Hoy toca analizar los datos de la gestión del gobierno andaluz en políticas de igualdad. Lo cual es directamente un oxímoron, un absurdo, una entelequia, una contradicción de principio. ¿Qué políticas de igualdad pueden impulsar quienes niegan que exista la violencia machista, o la brecha salarial entre hombres y mujeres o el derecho fundamental de la mujer a decidir la interrupción de su embarazo? Me dirán que no es todo eso exactamente lo que defiende el PP andaluz. Y a uno le entran ganas de tirar de textos sagrados: por sus obras los conoceréis.
Sólo unos meses después de tomar posesión el gobierno de coalición de Moreno con Ciudadanos, pudo comprobarse la influencia decisiva de Vox contra cualquier tentativa de practicar algo lejanamente coherente con la existencia misma de la llamada Consejería de Igualdad. De una tacada, se creó un teléfono de atención a la «violencia intrafamiliar» (instrumento que por cierto ya existía, como legalmente existe la persecución de ese tipo de violencia), se retiraron ayudas a organizaciones feministas y se criminalizó incluso el lenguaje inclusivo (ver aquí). Conviene no olvidar que el líder de Vox en Andalucía era un individuo, juez para más señas, autor intelectual de esa cosa de los «chiringuitos», que tiene pendiente aclarar en los tribunales qué hizo con 2,4 millones de euros de dinero público (ver aquí).
De modo que a estas alturas no puede sorprender que los mismos que proclamaban su prioridad de acabar con las ayudas públicas a lo que ellos denominaban «chiringuitos» (ONG’s o asociaciones dedicadas a atender a mujeres maltratadas, por ejemplo) hayan dedicado 1 millón de euros al año a inyectar recursos a asociaciones antiabortistas, esas que, entre otras actividades, se ocupan de acosar directamente a las mujeres que acuden a interrumpir su embarazo a las clínicas donde legalmente se realizan abortos. Menos mal que ya ha entrado en vigor la reforma del Código Penal que castiga ese acoso, con el voto en contra (por supuesto) de PP y Vox (ver aquí).
Los números en política no son casi nunca ajenos a la ideología, ni se producen aislados, sin relación con otras cifras que confirmen las mismas ideas. Así que tampoco puede extrañar que en Andalucía el 99,89% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realicen en la red sanitaria privada, un porcentaje muy superior a la media nacional, ya suficientemente vergonzosa (84,5%%).
Por mucho que se pretenda disfrazar de «moderado» el discurso de Feijóo o de Moreno, lo cierto es que no hay forma de que proclamen de una vez por todas que el feminismo consiste en la lucha por la igualdad de derechos de la mujer y el hombre, o que asuman que la mujer soporta un tipo de violencia (machista) por el simple hecho de ser mujer. No lo dicen claramente ni lo asumen porque practican aquella picaresca del Lazarillo («maldita la gota que se desperdicie»), y consideran que cediendo o incluso negando la igualdad van a obtener votos de sus hijos pródigos, los que se han echado al monte de Vox sin ningún complejo.
Pero la realidad es tozuda: el teléfono para atender la violencia intrafamiliar recibe dos llamadas al día, frente a las 108 diarias que atiende el teléfono contra la violencia machista en Andalucía. Ganarán (quizás) pero no convencerán.
(Mañana analizaremos los números sobre políticas de Migración. Aquí puedes leer las entregas anteriores).
