Florencio Garcés fue detenido en 2013 acusado de apropiación indebida y abuso sexual
La juez mantiene abierta otra causa por presunta falsedad documental y denuncia falsa
En mayo fue archivada la causa por un delito contra la libertad sexual
La juez de Tarazona (Zaragoza), Nieves Pérez, ha archivado provisionalmente la causa del cura de Borja, Florencio Garcés, del delito de apropiación indebida, al considerar que «no existe perjudicado» por la disposición «irregular» de más de 150.000 euros.
El párroco fue detenido a finales de noviembre de 2013 por apropiación indebida y abuso sexual, entre otros delitos, e incluso estuvo en prisión preventiva por esta causa, un asunto que dio la vuelta el mundo a raíz de la confusión surgida inicialmente porque el dinero pudiera proceder del recaudado de las visitas al Eccehomo de Borja, posibilidad que fue descartada inmediatamente.
Aunque está sobreseída la causa por apropiación indebida, la juez mantiene abierta otra contra el párroco como posible autor de los delitos de falsedad documental y denuncia falsa, en alusión a la querella inicial presentada por el párroco por estafa, que precisamente desembocó en esta investigación.
La juez explica en los fundamentos jurídicos del auto, con fecha de 4 de junio, que a pesar de «la elevada cifra de dinero dispuesto, y pese a también los no justificados, incluso dudables, fines a los que ha podido ir destinada», no aparece «acreditada la perpetración de ilícito penal».
La juez había planteado el año pasado una comisión rogatoria al Papa para que se pronunciara sobre este caso después de que el Obispado de Tarazona renunciara a ejercer acciones legales contra el párroco, una petición que tuvo respuesta, diez meses después, por parte del Nuncio de España, que apuntó que no se sienten perjudicados.
La titular del juzgado alega que la comisión rogatoria no se ha cumplido «en forma», ya que no llegó al Vaticano como ella planteó y se quedó en la Nunciatura.
Sin embargo, explica que el Ministerio Fiscal tampoco se ha interesado para que se vuelva a remitir esta comisión al Vaticano y, además, ha pedido el archivo de la causa.
La juez entiende que no es que no exista perjuicio en este caso, ya que éste «se refleja en el informe económico elaborado por la Policía Judicial», sino que, «según la Nunciatura Apostólica, el titular del dinero dispuesto de manera irregular (al que nunca llegó el ofrecimiento de acciones efectuado por la comisión rogatoria) no se siente perjudicado, no quiere ejercitar ningún tipo de acción, ni reclamación».
El párroco estaba imputado además por un delito contra la libertad sexual, que también fue sobreseído el pasado 5 de mayo de forma provisional, al no existir acusación dirigida contra el mismo.
La detención del sacerdote en noviembre de 2013, en una operación llamada Espino, se saldó con otras cinco detenciones más de miembros de una misma familia.
La investigación se inició a raíz de dos denuncias por estafa que presentó el sacerdote en mayo y noviembre de 2013 ante la Guardia Civil, denuncias que luego no quiso ratificar el propio sacerdote.
