El Gobierno se niega a informar al Parlamento sobre la cantidad y naturaleza de los bienes registrados por los obispos como propiedad de la Iglesia Católica. Después de negar los datos solicitados por varios diputados y senadores de Izquierda Unida (IU), la penúltima negativa la ha protagonizado el titular de Justicia, Rafael Catalá, en respuesta al socialista aragonés Victor Morlán. Esta reiterada negación de la información por parte de un Ejecutivo que se dice obligado por la ley transparencia, coincide con la decisión del propio Ejecutivo de aumentar la cantidad de dinero destinada a la restauración del patrimonio histórico artístico en manos del clero a través del porcentaje del 1,5% de toda la inversión en obras públicas que realiza Fomento.
Dice Catalá que “el Ministerio de Justicia no dispone de dato alguno relativo a la inmatriculación de bienes de la Iglesia Católica al tratarse de una cuestión ajena al ámbito de sus competencias”. Quiere decir que, aunque tenga competencias, no tiene ‘ámbito’. Y añade: “Tampoco los Decanatos Autonómicos o Territoriales del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles disponen de tales datos. La publicidad de estos datos deben proporcionarla los Registradores titulares de los respectivos Registros de la Propiedad en donde pudieran estar inscritos los bienes”.
La falacia o paralogismo, en términos dialécticos, del titular de Justicia y Notario Mayor del Reino, queda al descubierto con solo comprobar que el catastro de bienes inmuebles está centralizado y se halla informatizado desde hace años, algo que todos los ciudadanos conocen por la obligación de incluir su casa y demás bienes inmuebles en la declaración anual de la renta. Para curarse en salud, el ministro Catalá agrega que la apropiación de bienes públicos por parte de los obispos, a partir de las prerrogativas como registradores que les concedió hace tres lustros el Ejecutivo de José María Aznar López, contemplaban un plazo de dos años para que los ciudadanos pudieran recurrir esas apropiaciones. Esto ha ocurrido en el caso más relevante, el de la Mezquita de Córdoba, pero no en otros muchos porque la opacidad ha sido total.
Como antes decía, la negación de la información al Parlamento coincide con la decisión de aumentar los recursos destinados a la restauración de iglesias, colegiatas y conventos este año. Dice el secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, que en este ejercicio dispone de 35 millones de euros, aunque por ser año electoral, se puede incrementar excepcionalmente en 12 millones más. Ese dinero procede del porcentaje del 1,5% cultural de la inversión de Fomento. Este aumento se deriva del fenómeno electoral que ha llevado al Gobierno a incrementar las licitaciones de obras públicas, la mayor parte de ellas paralizadas en 2014. Y beneficia especialmente a la arquitectura religiosa que detenta y administra la Iglesia Católica, con sede central en el Estado Vaticano.
Las obras del 1,5% son más visibles que nunca en estas fechas de Semana Santa. Si van a Calatayud, por ejemplo, verán que la cubierta de la cúpula central del templo de San Juan el Real ha comenzado a ser reparada. Es una obra importante porque las filtraciones y humedades pueden dañar las pechinas que pintó el aragonés Francisco de Goya en sus años mozos. Pero no es la única, ya que sigue en restauración la colegiata de Santa María la Mayor (Patrimonio de la Humanidad). La riqueza cultural traducida a cifras supone una inversión de 431.700 euros este año, a los que se añaden 300.000 del Gobierno de Aragón y los 2,5 millones solicitados para los próximos ejercicios con cargo al 1,5% cultural y la aportación del 25% de esa inversión por parte del Ayuntamiento.
El contraste con la ciudad bilbilitana, en la que también están en restauración la iglesia de San Andrés, la de San Pedro, y una de las torres del Santo Sepulcro, se puede encontrar en Mombuey (Zamora), cuyo ayuntamiento ha desistido de un proyecto de remodelación del entorno de la iglesia de Santa María. Su torre templaria está declarada como Bien de Interés Cultural. Pero ocurre que el consistorio no tiene los 100.000 euros (el 25% de la inversión) que debería aportar para recibir los 300.000 restantes con cargo al 1,5% cultural. O al menos eso dice Francisco Antón Rapino, que es el alcalde.
En algunas localidades, caso de Cornellana, en Asturias, la movilización vecinal ha obligado a las autoridades a actuar. En este caso se trataba de salvar de la ruina la iglesia y el monasterio, con la techumbre parcialmente derrumbada. La reclamación de la población de una zona a la que el 1,5% cultural no llegaba se fundaba además en la falta de actuaciones en el área sudoccidental de Asturias, por la que discurre el primer camino conocido y abierto en el siglo IX por Alfonso II el Casto, a la tumba del Apóstol Santiago. Esta ruta aspira a la declaración de Patrimonio Universal por la UNESCO.
Valor añadido
La restauración y conservación del patrimonio no solo aporta empleo, turismo, sabiduría, cultura y disfrute estético, sino que, como decía el profesor Enrique Tierno Galván, convierte lo viejo en antiguo, añadiéndole valor. Y no solo eso, también puede proporcionar votos llegado el caso. Aunque la ley electoral prohíbe realizar inauguraciones y colocar primeras piedras de obras nuevas desde el día que se convocan elecciones, nada impide al partido A o la formación B incluir las realizaciones del 1,5% cultural en su propaganda.
Un ejemplo: la ministra de Fomento, Ana Pastor, acudió hace un año a inaugurar la segunda fase de la restauración del antiguo convento de Santa Ana, en Alcover (Tarragona), al que se han destinado 1.608.519 euros a cuenta del 1,5% cultural. Aunque el proyecto venía de atrás y la diputada socialista Teresa Cunillera acompañó a las monjas en sus gestiones para obtener ayuda, el PP ya se cuelga la medalla electoral de la restauración de la antigua iglesia del conjunto conventual para dedicarla a usos culturales.
Luego ya, Fomento mantiene un mapa genérico con las obras que se están realizando en la actualidad con cargo al 1,5% cultural. De las que se realizaron en los últimos cinco lustros, al tiempo que los obispos registraban la propiedad de templos, tierras, locales e inmuebles a nombre de la Iglesia Católica, nada se sabe.
