María Jesús Izquierdo documenta en ‘Pizarras vacías’, ensayo publicado por la Universidad de Valladolid, la represión de maestros y profesores en la provincia durante la Guerra Civil
Por militar en partidos de izquierda, ser republicano, estar afiliado a un sindicato, por pertenecer a la masonería, profesar otra fe fuera del catolicismo, por ser divorciado, por tener amigos sospechosos o por haber testificado en ese sentido un cura o persona de orden, el maestro más querido o el catedrático más ilustre estaba condenado a dejar la tarima, como mínimo. Ocurrió desde el inicio de la Guerra Civil y así lo cuenta María Jesús Izquierdo en ‘Pizarras vacías’, ensayo publicado por la Universidad de Valladolid. La microhistoria de la depuración va ampliando su mapa con trabajos monográficos de cada provincia. Este se refiere a Valladolid y ha trascendido el primer nivel educativo para abarcar la escuelas profesionales, institutos, universidad y centros privados.
«Cuando trabajaba en Ámbito publicamos ‘La depuración del magisterio nacional’, de Francisco Morente Valero en 1997 y me sorprendió mucho. Antes de ese libro no sabía nada de la represión franquista en general y menos sobre la maquinaria para depurar maestros. Permaneció la curiosidad y desde 2002 colaboro con la Asociación de la Memoria Histórica». Desde entonces ha venido recabando datos sobre los represaliados del franquismo. «En los pueblos, cuando preguntaba, casi nunca salía el nombre maestro porque era alguien que venía de fuera. Pero cuando se abordaba directamente esa figura, te contaban qué había ocurrido. A raíz de unas jornadas de la UVA sobre la ‘Revolución educativa de la II República’ en 2012, decido que debiera dar forma a la cantidad de documentación recogida y centrarme en los docentes».
La República había impulsado la educación como «medio imprescindible para cambiar la sociedad» para ello construyó escuelas (el censo vallisoletano aumentó en el 164%) y bibliotecas. Decretó el fin de la obligatoriedad de la enseñanza religiosa y puso en marcha becas. Tras el levantamiento militar se considera que los maestros de la República no son útiles para defender su nuevo estado y José María Pemán, al frente de la Comisión de Cultura y Enseñanza, regula la depuración.
La guerra estalla en vacaciones de verano así que muchos docentes no vuelven a sus aulas, otros son movilizados y el resto expulsados. El nuevo régimen pondrá al frente de las clases a «curas, ex combatientes del bando golpista, mutilados de guerra o familiares». La adhesión al Movimiento y la solvencia moral son «imprescindibles» para un nuevo magisterio que prioriza la «educación física, religiosa y patriótica». Izquierdo comenzó a contrastar datos en archivos. Las Actas de la Comisión de Depuración Provincial es la primera fuente, pero «en Valladolid no se conservaban, aunque no pasa nada porque en el Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares, están los expedientes personales. Me centré en ellos y en el Archivo de la Universidad». Valladolid era una «provincia de retaguardia del bando nacional, lo que supone que la represión se ejerce desde el primer momento del Levantamiento y dura más tiempo. Se implementa el terror con fusilamientos tras juicio, asesinatos extrajudiciales, encarcelamientos e incautación de bienes». Los expedientes personales dejan constancia de las razones de la depuración –política, sindical, religiosa, social, moral o profesional–, informes que lo avalan –alcalde, cura y personas de orden– y la sanción administrativa –muchos son condenados al ostracismo, se quedan sin forma de vida–.
«Podían recurrir y pelear por su rehabilitación. Los pliegos de descargo en los que explican sus razones se adjuntan en los expedientes, hay mucha información». Las «frías cifras» dejan un rastro de 103 depurados en Valladolid capital, incluyendo todos los niveles educativos (85 hombres, 18 mujeres; 4 marcharon al exilio; 30 sufrieron represión física –9 fusilados sin juicio, 3 tras él, 17 encarcelados y uno muerto en la cárcel–).
De esos datos casi el 30% corresponden a la Universidad. En cuanto a la provincia, 122 maestros de una plantilla de 590 fueron represaliados (86 hombres, 36 mujeres; 9 asesinados extrajudicialmente, uno tras juicio, un suicidio, 20 encarcelados, un desaparecido y una muerta en la cárcel). María Jesús Izquierdo recorre caso por caso, con una mayoría de condenados por razones políticas. Llama la atención casos como el Ricardo Domínguez Cortes, maestro en el Pinar de Antequera, al que los informes califican de «católico, de Derechas, extravagante y deficiente como maestro».
La ‘peor’ de tres hermanas
También el de Juana Borobia Mayorga, cuyo informe es un catálogo de la amplia variedad de acusaciones que podían hacerse: «pertenencia a familia protestante, tiene ideas izquierdistas y participa en un mitin comunista –acompañada por el alcalde socialista García Quintana–, ostentación de laicismo. El cura Mariano Miguel López añade que daba clases de francés y hacía propaganda de izquierdas». Su padre, Manuel Borobia, procedente de Cigales regentó allí una escuela evangélica. También el acumula causas para expulsarle de la docencia: era protestante relacionado con la masonería. De sus nueve hijos, cinco fueron maestros depurados. Las tres hijas de Victoriano Tasis, encarcelado por sindicalista, fueron expulsadas de la docencia. Josefa Tasis Lulle es «la peor», por participar en manifestaciones socialistas, «acompañar a Margarita Nelken, anticatólica e íntima amiga de Blanchard (Aurelia García-Cueto, profesora de Paidología, asesinada en 1936)». Federico Landrove Moíño llegó a dirigir la Escuela Normal, fue alcalde de Valladolid entre 1931 y 1932, diputado a Cortes por el Partido Socialista y director general de Primera Enseñanza. Muere en la cárcel de Segovia en 1938. Amadeo Arias, profesor de la sección de Ciencias, se libró al lograr huir a América. De la Escuela Profesional de Comercio fueron cinco los depurados, dos de ellos asesinados –Florentín Quemada y Bernardo de los Cobos– y Mariano de los Cobos, encarcelado. Narciso Alonso Cortés, Aurelio García Lesmes, Julio Valdeón Díaz, son otros de los nombres conocidos.
José Garrote Tebar, primer asesinado oficial de Valladolid tras un consejo de guerra, era profesor auxiliar de Obstetricia. Adolfo Miaja de la Muela, catedrático de Derecho Político, baja en el escalafón en 1936 y no lo recupera hasta 1952.
«Hay muchos depurados menos conocidos, sin embargo, importantísimos. Por ejemplo Juan Moreno Mateo, impulsor de la enseñanza laica en Valladolid antes de la República. Huye y se supone que le asesinaron en La Coruña». A conocidos y anónimos, a la labor en pro de la educación de sus conciudadanos, está dedicado este libro.
