El Parlamento de Catalunya, a petición de la Unió de Pagesos, que compareció con la coordinadora Recuperando en la Comisión de Justicia del legislativo catalán, instó al Gobierno de la Generalitat a publicar las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica.
El vicepresidente del Gobierno de Cataluña, Pere Aragonès, y la consejera de Justicia, Ester Capella, en rueda de prensa ofrecida el 23 de julio, anunciaron la publicación de 3.722 inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica entre 1946 y 2015. La información proviene de los registros de la propiedad de Cataluña. Con el apoyo de un mapa interactivo, se ofrecen datos sobre el nombre de las fincas, el tipo, la ubicación, el registro en que se inmatricularon y su titularidad. Hay que tener en cuenta que esas 3.722 inmatriculaciones implican muchos más bienes, ya que son muy numerosas las inscripciones que registran varios bienes. Por otra parte, habrá que investigar hasta qué punto esa relación recoge todas las inmatriculaciones realizadas.
La rueda de prensa tuvo lugar precisamente en Sant Pere de Vallhonesta, en Sant Vicenç de Castellet, allí donde Joan Casajuana inició su incansable labor para dar a conocer la problemática de las inmatriculaciones en Cataluña. La Iglesia ha devuelto la casa y la mitad del terreno, pero se niega a retornar la ermita y el cementerio; es más, argumenta que los restos allí enterrados de la familia de Joan (propietaria de estos bienes desde el siglo XI) pertenecen a la Iglesia.
Años de trabajo de la Unió de Pagesos y de la Associació de Micropobles de Catalunya han logrado que, por primera vez en el Estado, una administración pública dé a conocer la relación de las inmatriculaciones realizadas.
Hasta ese momento, Navarra venía siendo la comunidad pionera en la publicación de las inmatriculaciones, y lo podía haber seguido siendo si los gobiernos de Navarra (el actual y el anterior) hubiesen ejecutado la moción del Parlamento Foral de 25 de febrero de 2019 por la que instaba al Gobierno de Navarra a recabar, del Colegio de Registradores de la Propiedad, las notas simples de los bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1946 a 2015. Era una tarea que se podía realizar en media hora y sin coste alguno.
El Gobierno de Cataluña deja en evidencia al Gobierno central, que no cumple con el mandato parlamentario de publicar los datos, pese a que el Ministerio de Justicia dispone de la relación de inmatriculaciones desde el 5 de febrero de 2018, y que en respuesta parlamentaria comprometió su publicación el 2 de agosto de ese año. Pero también deja en evidencia al Gobierno de Navarra.
Mientras tanto, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, negocia con absoluta opacidad el tema de las inmatriculaciones con la jerarquía eclesiástica en Madrid y en Roma. Hurtar al Congreso y a la sociedad la información imprescindible para forjarse un criterio sobre el volumen y el detalle de lo inmatriculado es el peor camino para resolver adecuadamente este problema. Un problema que, por su magnitud y por el valor incalculable de muchos de los bienes privatizados, es una cuestión de estado.
La coordinadora Recuperando, que agrupa a más de una veintena de organismos de diversa índole, exige la inmediata publicación de esos 100.000 bienes inmatriculados por la Iglesia católica. Para ello, es necesario que se conozcan no sólo las notas simples de las 34.984 inmatriculaciones realizadas después de 1998, sino también las del período precedente.
La Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, además de respaldar la reivindicación de la Coordinadora Recuperando, de la que forma parte, demanda del Gobierno foral la ejecución de la moción del Parlamento de 25 de febrero de 2019 para poder conocer y publicar los bienes inmatriculados.
Andrés Valentín. Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro
