La norma regulará las relaciones con las confesiones y asuntos como la laicidad y la polémica de los crucifijos
El Gobierno tiene previsto aprobar y remitir al Congreso esta primavera el proyecto de reforma de la ley de libertad religiosa, según confirmó ayer un portavoz de la Vicepresidencia Primera del Ejecutivo, el departamento que desde hace más de un año elabora la que con toda seguridad será una norma polémica, y que, como la recién aprobada ley del aborto, provocará duros enfrentamientos políticos y contestación social de los grupos más conservadores.
La norma, sobre cuyo contenido poco se sabe hasta el momento, tiene como objetivo principal actualizar los marcos de relación entre un Estado aconfesional, como el que fija la Constitución de 1978, y las diferentes confesiones religiosas, así como introducir mayores garantías legales para el ejercicio efectivo de la libertad de conciencia. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, cuando hace un año y medio anunció por sorpresa que el Ejecutivo se disponía a abordar esta reforma, quiso evitar polémicas anticipadas y aseguró que «no se trata de una iniciativa contra nadie, sino para amparar y proteger a todos, a quienes creen y a quienes no creen».
Sin embargo, la norma, además de dibujar los nuevos cauces institucionales de relación con todas las confesiones, tendrá que resolver asuntos más concretos y vidriosos, relacionados con la laicidad, como la exclusión o no de los crucifijos y de otros símbolos religiosos de los colegios y otro tipo de espacios públicos.
Si el Gobierno cumple con su previsión, la reforma legal será una de las grandes protagonistas del nuevo periodo de sesiones parlamentario, que arrancará el próximo 1 de febrero y concluirá el 30 de junio. Según el portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, compartirá relevancia con otras cuatro leyes que se debatirán con seguridad esta primavera.
Las tres primeras normas en tramitarse serán la reforma del Código Penal, que modificará una cuarta parte de los artículos de este texto fundamental, la ley de colaboración entre entidades públicas e iniciativa privada, y la ley de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación de las organizaciones terroristas.
