El Real Decreto para la apertura de nuevos centros rebaja los requisitos para abrir universidades
La comunidad educativa cree que al relajar las exigencias se favorece la iniciativa privada
En los últimos 18 años se han abierto 19 campus privados y ninguno de titularidad pública
Apurando la legislatura, el Gobierno ultima los dos últimos decretos con los que culminará su reforma sin reforma —no se ha tocado la ley, se ha hecho a base de cambios puntuales— de la universidad española. A punto de salir del Consejo de Estado con su correspondiente dictamen, el primero de los textos regula la creación de nuevos centros en España. Y lo hace en la línea de rebajar los requisitos exigidos para abrir una universidad, en lo que sindicatos, oposición y algunos expertos universitarios consultados interpretan como un movimiento para favorecer la creación de campus privados. «Relajar los requisitos significa abaratar costes, lo que apunta a facilitar la creación de universidades a la iniciativa privada», resume Purificación Moscoso, decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá y antigua miembro del patronato de la Aneca, la agencia de acreditación universitaria española.
El segundo decreto pendiente de la opinión del Consejo de Estado —preceptiva pero no vinculante— regula la acreditación de los profesores universitarios, el sistema por el que los docentes pueden obtener una plaza fija de como titulares o catedráticos. Educación cambia con esta norma la forma de computar los méritos de los docentes y pasa del actual método cuantitativo a uno cualitativo.
El nuevo texto que regulará la creación y acreditación de nuevas universidades sustituye al vigente, de 1991. De entrada, según el borrador que maneja el Ministerio de Educación, se elimina la referencia a «tener en cuenta las necesidades de programación general de la enseñanza en su nivel superior, derivadas de la población escolar, el desarrollo de nuevas ramas surgidas del avance científico y de las necesidades de los distintos sectores profesionales así como su incidencia en el entorno geográfico». En otras palabras, que si había algo parecido a un plan general, desaparece.
El texto respeta el mínimo de títulos que debe ofrecer una nueva universidad, ocho, pero elimina la exigencia que sí hay ahora de que al menos haya una titulación de ciencias experimentales o estudios técnicos. «Para fomentar la creación de universidades especializadas», argumenta Educación. «Los títulos de ciencias son más caros porque necesitan laboratorios, etc.», explican desde los sindicatos.
También se modifican los criterios respecto a la proporción de doctores que debe haber en plantilla. Actualmente se exigen un 30% para las extintas diplomaturas y un 70% para las Licenciaturas. El nuevo texto se queda entre unos y otros: 50% de doctores. «Se rebaja el requisito de titulación puesto que en los dos últimos años de las licenciaturas se exigía un 70% de doctores, que es lo que se pide ahora para el máster», lamenta Julio Serrano, portavoz de Universidades de la Federación de Enseñanza de CC OO.
Otro de los elementos que provoca recelos es la supresión de los mínimos respecto a espacios y superficies comunes que establece el decreto. Así, se suprimen las referencias a las características de las bibliotecas (sala de lectura, archivos, préstamo, etc.), instalaciones deportivas (para los cinco deportes con mayor demanda, por ejemplo) y a los servicios comunes (comedor, cafetería, servicio de información, informático, salón de actos, etc.), según denuncia CC OO. Los espacios para la docencia se mantienen igual o se rebaja la exigencia. Por ejemplo, el espacio para cada alumno en los laboratorios docentes pasa de 7 metros por alumno a 5 y en los de investigación de 15 a entre 10 y 15. Solo suben en los seminarios, al elevar el mínimo de 2,5 metros a tres. «Ya que se mantuvieran desde 1991, cuando estamos hablando de una enseñanza más personalizada, no tenía ningún sentido», lamenta Serrano.
Discurso contra realidad
Y esto en un contexto en el que el Gobierno «elabora un discurso en el sentido de que hay demasiadas universidades pero a la vez facilita la creación de centros privados», se sorprende Moscoso. De privados y de públicos, se podría objetar, que el decreto no especifica nada a favor de los centros privados. Pero en los últimos 18 años no se ha abierto ni una sola universidad públicas en España (hay 50). Sin embargo, las privadas han pasado de 13 a 32 en el mismo periodo. Y con la crisis y el discurso oficial no parece que se vaya a crear ninguna pública a corto plazo.
También supondrá, asegura Moscoso, una pérdida de calidad en los nuevos centros. Al rebajar el número de doctores, espacios, etc. la calidad de la docencia y los títulos será menor, sostiene.
Para Serrano la intención privatizadora está clara. «Se flexibiliza y desregula para facilitar el negocio de acuerdo con la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado con el fin de ‘crear un entorno mucho más favorable a la competencia y a la inversión, facilitando que los agentes económicos puedan beneficiarse de las ganancias de una mayor dimensión en términos de productividad y costes’ como se dice en el preámbulo del proyecto», afirma.
En el PSOE creen que esta actualización de la normativa no va a arreglar un problema mayor: que algunas de las nuevas universidades privadas no cumplen los requisitos que aparecen en el actual decreto, según Angelina Costa, su portavoz de universidades en el Congreso. Costa habla del «ánimo privatizador» el Gobierno, y recuerda que en Comunidades como Madrid hay el doble de universidades privadas que públicas (13 frente a 6).
Acreditación de los docentes
Por último, el segundo decreto pendiente cambia las normas del sistema de acreditación universitaria de los docentes. El sistema modifica la forma de contabilizar los méritos de cada profesor y cómo se evalúan, y redistribuye el peso de cada área. La experiencia profesional fuera de los campus —en empresas privadas— pasará a tener un gran valor, tanto o más que los méritos educativos. Además, dónde actualmente se dan puntos por hechos (x puntos por publicar en una determinada revista, por ejemplo), pasará a medirse con letras, desde la A (excepcional) hasta la E (muy bajo).
Estos es, grosso modo, el cambio. Las valoraciones de un mismo aspecto, sin embargo, resultan completamente enfrentadas. Para Wert el objetivo es dotarse de un sistema «transparente, eficaz, objetivo y que introduce unos criterios internacionales para la acreditación». Serrano ve todo lo contrario. Afirma que sustituye criterios objetivos y mensurables por otros cualitativos y por tanto de más difícil medida. «Va en la dirección contraria a la que el propio estatuto básico del empleo público señala a la hora de hablar de la evaluación. Lejos de avanzar en la objetividad, transparencia y seguridad jurídica va a un sistema más discrecional, menos objetivo y transparente que al final supondrá el endurecimiento de los criterios de acreditación del profesorado porque va a un sistema cualitativo y por tanto menos objetivo», explica.
Estos dos decretos vendrían a completar la reforma que Educación quiere hacer en la universidad. El primer gran cambio, abrir la puerta a que los grados duren tres años y los máster dos (a voluntad de las universidades) le costó al ministro, José Ignacio Wert, una huelga educativa de tres días porque alumnos, sindicatos, oposición y profesores creen que derivará en un encarecimiento de los estudios.
