Estamos en campaña, además de la electoral, en campaña recaudatoria de impuestos. Si todos pagaran lo que por decencia les corresponde —no digo por ley, porque ya vemos quien la hace—, habría suficientes fondos públicos como para hacer frente a los gastos necesarios que un Estado democrático y solidario necesita para conseguir el bienestar general. Se terminarían los recortes en prestaciones y servicios sociales.
No voy a hacer campaña sobre la necesidad de pagar impuestos, sino sobre el destino que se da a los que aportan, casi en exclusiva, quienes trabajan, y menos las grandes fortunas y grandes empresas, que no pagan lo suficiente, además de la evasión hacia paraísos que tan bien conocen. Argumentaré por qué no quiero que la Iglesia católica reciba ni un euro más del dinero público ni proveniente de los presupuestos ni por exenciones ni por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Desde 1978 la Iglesia católica recibe del Estado una dotación con cargo a los presupuestos generales del Estado. En 1988 se articuló una asignación tributaria, consistente en el 0,5239% del IRPF. Esta asignación nunca cubrió las necesidades de la Iglesia, por lo que se tuvo que instrumentar un complemento. A partir de la declaración de la renta de 2007 (declaración 2008) este porcentaje subió al 0,7% y desapareció el complemento estatal. Adicionalmente, la Iglesia recibe otras cantidades con cargo a los presupuestos, que iremos viendo.
El «Instrumento de ratificación del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos económicos» se firmó en Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979, unos días después de la entrada en vigor de la actual Constitución. Los acuerdos venían a reformar el Concordato de 1953, firmado entre Pío XII y Franco, bajo los principios del nacional-catolicismo imperante. Desde entonces seguimos pagando a la Iglesia y ellos siguen adoctrinando. En 1979 no es que se firmara a contracorriente, sino a traición, con el silencio de muchos, el desconcierto de algunos y el desconocimiento de la mayoría. Desde entonces y siempre, siguen perpetuando sus privilegios.
Soy de la opinión de que las creencias que se las pague cada cual, y las iglesias y confesiones religiosas que busquen los fondos entre sus fieles. Las iglesias deben autofinanciarse. Es necesario que se elimine la asignación tributaria a través del IRPF, privilegio que se mantiene por el Concordato y los Acuerdos de 1979, que deben derogarse. De una vez por todas se tiene que suprimir de la Ley de Haciendas Locales la exención del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles Rústicos y Urbanos) a la Iglesia, a sus organizaciones y a otras confesiones religiosas.
La Iglesia no sufre la crisis, porque disfruta de un verdadero paraíso fiscal, según afirma Europa Laica en su informe Opacidad y Financiación de la Iglesia Católica. Mientras aumenta la pobreza y se privatizan servicios públicos, el Estado español aporta a la Iglesia católica, a través de subvenciones directas y exención de tributos, una cifra que supera los once mil millones de euros anuales, lo que supone más del 1% del Producto Interior Bruto (PIB), para financiar el culto, el clero y el proselitismo religioso. A cada persona residente en España, sea católica o no, le corresponde una cuota indirecta de unos 240 euros al año. Sólo por la vía del IRPF, la Conferencia Episcopal recibirá, en 2015, unos 250 millones de euros, con adelantos mensuales a cuenta por valor de 13.266.216,12 euros mensuales.
En la declaración de la renta, la casilla de «otros fines sociales» es la coartada que sirve para justificar la de la Iglesia. Los fondos provenientes de «fines sociales» van dirigidos a diversas organizaciones y fundaciones, como Cáritas, que pertenecen a la Iglesia. Los contribuyentes que marcan la casilla no pagan más. Por lo tanto, somos todos los contribuyentes —católicos o no— los que abonamos este canon obligatorio: 250 millones que se dejan de invertir en obras y servicios públicos, en gastos y prestaciones sociales. Un auténtico despropósito que ‘clama al cielo’.
