Cádiz Laica denuncia que “nuevamente”, tanto el PSOE como el PP en Chiclana solicitan el uso de recursos públicos para mantenimiento de patrimonio eclesiástico. “Afortunadamente aún no se han puesto de acuerdo en que institución pública pone el dinero, que nunca es suyo sino de todos los ciudadanos”, remarcan desde este colectivo a raíz del cruce de declaraciones entre socialistas y populares sobre el estado de abandono de la ermita de Santa Ana.
Cádiz Laica ha denunciado que “nuevamente”, tanto el PSOE como el PP en Chiclana solicitan el uso de recursos públicos para mantenimiento de patrimonio eclesiástico. “Afortunadamente aún no se han puesto de acuerdo en que institución pública pone el dinero, que nunca es suyo sino de todos los ciudadanos”, remarcan desde este colectivo a raíz del cruce de declaraciones entre socialistas y populares sobre el estado de abandono de la ermita de Santa Ana: los primeros culpan al Ayuntamiento y los otros, a la Junta.
En este punto, desde Cádiz Laica se insiste en que “los propietarios de bienes de valor histórico-arquitectónico son los responsables de su conservación”. En este caso, la Iglesia. La administración pública “es responsable de velar su cumplimiento, si es necesario expropiando los edificios históricos en peligro, convirtiéndolos al uso público civil”.
“Nos sorprende -cada vez menos- como Pedro Sánchez, líder del PSOE, afirma hace escasos días que ‘mi apuesta será hacer un Estado laico en España. A todos los niveles, en educación, en materia de impuestos y también sobre las propiedades que tiene la Iglesia Católica’, pero luego, en el día a día de muchas ciudades, el comportamiento de este partido está completamente plegado a intereses privados y clericales. No podemos más que tacharlo de hipocresía y clientelismo político ya que parecen querer obtener rédito político de un comportamiento ilegítimo. Deben creer que la mayoría ciudadana apoya el enriquecimiento privado a costa de fondos públicos”, se señala en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
Cádiz Laica repite que “pretender destinar recursos públicos a la conservación de patrimonio eclesiástico es una burla a la aconfesionalidad del Estado, que exige nuestra Constitución en su artículo 16”. Y, sentencia, “es todavía más sangrante, conociendo que Chiclana es reina del paro y el empobrecimiento ciudadano, querer desviar estos recursos que pueden destinarse a la atención de necesidades básicas”.