Víctimas argentinas de abuso eclesiástico repudian la cumbre vaticana contra la pederastía

Mediante un comunicado, la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina consideró que se trata de un acto de «simulación e hipocresía» y definen al Vaticano como «Estado genocida». También proponen medidas claras contra la pederastia en la iglesia.

La Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina expresó un fuerte repudio a la histórica cumbre del Vaticano contra la pederastia en la Iglesia Católica, al calificarla como un «acto de simulación e hipocresía».

«Hemos presenciado un nuevo acto de simulación e hipocresía por parte de funcionarios de un Estado independiente, incumplidor serial de Convenciones internacionales sobre Derechos Humanos», señaló la Red en un comunicado titulado «El pastor mentiroso».

La organización instó «a la opinión pública global, declarar Estado genocida a la Santa Sede», por haber «elaborado, aplicado y mantenido a través del tiempo, un sistema de protección y encubrimiento de sacerdotes abusadores». Entre otras medidas, impulsarán denuncias internacionales contra el Vaticano, pedirán la apertura de archivos de la Iglesia y la realización de registros de abusadores eclesiásticos.

«El objetivo (de proteger a los menores) se desenfoca y pierde valor al concluir que la pederastia eclesiástica es solo una parte del abuso como problemática transversal y amplísima tanto que la incidencia de la iglesia resulta siendo mínima», se lamentó la Red sobre la cumbre, liderada por el Papa Francisco.

La Red Argentina de Sobrevivientes de Abusos Sexuales Eclesiásticos integra a más de un centenar de víctimas. «No todas las víctimas han hecho la denuncia penal y/o eclesiástica. Algunos todavía no se animaron. A muchos que todavía no han hablado y están atrapados en la institución, todo lo que ha sucedido (en la Cumbre) los va a mandar para atrás, va a provocar un retroceso. Por eso el repudio», declaró a la AFP su psicóloga, Liliana Rodríguez.

El organismo acusó a la Iglesia católica de priorizar «su credibilidad como institución a la vida y salud física y psíquica de víctimas y sobrevivientes». En esa línea, afirmaron además que durante el encuentro del que participaron líderes de las 114 conferencias episcopales de todo el mundo, hubo un «trato irrespetuoso, denigrante y revictimizante para con las víctimas».

Al concluir este domingo la cumbre, el Papa argentino se comprometió a combatir todos los casos de abuso sexual en la Iglesia con «la máxima seriedad» y reconoció que la batalla contra el problema del abuso apenas comienza.


EL PASTOR MENTIROSO

COMUNICADO de REPUDIO de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina ante la finalización de la CUMBRE ANTIPEDERASTIA

Ante este evento llevado a cabo por jerarcas del catolicismo, tendiente a tratar el flagelo del abuso sexual infantil por  parte del clero,  la  Red  de Sobrevivientes  de Abuso Eclesiástico de Argentina, manifiesta a la opinión pública:

1. Hemos presenciado  un  nuevo  acto  de  simulación  e  hipocresía  por  parte  de funcionarios de un Estado independiente, incumplidor serial de Convenciones internacionales sobre Derechos Humanos. Esta Cumbre confirma el estado de corrupción sistémica que impera en la Santa Sede, al evadir premeditadamente las exhortaciones que organismos internacionales le hicieran hace cinco años atrás.

2. El objetivo de esta cumbre era la protección de los menores dentro de la iglesia en todos los ámbitos en que ésta incide en la vida de niñas, niños y adolescentes. Pero este objetivo se desenfoca y pierde valor al concluir que la pederastia eclesiástica es solo una parte del abuso como problemática transversal y amplísima tanto que la incidencia de la iglesia resulta siendo mínima, lo que se opone de plano a la organización de una cumbre mundial para tratarla.

3. La “credibilidad” de la institución es un valor supremo que como tal, está por encima de la vida y la salud física y psíquica de víctimas y sobrevivientes (es pertinente recordar que el carácter traumático del abuso a muchas víctimas las ha llevado al suicidio). Aún ante esto, los casos de abuso se tratan de forma endógena, lo que nos permite ratificar el carácter transpersonal de la iglesia católica.

4. El trato irrespetuoso, denigrante y revictimizante que tuvieron las víctimas – no permitiéndoles el debate “cara a cara”, dentro de las deliberaciones – demuestra el alto grado de miseria y cobardía de todos y cada uno de los jerarcas. También el desprecio y la cosificación de estas, tratadas como parias, verdaderos ajenos a lo que se estaba abordando. Estas acciones implican un retroceso sustancial ya que muchas víctimas dispuestas a denunciar pueden desistir de hacerlo y retrasarán o postergarán definitivamente su proceso de recuperación.

5. La fraseología bíblica, propia de “filisteos de honor” y el uso de un lenguaje inquisitorial en comunicaciones informales confirman su ineptitud y contumacia en no tratar el flagelo dentro del marco del derecho internacional de los derechos humanos, inexistentes dentro de la organización y funcionamiento eclesial.