La Iglesia católica, presuntamente, se ha apropiado, a lo largo de la historia, de una buena parte del patrimonio que posee, muchas veces de forma ilegítima e ilegal, con el consentimiento o la complicidad del Estado. A través de sus más de 40.000 instituciones (diócesis, parroquias, órdenes y congregaciones religiosas, asociaciones, ONGs, fundaciones, universidades o centros de enseñanza) conforma una enorme organización patrimonial en bienes mobiliarios e inmobiliarios. Más de 110.000 propiedades, entre lugares de culto, pisos, locales vacíos, ocupados o alquilados a terceros, por los cuales no pagan impuestos, ni son declarados como negocio. Es propietaria, aproximadamente, del 70% del suelo habitable de Toledo, Ávila, Burgos y Santiago, y porcentajes menores en los más de 8.000 municipios de España. Además, posee más de 150.000 hectáreas en tierras agrícolas, muchas de ellas baldías y sin uso.
Según el informe citado de Europa Laica, la Iglesia posee un enorme patrimonio en joyas, trajes, obras de arte, participaciones en bolsa, depósitos, letras del tesoro, fundaciones, y es partícipe de capital en multitud de grupos empresariales de diversos ámbitos. Las más de 40.000 instituciones tienen autonomía jurídica y administrativa, pero no dejan de formar parte de la misma organización eclesial, dependientes de Roma. Participa en el sector financiero, fundamentalmente en las cajas de ahorro; forma parte de empresas mediáticas y de comunicación social, así como del mundo editorial. Teniéndolo todo, la Iglesia, a través de múltiples y diversas vías, recibe mucho dinero del Estado, obtiene grandes exenciones fiscales de todo tipo y recibe donaciones directas de sus fieles que, a su vez, se benefician de las deducciones fiscales.
Según datos de la Conferencia Episcopal, la desgravación fiscal de los donativos y limosnas, que la Iglesia recibe por parte de empresas o fieles, supera en más de un 50% lo que reciben por el IRPF. Las donaciones a la Iglesia católica desgravan un 25% del IRPF y un 35% del Impuesto de Sociedades. En el ámbito de la enseñanza, el Estado aporta la cantidad de unos 450 millones de euros para la pública y unos 150 millones para la privada concertada (5.000 profesores, aproximadamente). Estas cifras hacen frente al pago de salarios y gastos sociales, de unas 19.000 personas que imparten religión católica —designadas por los obispados—, en los más de 21.000 centros no universitarios, ni de régimen especial. En total, 600 millones pagados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o por las correspondiente consejerías de las CCAA
Para quienes ganan 648,6 euros mensuales o menos, estas altas cifras son números chinos. ¡Cuántos programas sociales podrían hacerse! Las personas dependientes serían atendidas adecuadamente; algunos jubilados dejarían de tener remordimientos por cobrar exiguas pensiones; los parados tendrían ayudas dignas, la ciencia seguiría su camino de investigación y desarrollo, la educación estaría a un nivel que para mí la hubiera querido y el bienestar de mis niet@s y los de ustedes, estaría asegurado. Pero el dinero se quema en las velas de los altares y en los lujos de los palacios episcopales. Poco de ese dinero llega a los curas ‘rojos’ de Vallecas o de otras zonas deprimidas de España, que dedican su vida a los desheredados. «El Vaticano tendría que desaparecer, como Estado y como banco», dice el cura Enrique Castro. Aquí la Iglesia no es banco, pero se lo lleva por la cara en nombre de dios.
La actividad social de la Iglesia católica —que además de caritativa es proselitista—, se realiza a través de centenares de asociaciones, fundaciones, congregaciones religiosas vinculadas a la Iglesia a través de sus más de 60 delegaciones diocesanas locales y autonómicas. Cáritas o Manos Unidas, entre otras, y más de tres mil centros y casas de caridad, dispensarios, casas de ancianos, de discapacitados, orfanatos, guarderías, centros especiales de reeducación, centros de drogodependientes, a través de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados o las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y otras múltiples pertenecientes a diversas congregaciones religiosas. Todo este entramado recibe dinero vía subvenciones, conciertos y donaciones directas del Estado, superando los 2.000 millones de euros. Cantidades que aumentan, en la medida que crece la pobreza. Es el Estado el que cede su responsabilidad en la acción social a organizaciones, en su mayoría, de carácter católico.
