El principal problema que están sufriendo centenares de miles de familias en todo el país es el riesgo permanente de caer en la pobreza como advierte el Informe sobre el Estado Social de la Nación 2015, a pesar de que los indicadores macroeconómicos nos anuncien el final de la crisis. Esta crisis, a diferencia de las anteriores, está causando un crecimiento exponencial de la desigualdad social, además de haber dejado al descubierto la corrupción, cuyo ejemplo más rotundo es que de los 14 ministros del gobierno de Aznar, 11 están imputados, cobraron sobresueldos o están en la cárcel.
Durante estas últimas décadas los gobiernos no sólo han sido responsables de estas corruptelas y despilfarros, que han agravado aún más la crisis, sino que han puesto incluso el patrimonio público en manos de instituciones privadas. Un escandaloso ejemplo de ello lo tenemos en la modificación que el gobierno de Aznar hizo del artículo 206 de la ley Hipotecaria, que está permitiendo a la Iglesia católica registrar miles de bienes públicos como monumentos (nacionales y mundiales), iglesias, ermitas, casas, fincas, sin acreditar título de propiedad, lo que convierte a tal institución en la mayor inmobiliaria del Estado.
Como dice Alejandro Torres, catedrático de Derecho Público de la Universidad Pública de Navarra, la Iglesia católica ha sido rápida y silenciosa en este maratón de inmatriculaciones, toleradas posteriormente por el gobierno socialista, y desconocidas por la opinión pública, hasta su denuncia por organizaciones como Europa Laica, o plataformas en defensa del patrimonio navarro o de la Mezquita-Catedral de Córdoba. El escándalo llegó a su culmen cuando el exministro Gallardón inició una amnistía registral que ha culminado ahora Catalá, para blindar a la jerarquía católica frente a un recurso de inconstitucionalidad directo contra la norma que ha permitido este expolio.
Ante esta situación cabe hacerse tres preguntas: ¿Por qué se modificó la ley en 1998? ¿Cómo nos ha afectado? y ¿Qué se está haciendo para evitarlo?
La reforma hipotecaria era un compromiso por parte del primer gobierno del PP con el sector más conservador y religioso de la derecha española, y por ello sólo tardó dos años en modificar la ley que permite a la Iglesia católica inmatricular bienes públicos. Ese gobierno estaba formado por cuatro ministros pertenecientes al Opus Dei (Margarita Mariscal, ministra de justicia; Isabel Tocino, ministra de Medio Ambiente; José Manuel Romay Beccaría, ministro de sanidad y Loyola de Palacio, ministra de agricultura) y dos considerados muy próximos a la Obra (Mariano Rajoy, ministro de administraciones públicas, y Jaime Mayor Oreja, ministro de interior). El Congreso de los Diputados era presidido por Federico Trillo, miembro del Opus Dei, y Ángel Acebes, coordinador general del PP, militaba en las filas de los Legionarios de Cristo. El mismo José María Aznar figuraba como afecto al Opus y la entonces ministra de educación, Esperanza Aguirre, se encontraba entre las defensoras a ultranza de la enseñanza católica.
La respuesta a la primera pregunta clarifica: nos encontramos ante un Gobierno que acataba formalmente la Constitución democrática y aconfesional pero con un alma, un fondo y hasta una forma nacionalcatolicista. La jerarquía católica, en consonancia con los movimientos católicos más ultraconservadores, encontró en plena democracia su mejor momento para hacerse con el patrimonio público. Contaba con el respaldo del Opus Dei que controlaba más de 1500 empresas, sociedades y bancos como el Popular; algunos de sus miembros ocupaban puestos de responsabilidad en diferentes entidades bancarias (Sancho Dronda, expresidente de la Confederación de las Cajas de Ahorro o Rafael Termes, expresidente de la Asociación española de la banca).
Esta modificación de la ley hipotecaria ha supuesto miles de inmatriculaciones en todo el Estado, desde plazas públicas, caminos, locales comerciales, viviendas, cocheras, ermitas e iglesias que curiosamente se registraban tan pronto eran restauradas por las administraciones públicas con millones de euros, hasta las osadas inmatriculaciones de la Mezquita-Catedral de Córdoba o la Giralda de Sevilla.
Ante el atropello que todo esto supone para un Estado democrático y aconfesional, qué opinan y qué harán los/as candidatos/as a las alcaldías y comunidades autónomas. Como ciudadanos y ciudadanas corresponsables deberemos de estar muy atentos a sus respuestas, y desde la reflexión, actuar en consecuencia.
Miguel Santiago es profesor y portavoz de la Plataforma Mezquita-Catedral, patrimonio de tod@s