La Fiscalía de Burgos ha abierto diligencias de investigación para analizar si son constitutivas de delito las sedaciones terminales que practicó el jefe del servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de Burgos (HUBU), Juan Antonio Huidobro, en el último trimestre de 2014. Fue la Gerencia de Salud de Área de Burgos la que elevó al Ministerio Público la denuncia, después de que la Inspección examinara todos los fallecimientos que se produjeron en Medicina Interna durante los últimos tres meses del pasado año.
El propio consejero de Sanidad, Antonio Sáez, explicó a este periódico que tras analizar especialmente los casos que habían sido atendidos por Huidobro se encontraron «con el hecho constatado de que, de los 21 casos atendidos con sedación terminal por este médico, 19 se realizaron sin adecuarse al protocolo». Fue la Inspección de Sacyl la que planteó que se iniciara un expediente disciplinario y que se enviara a la Fiscalía por si pudiera haber alguna responsabilidad penal.
El fiscal jefe de Burgos, Santiago Mena, explicó ayer a este periódico que «estudiará todos los extremos de la denuncia y contrastará con distintas diligencias todo lo que en ella se relata». Asimismo, advirtió de que desconoce todavía «a qué tipo penal» se corresponderían las prácticas descritas en la denuncia.
La Ley le concede al Ministerio Público un plazo de seis meses para decidir si archiva el caso por falta de indicios de delito o da traslado del mismo al juzgado correspondiente por entender que posee visos de haberse cometido una infracción penal. En todo caso, Mena adelantó ayer que procurará «ser lo más rápido posible por lo inhabitual del caso» y no consumir ese plazo.
Origen del caso. La investigación de Sacyl se inició a raíz de la publicación en este periódico el pasado 13 de febrero del caso de un anciano que había ingresado en el servicio de Medicina Interna a consecuencia de una neumonía y a quien Huidobro aplicó una sedación terminal que no precisaba. La medicación prescrita por el jefe del servicio le fue suspendida por otro médico a instancias de la familia, que, además, no había dado su consentimiento para esta práctica.
Así, este segundo doctor le quitó, a petición de la familia, los fármacos que le habían sido pautados por el jefe de servicio para dormirle y enseguida recuperó la conciencia. En unos días el paciente siguió con el tratamiento prescrito para su enfermedad en el hospital, se recuperó y se marchó a su casa.
Este hecho fue conocido por el Comité de Bioética del Área de Salud de Burgos, quien elaboró un documentado informe con todos los detalles y las declaraciones de los profesionales implicados -incluido el propio Huidobro- y lo presentó ante la dirección del centro, que lo trasladó a la Inspección, no en ese momento, sino varios días después de publicarse en este diario. La Gerencia también apartó de la jefatura a Huidobro, encargando a un jefe de sección la organización de Medicina Interna, aunque la única información que se facilitó fue que el médico estaba de baja.