6. La perspectiva moralista, propia de neofariseos, indica la pérdida de rumbo de una institución religiosa  cuya  ética  ha  devenido  en  un  histórico  fracaso  y es  causa  de incontables  males  globales.  Cumplir  en  lo  formal,  mentir,  negar,  encubrir  y seguir dañando a niños y niñas, es su eje existencial.

7. Las 21 propuestas de esta iglesia-pastor mentiroso que fueron simples puntos de partida”, no son otra cosa que medidas ya existentes, mecanismos obsoletos que sólo buscan blindar la institución a favor de los sacerdotes y monjas abusadores y – obviamente– en contra de las víctimas, a las que se les niegan los más elementales derechos y garantías.

8. Las medidas de profilaxis y de conducta propuestas por el papa – como la N° 19 , dejan ver el grado de perversión, inmoralidad y libertinaje de sujetos que necesitan de una norma jurídica para no violar niños y niñas. Una radiografía de la putrefacción mental y espiritual de una casta social que se ha caracterizado por su ilimitado vampirismo.

9. Esta Red, sin perjuicio de las medidas de acción que propone a las personas de buena voluntad – en documento anexo -, invita a la opinión pública global a declarar a la Santa Sede “estado genocida”, hasta que de una buena vez se decida a cumplir con los compromisos que asumió al suscribir las Convenciones internacionales sobre Derechos Humanos.

MEDIDAS PROPUESTAS por la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina al finalizar la Cumbre Antipederastia

Además de REPUDIAR las expresiones con que concluyó la reciente Cumbre para la protección de menores  en la Iglesia, esta Red propone a las personas de buena voluntad, víctimas y sobrevivientes del flagrante delito de abuso sexual eclesiástico las siguientes MEDIDAS DE ACCIÓN ante la sistemática y constante vulneración de libertades, derechos y garantías contenidos en instrumentos internacionales sobre derechos humanos.

A nivel internacional

1. Solicitar a la O.N.U. por medio del cuerpo diplomático de cada país, declare a la Santa Sede como “estado genocida, por la elaboración, aplicación y mantenimiento a través del tiempo, de un sistema de protección y encubrimiento de sacerdotes abusadores. Este sistema está destinado no sólo a la privación de la vida del colectivo formado por víctimas y sobrevivientes, sino también mediante ardides que ponen en peligro la salud bio-psico-social de estas personas.

2. Interponer denuncias contra la Santa Sede, ante las Cortes Penales existentes en cada continente y/o Corte Penal Internacional, por el delito de genocidio contra el grupo humano niños, niñas y adolescentes.

3. Instar a los Estados que tengan firmado un Concordato con la Santa Sede, a la inmediata denuncia internacional y derogación de normas internas, por ser el mecanismo que la Iglesia católica instala en todos los países para perpetrar institucionalmente el delito y mantener el estado de impunidad reinante.

4. Solicitar al Consejo de Seguridad de la O.N.U., por vía diplomática, exhorte a cada Estado miembro, a derogar cualquier norma interna que implique crear y/o mantener en sus territorios un enclave legal que posibilite la aplicación del Código de Derecho Canónico y el funcionamiento de tribunales eclesiásticos, paralelos a los estatales, bajo apercibimiento de generar responsabilidad internacional.

A nivel nacional

1. Formación de Comisiones independientes, dentro de la órbita de los órganos del Estado, por medio de proyectos de leyes, en aquellos países que no se hayan conformado.

2. Creación de  un  registro  público  de  sacerdotes  acusados,  denunciados  y/o condenados por abuso sexual.

3. Solicitud de órdenes judiciales dirigidas a la Conferencia Episcopal de cada estado, para la apertura de los archivos secretos y remisión de antecedentes y documentación relativos al abuso sexual del clero.

4. Planteo de demandas judiciales contra la Santa Sede y el Estado que corresponda, por los daños y perjuicios ocasionados a las víctimas el primero, y la complicidad del segundo al permitir que dentro de su territorio, aquel estado extranjero vulnere de modo contumaz convenciones internacionales sobre derechos humanos. Para ello, elaboración de una estrategia de litigio como patrón a seguir por cada demandante con derechos subjetivos e intereses legítimos o colectivos lesionados.

5. Derogación de la normativa nacional que otorgue privilegios y/o trato preferente a la Iglesia Católica, como subsidios de cualquier especie, pago de sueldos a obispos, reconocimiento de personería jurídica pública y la ya referida denuncia internacional de los concordatos.

6. Requerir a los poderes ejecutivos nacionales, por intermedio de los representantes del pueblo, se emplace al estado Santa Sede a cumplir dentro de sus territorios con las convenciones internacionales sobre derechos humanos, bajo apercibimiento de iniciar medidas diplomáticas como respuesta estatal ante el no cumplimiento.

7. Los  mecanismos  para  hacer  operativas  las  medidas  propuestas,  dependerán primero, de la decisión individual o colectiva de los afectados, segundo, de involucrar a los Estados nacionales como responsables de permitir que en sus territorios un estado extranjero como la Santa Sede, vulnere derechos de ciudadanos y ciudadanas; tercero, de involucrar a los poderes públicos a garantizar la tutela judicial efectiva, frente al referido estado criminal.

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