Yo decido. Nosotras decidimos.

El pasado viernes, día 20 de diciembre, el Gobierno, con la oposición del resto de grupos parlamentarios, aprobó la nueva Ley del aborto, impulsada por el actual ministro de Justicia, Ruiz- Gallardón, ése que durante años se ha “disfrazado” como la cara moderada del Partido Popular. Se trata de la Ley más misógina y restrictiva para las mujeres de toda la historia de la democracia. Se trata, como se reconoce unánimemente, de un retroceso de más de treinta años con respecto a los derechos femeninos de este país. Una vuelta atrás indiscutible que nos reporta a tiempos no democráticos en que los ámbitos cerriles del poder decidían todo con respecto a la mujer, para hacer “moral” y, a la vez, negocio.

Con esta Ley, en este país interrumpir el embarazo de la mujer en las primeras catorce semanas de gestación dejará de ser un derecho, y pasará a ser un delito. Y las mujeres españolas, en esa durísima situación (la situación de rasgarse el vientre, en palabras de Italo Calvino, y rasgarse quizás un poco el alma) volverán, como en tiempos de la dictadura, a viajar a Londres, a clínicas privadas, a solucionar un grave problema que no es moral, sino educacional y sanitario; y a cambio de muchos miles de euros que sólo podrán pagar si son de clases privilegiadas. El resto de mujeres, a morir desangradas en antros mugrientos, o a hacerse cargo de un embarazo que, por circunstancias duras y diversas, no pueden asumir. El país se llenará de niños no deseados. Y los niños no deseados, la infancia abandonada o desprotegida, son un negocio, un gran negocio. Que se lo pregunten a Sor María de las Hijas de la Caridad, que se lo pregunten a los familiares de los niños robados del franquismo, y a aquéllos que se benefician de la miseria ajena.

La ultraderecha y el nacionalcatolicismo han ganado la batalla, sentenciaba al respecto de la aprobación de esta Ley Soledad Murillo, responsable de las políticas de Igualdad en el primer ejecutivo de Rodríguez Zapatero, y artífice de las Leyes de Violencia de Género e Igualdad. Y afirmaba, asimismo, que esta Ley proviene de “un pacto implícito entre el Ejecutivo de Rajoy, la Conferencia Episcopal y los llamados grupos provida”. Y es que, efectivamente, la moral católica está como fondo y telón de esta “reforma” que nos roba derechos y nos vuelve a convertir en un país que roza el tercermundismo. Esa falsa moral que parece contemplar con vehemencia los derechos de los cigotos despreciando, a su vez, los derechos de las mujeres a decidir, en los casos que respalda en consenso la ciencia médica, sobre algo tan íntimo y personal como su deseo, posibilidad o imposibilidad de ser madres.

Curiosa moral que rechaza y obstruye sin miramientos la formación básica en cuestión de sexualidad en la Educación y en las escuelas, y criminaliza las consecuencias de esa absurda y nefasta desinformación. Porque la mayoría de las mujeres que quieren interrumpir su embarazo en las primeras semanas de gestación son adolescentes carentes de educación e información en la materia. Es decir, los mismos que generan el problema criminalizan la solución del mismo. ¿El objetivo? La incultura, la condena de la sexualidad, el bloqueo de la libertad, y el negocio, sobre todo el negocio, que en ciertas mentes suele ser siempre lo que más importa.

Declara a este respecto el presidente de la Conferencia Episcopal, Rouco Varela, que la reforma de la Ley del Aborto aprobada por el Gobierno mejora la Ley “porque el embrión es un bien jurídico”. Me pregunto si el jefe de los obispos españoles considera también “un bien jurídico” a los niños ya nacidos cuyos padres no pueden ni darles de comer, o a los miles de españoles que se están suicidando por la desolación económica, o a los ancianos desprotegidos por la derogación de la Ley de Dependencia, o a los incapacitados físicos o psíquicos a los que han dejado sin centros de asistencia, o a los niños que se están desmayando en las escuelas por salir de casa sin siquiera desayunar y que han perdido la beca de comedor, o a los miles de españoles que duermen en la calle, o a los ciudadanos que no pueden alzar su voz ante los abusos descarados que está sufriendo el pueblo español.

Sea como sea, por mi parte me uno a la inmensa mayoría de españolas que nos declaramos insumisas ante estas Leyes retrógradas e integristas. Somos mujeres que no admitimos la injerencia de políticos ni tiranos en las decisiones más íntimas de nuestra vida personal; mujeres que bajo el lema “Yo decido”, nos negamos con rotundidad a volver a tiempos de desprecio, misoginia y sumisión. Porque yo decido. Nosotras decidimos. Decidimos si casarnos o no, si tener o no tener hijos. Decidimos nuestras ideas, nuestras creencias o increencias y nuestros compromisos. Decidimos sobre nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones y nuestros intelectos. Decidimos sobre nuestras vidas. Los políticos de esta derecha dura y arcaica, los obispos, curas y demás especímenes de la España negra del medievo no deciden por nosotras; que decidan sobre sus áridas vidas. Pero no sobre la mía. No sobre las nuestras.

Coral Bravo es Doctora en Filología

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