Un ejemplo de incumplimiento de los deseos testamentarios por parte de los curas albaceas de la herencia.
Seis años después de la muerte de doña María, el pueblo de Órgiva ha vuelto a recordar el revuelo que se montó cuando los vecinos conocieron el testamento de la boticaria. Fue en octubre de 2008. La farmacéutica, María Rosario Muñoz Morillas, viuda y sin herederos forzosos, acababa de fallecer. Tenía 81 años y dejaba una fortuna considerable que ella y su difunto marido, procurador de profesión, habían amasado a lo largo de su vida. La céntrica casa que fue su vivienda y el local que ocupó su botica en el pueblo alpujarreño de Órgiva (5.772 habitantes), un edificio y cocheras en el mismo municipio, pisos en Granada, apartamentos en la playa (Torrenueva) y varias y abultadas cuentas corrientes que sumaban un saldo, según cuentan, de unos tres millones de euros. Era la estimación realizada a ojo de buen cubero por algunos vecinos. Pero solo unos pocos sabían a ciencia cierta a cuánto ascendía su patrimonio. Entre ellos, el notario, también fallecido, y sus albaceas: los dos sacerdotes del grupo de los ‘romanes’, salpicados ahora por el mayor escándalo de pederastia que ha trascendido en España.
Nadie tenía entonces ni la más remota sospecha de las actividades de los curas, salvo sus víctimas. Tampoco doña María, una mujer religiosa hasta la médula, que modificó su testamento hasta en tres ocasiones para nombrar a los dos curas albaceas de su hacienda. Ella, una “católica, apostólica y romana” confesa, no hubiera dejado la gestión de su capital en manos de quienes hoy protagonizan una historia que gravita sobre más de un pecado capital, amén de otras acciones supuestamente delictivas.
PARA LOS POBRES, NO PARA LOS CURAS
Doña María no dejó su herencia a los dos curas, ni mucho menos. Instituyó como herederos a “los pobres, establecimientos de beneficencia, asociaciones y comunidades religiosas, parroquias y misiones católicas” y facultó a los dos sacerdotes para distribuir sus bienes y dinero “en la forma que su prudencia les aconseje y con la más absoluta libertad”. La boticaria dio barra libre a sus albaceas y confió en ellos para que decidieran a discreción hasta quiénes debían ser considerados “pobres o necesitados” y para que repartieran a su antojo su fortuna entre establecimientos, asociaciones y comunidades religiosas o benéficas.
Sus herederos reales, los pobres ‘innominados’, siguen estando a dos velas. Que se sepa, a día de hoy, ni ellos ni ninguna comunidad religiosa o benéfica del municipio han recibido un euro de la herencia de doña María. En el pueblo se preguntan a dónde ha ido a parar la fortuna de la boticaria, de la que se había dicho, en otros tiempos, que se destinaría a obras sociales. De hecho, en el año 1996, se creó la fundación de asistencia social José Díaz Pérez, una entidad constituida en memoria del marido de la farmacéutica que tenía entre sus fines la atención a personas de la tercera edad y la creación y gestión de residencias asistenciales.
LA FUNDACIÓN QUE NUNCA EXISTIÓ
La fundación fue incluso inscrita en el registro de la Junta de Andalucía pero no llegó a funcionar. Los lugareños esperaban que el proyecto viera la luz tras la muerte de doña María, confiados, como estaban, en que legaría sus bienes a entidades sociales y benéficas del municipio. No fue así. Su testamento cayó en el pueblo como un jarro de agua fría. Nadie esperaba que encargara la gestión de su fortuna a los dos curas de la Iglesia Nuestra Señora de la Expectación. Tampoco su familia política. La boticaria dejó a sus cuñados dos pisos en Órgiva y una cochera a uno de sus sobrinos. Todo lo demás, o sea, casi toda su fortuna, entró en el lote que debían administrar los sacerdotes.
“Queremos saber si se cumplió la voluntad de mi tía”, dice Salvador Álvarez, uno de los sobrinos políticos de doña María. Él y su familia indagan ahora cuál ha sido el destino de la herencia y si algún pobre, entidad benéfica o comunidad religiosa o parroquial se ha beneficiado de ella. “No queremos reclamar la herencia para nosotros” – insiste- “sino que se cumpla su testamento”.
SIGUIENDO EL RASTRO DE LA FORTUNA
Los familiares sospechan que los curas no obraron como tenían que hacerlo. No van a impugnar el testamento. Lo tendrían difícil. La difunta doña María incluyó una cláusula por la que prohibía expresamente la intervención judicial en su testamentaria y amenazaba a los beneficiarios con la pérdida de los bienes que hubieran recibido en caso de instar una demanda judicial. Por ello, no pueden reclamar los bienes, pero sí exigir a los albaceas que rindan cuentas ante un juez. En ésas están ahora, recabando datos para conocer, por vía judicial, el paradero de la fortuna de la boticaria. Para ellos, los dos sacerdotes nunca fueron trigo limpio. Cuentan que doña María rompió el contacto con ellos en sus últimos años de vida, que los curas no les dejaban verla. Que no les permitían hablar por teléfono con ella. Que no quisieron negociar el testamento y mucho menos, consultar entre qué pobres y organizaciones benéficas y religiosas se iba a repartir la hacienda de la farmacéutica.
