… con sus patochadas de siempre. Y no me refiero únicamente a los fantasmones que arrastran cadenas desde hace años en nuestros foros. En “El País” del domingo 1 de octubre, en la misma página en que Francisco Delgado Ruiz, vicepresidente de “Europa Laica”, reflexionaba sobre la financiación de la Iglesia, aparecía un artículo de Carlos García de Andoin, titulado “Laicidad incluyente” (¿no era “inclusiva”, según CIVES?). El autor firma como “coordinador federal de Cristianos Socialistas del PSOE”, y el diario resalta la idea central del artículo:
“Lo justo sería extender la opción del porcentaje del IRPF a las demás confesiones religiosas.”
Tampoco faltan quienes ahora hablan en nombre de IU en nuestros foros reclamando una ley que regule dicha financiación de todas las confesiones religiosas (a este respecto, recuerdo que esta formación política ya ha hecho pública una propuesta de Ley de libertad de conciencia).
Y uno se pregunta de dónde extraen esa noción de “justicia”.
Pero si insignes catedráticos, supuestamente expertos en derechos constitucionales, ya parten de ese error, ¿qué se puede pedir a los monaguillos?
Desde nuestra asociación hemos insistido en que, desde la Declaración Universal de 1948, con la que se compromete la Constitución española en su artículo 10.2, las convicciones religiosas y las no religiosas están al mismo nivel de reconocimiento (la ignorancia de esta lectura básica alcanza también a sesudos miembros del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, que no paran de hablar en sus sentencias de “libertad religiosa”).
¿Ignorancia? Pues bien lo tenemos si las máximas autoridades en la materia son iletradas.
¿Mala fe? Todavía peor.
¿Se os ocurre una tercera hipótesis?
Yo quisiera confiar en la capacidad lectora e idiomática del ciudadano medio, e invitarle a leer directamente, sin la mediación de “expertos”, la interpretación que la propia Asamblea de las Naciones Unidas da al artículo 18 de la Declaración Universal.
Por favor, decidme si desde lo que se desprende de ella, al nivel hermenéutico en que exigimos que un alumno que pasa a Bachillerato interprete un texto, se puede inferir una solución distinta a las dos alternativas siguientes:
1) El Estado fianacia todas las convicciones (sin entrar en su carácter religioso o no religioso), desde los que piensan que acumular conchas de almejas en casa conjura todos los maleficios a los que sostienen que la felicidad sólo se alcanza cultivando claveles amarillos.
2) El Estado no financia ninguna, y deja que los seguidores de cada convicción razonable o de cada gilipollez (y tampoco se pone a discriminar este punto) sean los que se autogestionen con sus cuotas, los donativos que reciban, etc.
Desde luego, hay muchos insignes doctores y catedráticos eméritos (pagados por todos nosotros, igual que pagamos a los obispos), autodeclarados expertos en derechos fundamentales, que o no saben leer o jamás se han leído la Constitución y la Declaración Universal.
Aquí confío simplemente en vuestra capacidad idiomática ante el texto que os propongo, y recuerdo que España se compromete como Estado con dicho texto. ¿Qué hacemos después con tantos fantasmones?
