El fiscal decidirá en otoño si se abre juicio oral a los sacerdotes acusados de pederastia
El sacerdote investigador del caso de los Romanones, el clan de supuestos curas pederastas de Granada, apunta a que efectivamente existieron los abusos de los que les acusa un joven de 24 años, un relato que llegó por carta hasta Roma y provocó la llamada telefónica del papa Francisco. El sacerdote describe un “fumus delicti” (apariencia delictiva) en el expediente canónico que han consultado las partes del caso y al que ha tenido acceso EL PAÍS.
A pesar de la negativa de los religiosos cuando fueron interrogados, “el sacerdote investigador cree que en los tres asuntos en cuestión hay fumus delicti”. La investigación atañe al padre Román junto a los también religiosos Francisco Campos y Manuel Morales. “Los sacerdotes forman un grupo muy compacto y cerrado”, matiza el investigador. Este aboga por evitar que el tribunal eclesiástico que les juzgue sea el de Granada —al que pertenece Campos—, “dados los vínculos de amistad y compañerismo entre Campos y el resto de personas del tribunal”.
La investigación de la Iglesia tendrá un papel muy limitado en la causa penal, ya que se tratará como un indicio más, como si fuera una declaración policial, ilustran fuentes del caso. La instrucción está prácticamente finalizada; en otoño se sabrá si se abre juicio oral para tratar de dilucidar si existieron abusos o agresiones sexuales siete años después de unos hechos ocurridos entre dos personas, sin testigos y en la intimidad.
“No hay luces ni taquígrafos en este tipo de delitos”. La frase— de una fuente que exige anonimato— resume la dificultad del caso. En noviembre un joven de 24 años denunció en Granada al sacerdote Román Martínez, líder de un clan de una docena de curas y seglares, por supuestos abusos cuando era monaguillo. Un mes después el juez Antonio Moreno ordenó la detención por abusos continuados de tres sacerdotes y un seglar, que quedaron en libertad con cargos. La instrucción indicó posteriormente que los hechos habrían prescrito, excepto un abuso sexual supuestamente protagonizado por el padre Román.
El escándalo puso el pasado invierno a la Iglesia frente a la encrucijada —otra más— de responder por supuestos abusos sexuales de religiosos a menores de edad. Tras escribir el joven denunciante una carta al papa Francisco en la que relataba los supuestos abusos, la respuesta del Vaticano fue rápida para forzar una investigación a los curas por pederastia. A continuación, el propio Papa llamó al joven por teléfono para disculparse y tranquilizarle porque iba a investigar los hechos, además de impedir a los acusados ejercer el sacerdocio.
En paralelo, la denuncia penal siguió su curso y tras las detenciones de los curas y su puesta en libertad, el caso se desinfló semanas después: el fiscal y el juez estimaban que los supuestos abusos de 11 de los 12 religiosos implicados habrían prescrito. No así el de abuso sexual continuado con introducción de miembro corporal por vía anal y prevalimiento, castigado con penas de prisión de 4 a 10 años. En ese caso, el plazo de prescripción sería de 10 años.
Desde la acusación, el abogado de la asociación Prodeni (ONG por los derechos de los niños), Juan Pedro Oliver, defiende que la investigación continúe, ya que hay indicios que apuntan a una agresión sexual continuada. “Era un grupo muy compacto y cerrado. Una asociación ilícita con intereses determinados. Compartieron relaciones entre ellos, con niños monaguillos incluidos”, sostiene, y estima que el arzobispo debería declarar, si no como imputado, al menos como testigo.
Durante la instrucción, el juez llegó a dar un ultimátum al arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, para que le entregara la documentación “íntegra” que poseía la Diócesis sobre el caso. Martínez envió en un principio documentación al juzgado, pero evitó incluir las declaraciones de los acusados ante el sacerdote investigador.
Todo apunta a que los testimonios del joven y del padre Román en el juicio decantarán la balanza hacia un lado u otro, dado que los registros y vaciado de los ordenadores de los acusados no arrojaron luz sobre la investigación ni pruebas concluyentes.
El fiscal cree que debe continuar la investigación
La acusación del fiscal será decisiva para llegar a juicio oral: “Hay que creerse a una persona con datos objetivos, y estos existen. Al menos mínimamente. Procesalmente me aboca a seguir. Eso no quiere decir que haya una condena. Es un asunto para ver en juicio, y soy partidario de abrir una causa. Es justo que se vea en vista oral porque hay mucho en juego”, avanza.
El abogado de los sacerdotes acusados, Javier Muriel, señala: “Queda por resolverse la prescripción sobre 11 de los 12 imputados y esta parte aportará una documental importante de descargo. Es muy importante tener en cuenta que hablamos de delitos de indemnidad sexual, por lo que los psicólogos deben examinar a los denunciantes y D. [principal denunciante] se ha negado a someterse a esa prueba. ¿Por qué se ha negado?”.
El letrado se refiere a una providencia del magistrado en la que apercibe al supernumerario del Opus Dei para que se presente a una entrevista psicológica que certifique su grado de coherencia. “En caso de negativa a colaborar en su práctica sufrirá el perjuicio procesal y probatorio que se derive de tal conducta omisiva y obstructiva”, advierte el juez.
