El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado de manera cautelar dos artículos de la ordenanza de civismo del Ayuntamiento de Reus, en la provincia de Tarragona, que hacen referencia a la prohibición de ir con el rostro cubierto en los espacios públicos.
El TSJC detalla en un auto que estos apartados de la ordenanza vulnerarían la libertad religiosa, y se ampara en la sentencia del Tribunal Supremo que suspendió cautelarmente la prohibición de llevar velo integral en los espacios municipales del Ayuntamiento de Lleida. El Ayuntamiento de Reus, que ha recibido este viernes el auto judicial, puede recurrir en un plazo de cinco días la decisión del TSJC, según ha avanzado Ràdio Reus.
La ordenanza de civismo de Reus fue aprobada por el pleno del Ayuntamiento el pasado 18 de julio, cuando una coalición formada por CiU y PP gobernaba la localidad. El texto prohibía vestir burka, niqab o cualquier velo integral en los espacios públicos. La medida fue pionera en España pues las anteriores solo imponían el veto en los equipamientos municipales. La oposición en bloque, PSC, Ara Reus y la CUP, votaron contra de la medida. Días después asociaciones islámicas de Cataluña llevaron el caso al TSJC, órgano que ahora les da, provisionalmente, la razón.
CiU y PP alegaron que la prohibición de vestir velo integral se debía a criterios “de seguridad” y “convivencia”. En un principio ambos partidos pretendían imponer multas de 750 euros por llevar estas vestimentas, pero finalmente el alcalde, Carles Pellicer (CiU), y la exprimera teniente de alcalde, Alicia Alegret (PP), admitieron que no podrían aplicar las sanciones, sino tan solo identificar a quienes llevasen la cara tapada en los espacios públicos.
Debido a la polémica desatada, CiU y PP suprimieron los términos niqab y burka por vestimentas de “cualquier tipo y forma o accesorios que impidan o dificulten la identificación”. Los dos partidos políticos intentaron suavizar el texto para contar con el apoyo de los partidos de la oposición, pero no lo consiguieron. La ordenanza de civismo se aprobó con 15 votos a favor y 11 en contra. El pleno contó con una fuerte presencia policial. “En cuanto tengamos la oportunidad y la ley nos de soporte, sancionaremos”, avisó el alcalde. El portavoz del PSC, Andreu Martín, calificó la medida de «electoralista» y cargó duramente contra el gobierno local argumentando que la ordenanza podía tener graves consecuencias para las mujeres al «tener dificultades para acceder a los servicios municipales» o a la «formación».
