Madrid concentra el grueso de los profesionales que han firmado la cláusula de conciencia, con 3.119 a finales de 2022, según los datos recabados por EL PAÍS en todas las comunidades
La España que no quiere ayudar a morir se compone de al menos 9.384 sanitarios que se han dado de alta en los registros autonómicos de objetores a la aplicación de la ley de eutanasia, según datos recabados por EL PAÍS en todas las comunidades. Esa cantidad supone un 1,3% de los alrededor de 700.000 profesionales colegiados que pueden acogerse a la cláusula de conciencia (entre médicos, enfermeros o farmacéuticos), aunque la desigual distribución de los objetores refleja que el derecho no se está asentando al mismo ritmo en todas las comunidades. España se convirtió en marzo de 2021 en el quinto país en regular la eutanasia a través de una ley. La norma entró en vigor el 25 de junio de ese año, y 12 meses después se habían registrado al menos 172 casos y una gran desigualdad entre los distintos territorios. En el segundo aniversario de la aprobación de la ley, eso no ha cambiado. Por ejemplo, en las islas Baleares aún no han desarrollado el registro de objetores a la prestación.