Europa Laica, propone suprimir las casillas de asignación a la Iglesia católica y la de fines de interés social. En un Estado laico o aconfesional, como establece la Constitución española, no cabe que el culto, el clero y el proselitismo religioso se financie con fondos públicos, situación que vulnera determinados principios constitucionales. Es cierto que el artículo 16.3 de la Constitución establece que los poderes públicos «mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones». Por otra parte, el Acuerdo sobre Asuntos Económicos entre la Santa Sede y el Estado Español, de enero de 1979, en su Artículo II.1, establece que «el Estado se compromete a colaborar con la Iglesia católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico, con respeto absoluto del principio de libertad religiosa». Pero cooperación y colaboración no es financiación directa, ni subvención permanente.
Sobre la asignación a otros «fines de interés social», que personalmente he venido defendiendo desde su creación, ahora se dan argumentos clarificadores en contra: una parte considerable de la asignación a fines sociales va a entidades de la propia Iglesia católica, por lo que recibe asignación por las dos casillas; no podemos decidir a qué organización social concreta va nuestro apoyo, como sí ocurre con la de la Iglesia católica, hecho discriminatorio. La situación es una sutil y estudiada coartada para mantener la financiación de la Iglesia por esta vía, y en todo caso, los «fines de interés social» no deberían depender de la voluntad anual de los contribuyentes, sino de un Plan con financiación pública, adecuado a las necesidades y la realidad social, aprobado en el Parlamento, en el ámbito de las CCAA y en los municipios en su caso.
La financiación de la Iglesia católica a través de la declaración de la renta es injusta para la mayoría de los contribuyentes, ya que el montante asignado se resta del fondo común de todos y no sólo de los que señalan la casilla. Es decir, los que marcan la casilla no pagan un 0,7% más, sino que se detrae del conjunto de todo lo recaudado anualmente, pagado por todos. El culto y el clero de cualquier organización religiosa y de las organizaciones a su servicio debe ser autofinanciado, exclusivamente y de forma voluntaria, por los fieles. De hecho, la propia Iglesia en los Acuerdos económicos de 1979, se comprometió a su autofinanciación progresiva. Ya vemos como cumple sus propósitos.
La Iglesia es la institución que llevó bajo palio al dictador y participó activamente en la represión franquista, sin que haya dado muestra alguna de perdón o reconocimiento hacia las víctimas y la sociedad en su conjunto, y no ha cambiado. Yo no olvido y perdono cuando quiero y ahora no quiero. La Iglesia no es y nunca ha sido una institución ejemplar. Es opaca y antidemocrática, alejada del principio de igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, por lo que en un orden democrático no tiene cabida.
No quiero ofender las creencias de nadie, pero sí poner en evidencia la sinrazón religiosa de todas y cada una de las religiones, iglesias, sectas y demás capillas, que se aprovechan de la buena fe de la gente o de la ignorancia en el peor de los casos. La fe es contraria a la razón; y soy ateo porque la razón es el máximo atributo del ser humano. Y como nada es lo que parece ni es lo que debería ser, a fuerza de conocer los delitos de pederastia cometidos por los curas criminales, ocultos tras altares y protegidos por sus superiores, me he hecho anticlerical. Los cardenales, obispos, curas, frailes y demás miembros, viven a nuestra costa y a cuerpo de rey, algunos como ‘dios’.
El Estado ha de romper con esta institución, que oprime conciencias, controla gobiernos y vive a costa de tod@s, actuando en nombre de una idea históricamente manipulada, cuyo máximo representante no existió sino en la memoria de algunos justos inocentes. La maldad y el despropósito no tienen época y conocemos como se las gasta la Iglesia, a la que financiamos
Quién quiera iglesias que se las pague, como cuando uno quiere peces, se tiene que mojar. Para establecer un Estado auténticamente laico, la Constitución tendría que estar redactada de otra forma, pero se hizo como se hizo y como en otras tantas materias, dice lo uno, lo otro, incluso lo contrario. Mientras llega esa ocasión, ni una X a la iglesia católica en la declaración de la renta.
