Más de 200 familias madrileñas se enfrentan a la posibilidad de perder sus hogares en el centro de Madrid, tras descubrir que una fundación vinculada al Arzobispado pretende vender sus viviendas para destinarlas a uso turístico, una operación considerada ilegal y potencialmente fraudulenta.
La Fundación Fusara, bajo el Arzobispado de Madrid, ha firmado un acuerdo con la sociedad inmobiliaria Tapiamar para vender 13 de los 14 inmuebles que administra en el centro de Madrid —casas que originalmente fueron donadas con la condición de destinar sus rentas a familias vulnerables, como niños huérfanos—. Según la Ley de Fundaciones, esa venta podría ser ilegal (por lo que ya hay un procedimiento judicial activo por posible fraude y administración desleal iniciado en 2019). El precio pactado, 90 millones de euros, contrasta con el valor estimado actual de alrededor de 200 millones, lo que, según los vecinos, representa una “estafa perpetuada por la Archidiócesis”. Muchos residentes ya han recibido notificaciones de rescisión de contrato y posibles desahucios, mientras que existen sospechas de que el objetivo final sea convertir los edificios en alojamientos turísticos o de lujo. La Iglesia se ha desvinculado del proceso judicial, retirando la acusación particular contra Tapiamar, lo que alimenta acusaciones de complicidad. Mientras tanto, los vecinos planean impugnar la venta y esperan la intervención de la Fiscalía.
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