“Reclamamos la libertad y el derecho a escoger”, dijo África, de 55 años, quien se practicó un aborto cuando tenía 28 en una clínica privada de la sureña ciudad de Málaga, sin el conocimiento de sus padres. Recuerda esta intervención como una “situación personal dolorosa”, que no ha contado a los dos hijos que tuvo después.
África, que prefiere ocultar su verdadero nombre, comentó que la reforma planteada por el gobierno del derechista Partido Popular (PP) se basa en cuestiones “ideológicas”, tratando de “criminalizar una conducta despenalizada”, revirtiendo conquistas sociales.
La Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, impulsada por el anterior gobierno, del socialista de José Luís Rodríguez Zapatero (2004-2011), permite desde el 5 de julio de 2010 el aborto sin restricción alguna en las primeras 14 semanas de gestación y hasta la 22 en caso de riesgo de vida o la salud de la mujer, o de graves anomalías en el feto.
También establece que para abortar no se necesita el permiso paterno en los casos de jóvenes de 16 y 17 años.
Ruíz-Gallardón informó a comienzos de este año que propondrá al Parlamento el cambio en los plazos para practicarse aborto y la exigencia del permiso paterno en los casos de las menores de edad.
La reforma implicaría adoptar un sistema similar a la regulación de 1985, en el que las mujeres debían alegar motivos para abortar. Según lo anunciado, seguirán vigentes las condiciones de violación y si existe grave peligro para la salud física o psíquica de la gestante, dijo el ministro en una entrevista radial el 3 de este mes.
La ley vigente “eleva el aborto a la categoría de derecho y no contempla ni trata el derecho a la maternidad. Es inconstitucional e innecesaria”, opinó en consonancia con el planteo gubernamental el director general del no gubernamental Foro Español de la Familia, Ignacio García-Juliá, ante la consulta de IPS.
El debate sale a la calle
La plataforma Nosotras Decidimos, formada por organizaciones feministas y por la igualdad de género de España, se sumó este viernes 28 a la celebración del Día Internacional de Lucha por la Despenalización del Aborto con concentraciones en distintas ciudades, apoyadas por el Partido Socialista Obrero Español e Izquierda Unida.
“No nos pueden negar el derecho a escoger. Los derechos se conquistan para que los utilice quien quiera”, manifestó África. “No obligamos a nadie a abortar. Creer en la libertad individual hace a la sociedad libre”.
Por su parte, asociaciones autodenominadas “provida” de España y de otros países convocan a la “III Marcha Internacional por la Vida” para apoyar la reforma, el 7 de octubre, cuando se celebrará el Día Mundial contra la Pena de Muerte, según la web del movimiento Derecho a Vivir.
Una encuesta en Internet publicada el 19 de septiembre indica que 30,7 por ciento de los entrevistados rechazaron la gestión de la reforma de la ley del aborto por parte de Ruíz-Gallardón, frente a 8,7 por ciento que la apoya.
“La cuestión no es si se está en contra o a favor del aborto”, argumentó una madre que acompañó a su hija a abortar hace más una década, sino que se debe apoyar a la mujer que quiera tener hijos y respetar y ayudar también a la que no quiera seguir adelante con su embarazo.
En julio, el ministro de Justicia declaró que la malformación del feto no será ya una justificación legal para abortar en la nueva normativa, como estaba previsto en la ley de 1985, lo cual fue criticado por feministas y partidos opositores y valorado por asociaciones antiabortistas y colectivos de discapacitados.
Y detrás está el negocio
Pero la estatal Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), que agrupa a una treintena de centros, no cree que las leyes restrictivas en materia de aborto favorezcan la maternidad.
La mujer que toma la decisión “lo hará en cualquier circunstancia sea ésta legal o no”, indica en su estudio “Condiciones que motivan el aborto provocado”.
La investigación de ACAI señala que 62,35 por ciento de las 5.300 mujeres consultadas entre febrero y mayo declararon que al aborto se llega “por causas que no tienen un origen económico, laboral ni afectivo”.
Por eso la asociación considera que restringir el acceso al aborto sólo servirá para “fomentar el aborto clandestino, el éxodo abortivo y la morbilidad y mortalidad entre las mujeres que acceden a prácticas inseguras”.
En los barrios de Málaga, antes de la despenalización del aborto en 1985, las mujeres que no podían costearse el viaje a clínicas de Londres o Tánger “se introducían ramitas de perejil en la vagina o agujas de tejer en abortos clandestinos muy arriesgados”, contó África.
El PP interpuso en 2010 un recurso de inconstitucionalidad contra la “ley de plazos” ante el Tribunal Constitucional, que aún no ha dictado su fallo, y ha habido “varias decenas de médicos, enfermeras y trabajadores sociales que han presentado objeción de conciencia”, detalló a IPS el coordinador general de la Asociación para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia (Andoc), José Antonio Diez.
Debido a esto y “a la poca experiencia de los hospitales públicos”, casi todos los abortos se practican en clínicas privadas, pero son subvencionadas por el gobierno”, explicaron a IPS fuentes de ACAI.
“Las mujeres son tratadas primero por médicos de atención primaria en la sanidad estatal y derivadas a clínicas concertadas donde no pagan por la intervención”, agregaron.
También pueden pagar de su bolsillo, lo cual les cuesta de 200 a 300 euros (257 a 387 dólares) si abortan antes de la semana 14, aumentando el precio según el tiempo de embarazo y la complejidad de la operación.
Para García-Juliá, lo que las clínicas privadas defienden “con pasión” no es a las mujeres sino el “negocio del aborto que ven peligrar”.
En 2010, se hicieron 113.031 abortos en España, 1,3 por ciento más respecto del año anterior, mientras que en 2008 había llegado a 115.812, según datos del Ministerio de Sanidad.
Mujeres protestan en Málaga (Ínes Benítez/IPS)
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