La donación millonaria con dinero público a la iglesia católica demuestra que todas las leyes son negociables, incluyendo las “ divinas”.
La donación de un terreno de 7.5 mdp a la iglesia católica por parte del gobierno del Estado de México viola los principios de eficacia en la designación del presupuesto publico y la máxima utilización de los recursos disponibles, pero sobre todo viola la laicidad del Estado. La violación a la ley la cometen los funcionarios públicos que realizaron la donación y los obispos que la aceptaron.
En el artículo 40 de la Constitución dice que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República laica. Eso significa que el Estado debe separar los asuntos públicos de la religión, ser neutral ante las diversas creencias, respetar la pluralidad y no privilegiar a ninguna iglesia en particular.
Sin embargo, la iglesia católica acaba de recibir un regalo de 7.5 millones de pesos por parte del gobierno del Estado de México. Se trata de un terreno que será destinado a casas y oficinas de sacerdotes de la diócesis de Ecatepec que está a cargo del obispo Roberto Domínguez y del obispo emérito Onésimo Cepeda.
La donación millonaria con dinero público a la iglesia católica demuestra que todas las leyes son negociables, incluyendo las “ divinas”.
El mejor ejemplo ocurrió en 2010, cuando el presidente municipal de Ecatepec era el hoy gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, y el gobernador del estado era Enrique Peña Nieto, hoy Presidente de la República. En ese año la Arquidiócesis de México invalidó el matrimonio de Angélica Rivera y el “ Güero” Castro bajo el argumento de que el matrimonio se realizó en la playa y no en un templo. Resultó entonces que dios no es omnipresente y su bendición no vale junto al mar.
La anulación sirvió para que el entonces precandidato presidencial, Enrique Peña Nieto, pudiera casarse por la iglesia con Angélica Rivera, lo que resultaba muy conveniente para sumar votos en un país con más de 75 millones de católicos.
La iglesia católica usa al gobierno para mantener su hegemonía y privilegios y el gobierno usa a la iglesia para mantenerse en el poder, y “que dios te lo pague” nunca es un agradecimiento suficiente cuando se trata de favores políticos.
Favor con favor se paga y en época electoral aumentan los favores. La donación del terreno viola los principios de eficacia en la designación del presupuesto publico y la máxima utilización de los recursos disponibles, pero sobre todo viola la laicidad del Estado. La violación a la ley la cometen los funcionarios públicos que realizaron la donación y los obispos que la aceptaron. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata.
Corresponde a la Secretaria de Gobernación —por conducto de su Dirección de Asociaciones Religiosas— imponer sanciones y anular dicha donación por privilegiar a una iglesia en particular y discriminar a otras. Pero los obispos están muy bien encomendados, los protegen políticos corruptos que pueden desaparecer leyes y aparecer terrenos.
