Tras confirmar que el Arzobispado inscribió a su nombre en el Registro de la Propiedad esta catedral en el año 1988, MHUEL recuerda que el templo forma parte del patrimonio histórico de la ciudad, construido con las aportaciones y el trabajo de toda la ciudadanía, de su acervo cultural e histórico y «no puede ser apropiado por nadie en particular».
En una nota de prensa, la asociación considera que al margen de que se garantice su utilización para el culto católico, no ocurre lo mismo con su disfrute ni con su explotación mercantil, ya que sería el pueblo el que «debe disfrutar de su uso y de los beneficios que de él se deriven», puesto que además la construcción, rehabilitación y mantenimiento se ha hecho con cargo al erario público.
MHUEL rechaza la legalidad del proceso de inmatriculación al entender que la ley Hipotecaria de 1946 que otorgaba carácter de fedatario público a los obispos era, en este aspecto, «claramente inconstitucional» y puesto que también la fecha de inscripción del templo es previa a la reforma de 1998, cuando se amplió a los templos el campo de los bienes inscribibles, hasta entonces excluidos taxativamente.
En este sentido, la organización expresa sus dudas sobre la legalidad de esta inscripción, dado que el Reglamento Hipotecario excluía la inscripción de templos.
Denuncian asimismo la falta de transparencia de todo el proceso, ya que la ciudadanía «carece de toda información sobre el proceso de apropiación que el arzobispado zaragozano inició».
Critican que se hayan desatendido las peticiones que esta legislatura ha realizado el diputado en el Congreso de La Izquierda Plural, Chesús Yuste, para comprobar que otras fincas e inmuebles han podido inscribir las diócesis como de su propiedad.
También denuncian la falta de preocupación de los dirigentes del Gobierno de Aragón y del Consistorio zaragozano para «conocer y defender la titularidad pública de los bienes del común, susceptibles de ser apropiados por la Iglesia Católica en uso del privilegio concedido por la franquista ley Hipotecaria», lo que califican de «dejación de su responsabilidad en la protección y defensa del Patrimonio de todos».
La asociación exige transparencia y el conocimiento público de la relación de los bienes inmatriculados en los Registros de la Propiedad de Aragón, desde la aprobación de la Constitución española y que los próximos dirigentes de las instituciones inicien todos los procedimientos necesarios para recuperar la Catedral de La Seo.
