El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha convocado una nueva reunión sectorial para el próximo día 19 de diciembre después de escuchar las críticas de algunas Comunidades Autónomas a su propuesta de reforma educativa. "Hemos tenido que sacar los dientes anunciando acciones legales”. Así lo adelantó la consejera andaluza de Educación, Mar Moreno, al finalizar la reunión de este martes, que ha durado más de tres horas y en la que, según ella, "se ha subsanado un error grande del Ministerio". La consejera catalana en funciones, Irene Rigau, ha abandonado la reunión sectorial que preside el ministro José Ignacio Wert para explicar los detalles de su reforma educativa tras considerar "inadmisible" sus implicaciones para la enseñanza en catalán.
Un borrador polémico.
A grandes rasgos, la nueva ley, recupera la religión y planes de estudios de leyes anteriores; aumenta el número de centros concertados; y obliga a que se enseñe castellano en las Comunidades autónomas con lengua oficial.
Si el borrador no sufre grandes cambios, con la nueva ley de Educación, que en principio entrará en vigor el curso que viene, el gobierno central va a marcar la mayoría de los contenidos, quitándole bastante margen de actuación a las autonomías.
Las etapas de primaria, secundaria y bachillerato quedan iguales, pero las asignaturas cambian. Por ejemplo, desaparece la ya instaurada Conocimiento del Medio, y vuelven las históricas Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales.
Y algo que ha creado más polémica: la religión vuelve a ser obligatoria en todos los centros. Los alumnos deberán estudiar, y aprobar, Religión; o su alternativa, Valores Culturales y Sociales. Y a cambio, desaparece de los planes Educación para la ciudadanía.
También desaparece la Selectividad, pero vuelven las reválidas: a final de cada etapa educativa, y hechas por empresas externas a los centros. Unas pruebas que se harán públicas, lo que dará lugar a una clasificación de centros, a un ránking.
La nueva ley también modifica los conciertos con los centros privados. Mientras en Europa aumentan los centros totalmente públicos, en España, más colegios privados podrán aspirar a ser concertados, es decir, a recibir dinero público; sin embargo, el borrador deja la puerta abierta para que no pierdan sus criterios de funcionamiento y admisión de alumnos.
Y aquí en Andalucía no nos afecta. Pero en las comunidades con Lengua oficial, los gobiernos regionales tendrán la obligación de que, si los padres quieren, los alumnos estudien lengua castellana: aunque eso suponga qeu las consejerías les paguen un centro privado.