UN CHALÉ DE 300 METROS
¿Quiénes han sido los beneficiarios de su fortuna? Solo lo saben los herederos ‘innominados’ y sus albaceas. A saber, Francisco José Campos Martínez, juez eclesiástico suspendido en sus funciones, que no cesado, y uno de los cuatro imputados en el caso de los abusos sexuales que investiga el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, y Juan Carlos Moreno Muñoz, actualmente, párroco de San Gabriel de Loja. Moreno fue quien acreditó documentalmente el fallecimiento de doña María en la notaría en la que otorgó el testamento. En el documento no consta la condición de sacerdotes de los albaceas, de los que solo se dice que son mayores de edad y vecinos de Pinos Genil. En ese municipio del área metropolitana de Granada se localiza el chalé, de 300 metros cuadrados, que ambos tienen en copropiedad con Román Martínez Velázquez de Castro, el cura que da nombre al grupo ‘los romanes’ –o ‘romanones’- y otros encausados por los supuestos abusos sexuales. Fue la vivienda que registró la Policía después de que el juez ordenara la detención de los tres sacerdotes y del profesor de Religión.
PROPIEDADES ANTERIORES A LA HERENCIA
Dicen que el grupo ha podido lucrarse con el patrimonio de la boticaria y que gracias a él se podían permitir el tren de vida que llevaban. Pero la mayoría de las propiedades que figuran a nombre de Román (una veintena), en algunos casos, en copropiedad con otros miembros de su círculo, fueron inscritas antes de ser albaceas de la herencia. El propio joven que denunció haber sido víctima de supuestos abusos sexuales entre 2004 y 2008, habla en la carta que envió al Papa, y en su declaración posterior ante el juez, del piso de la carretera de la Sierra, en Granada capital, del chalé en Pinos Genil y del dúplex en Salobreña.
Al padre Román le vienen sus bienes de familia. Poco después de ordenarse sacerdote, en 1978, y servir durante dos años en la parroquia de Torvizcón, se fue a Roma, al centro de estudios del movimiento focolar. Volvió a Granada en 1984, donde durante unos años ejerció como vicario parroquial en la Basílica de la Virgen de las Angustias, la patrona de Granada. Se marchó después a Argentina, donde sirvió en la pequeña localidad de O’Higgins. Estuvo un tiempo en Bélgica, donde fue capellán a principios de los años 90. Hacia 1996, cuando ya llevaba unos años en Granada, abandonó el movimiento focolar y creó su propio grupo. Todos los sacerdotes que lo componen, más jóvenes que él, rondan los cuarenta años.
ESTUDIOS EN SALAMANCA
Francisco José Campos, de 44 años, y compañero de andanzas del padre Román, dejó Órgiva a finales de agosto de 2008. En el pueblo le hicieron todo un homenaje. Su marcha se produjo unas semanas antes de la muerte de doña María y del comienzo de su etapa de albacea. Causalidad o coincidencia. Por esas mismas fechas, el arzobispo de Granada, Javier Martínez, le había encomendado que estudiara Derecho Canónigo (lo que hizo en la Universidad Pontificia de Salamanca). Mandaba la obediencia y el futuro prometedor de hacer carrera como juez eclesiástico en la mismísima Curia, el corazón de la diócesis, en la que están los más estrechos colaboradores del arzobispo.
En Órgiva, había compartido las funciones sacerdotales con Juan Carlos Moreno, el otro albacea, y después con el vicario José Gabriel Flores, el actual párroco de la Iglesia Nuestra Señora de la Expectación. A Campos lo sustituyó Manuel Morales, otro de los curas imputados, de 42 años, que había sido hasta entonces sacerdote de Capileira, Bubión y Pampaneira, en la Alpujarra granadina.
Flores, un sacerdote argentino, llegó a Granada de la mano del padre Román. Es otro miembro del grupo y uno de los siete investigados como presuntos encubridores a los que el arzobispo, Javier Martínez, considera víctimas y que ha promovido otorgándole nuevas responsabilidades pastorales. Él, como casi todos los miembros del clan, han servido en templos de la Alpujarra, en pequeñas localidades en las que aún la gente considera a su párroco mucho más que un guía espiritual. Doña María les confió su alma y sus bienes terrenales.
La boticaria era vecina de la iglesia de Nuestra Señora de la Expectación, conocida en el municipio como ‘las torres gemelas’. El edificio que fue su casa y en el que tuvo la botica, se sitúa justo enfrente de la Iglesia, en la céntrica plaza García Moreno. Aparentemente, está deshabitado. Las persianas echadas de día y de noche así lo atestiguan. “Pertenece a los curas”, afirman en el pueblo. Pero doña María no decía eso en su testamento. Si levantara la cabeza, quedaría espantada por el escándalo que rodea a sus albaceas.
FOTO: La vivienda de doña María, en cuyos bajos tenía la farmacia.
