Vuelven tiempos oscuros y, para ser precisos, grises. Los grises (o ‘policías armados’) personificaron un Estado precisamente policial, represivo, con un control social que en el franquismo alcanzó su cénit mediante la desvergonzada apelación al “Orden Público”, que justificó sus correspondientes Ley y Tribunal (el “TOP”).
La muerte del dictador trajo mejores aires, simbolizados sobre todo por la pronta disolución de esas instancias tenebrosamente emblemáticas (la Policía Armada, la Ley de Orden Público de 1959 y el TOP; no entro aquí en otras). Pero nunca ha acabado España de desprenderse de los vicios represores; en este sentido, fue especialmente dolorosa la aprobación, bajo el gobierno de Felipe González, de la ‘Ley Corcuera’ o ‘de la patada en la puerta’ (en el BOE, ley orgánica sobre “Protección de la Seguridad Ciudadana”) que, además de otras cosas como la resumida en ‘la patada’, restringía el derecho de huelga de los trabajadores, y que fue parcialmente corregida por el Tribunal Constitucional.
La reciente entrada en vigor de la ‘Ley de Seguridad Ciudadana’, apropiadamente conocida como ‘Ley Mordaza’, supone graves pasos atrás, hasta el punto de hacer (falsamente) buena a la Ley Corcuera. Aparece, siempre bajo la coartada de la “seguridad ciudadana”, un ataque en toda regla a las libertades de manifestación, reunión, expresión e información; como hemos dicho desde Europa Laica, es una agresión, en definitiva, a la libertad de conciencia. Parece que se busca meter miedo a quienes traten de expresarse y manifestarse libremente, sobre todo si ponen en entredicho o meramente incomodan a los poderes. De paso, se menoscaba el derecho a la intimidad. La creación de nuevas figuras delictivas y de diversos instrumentos de control lleva a criminalizar a quienes simplemente ejercen sus derechos, cuando, en la situación económica y social actual, ese ejercicio es cuestión de dignidad y de salud democrática.
Con la nueva ley, la propia policía reverdece viejos y grises tintes de fuerza represora (de los que, ay, no llegó a desprenderse del todo nunca), mostrándose entonces como ciega garante del status quo. Además, la ley se ceba en quienes pretenden entrar a España en busca de una vida mejor o de la mera supervivencia. Lo que se percibe es que, en realidad, no se trata de proteger la ‘seguridad ciudadana’, sino de utilizar esta como coartada para aproximarse a un concepto del ‘Orden Público’ que era coherente en la dictadura franquista, pero es totalmente incompatible con una verdadera democracia. En cuanto al daño a la libertad de información, es lo que nos faltaba en un país donde ya es un clamor que los grandes medios están secuestrados por el poder económico.
La perversión de la Ley Mordaza es aún mayor porque es la puntilla que remata lo que ya habían avanzado (léase retrocedido) otras. La Ley Orgánica de Protección de Datos y la Ley de Propiedad Intelectual eran sin duda necesarias e introducen regulaciones encomiables, pero se han aprovechado para articular limitaciones inadmisibles de la libertad de expresión. ¿Y qué decir de la represión y el autoritarismo que respira el flamante Código Penal?, ¿no se ensaña con los excluidos, no arrincona los principios reeducativos y de reinserción social de las penas? Por último, en muchos municipios las Ordenanzas de Convivencia Ciudadana ahondan en la exclusión de los ya excluidos, y, como promete la denominación, ordenan la convivencia desde el infantilismo, el rigorismo y el necropolismo.
Estamos por tanto, como dice Europa Laica, ante toda una extensa acción coordinada que no se explica si no es con el fin de controlar y reprimir a la ciudadanía, en defensa de unos intereses espurios, ajenos a ella.
En definitiva, la situación es de una gravedad extraordinaria, pues se están pisoteando derechos democráticos muy básicos por los que tantos españoles lucharon durante tantos años. Aunque todo se hace, según el Partido Popular, por nuestro bien. Como dice el dicho, nos están meando y quieren que digamos que llueve. Creo que debemos sumar fuerzas con quienes denuncian el hedor con que nos empapa una Ley de Seguridad Ciudadana que atenta contra derechos y libertades fundamentales, y exigen al Gobierno su inmediata retirada, pues en una democracia sólo es aceptable una legislación que ampare los derechos de la ciudadanía.
