienes han emprendido la búsqueda de la verdad, aportando datos y confesiones que, en cualquier otro lugar, provocarían un verdadero escándalo. Es hora de llegar hasta el fondo de esta trama y de que los implicados sean castigados y digan qué hicieron con esos niños y quiénes fueron sus verdaderas madres.
Es hora también de que el Poder Judicial español active de manera eficaz a sus jueces y fiscales, tan diligentes a la hora de imputar y llamar a declarar en otro tipo de causas.
