La reforma de la ley que prepara el Gobierno sitúa a España a la cola de Europa Los expertos alertan de un retroceso de más de 30 años
En España, las mujeres pueden abortar sin dar explicaciones, hasta la semana 14 de gestación. Tras esto, se necesita un dictamen médico y cumplir ciertos requisitos —riesgo para la salud, hasta la semana 22, y anomalías fetales graves o incompatibles con la vida, sin plazo—. Pero cuando aún no ha cumplido tres años desde su estreno, el derecho a la maternidad libremente decidida, que consagra la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, pende de un hilo. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciado que la reformará para sustituir ese plazo libre por un sistema de supuestos como el que rigió hasta 2010.
El cambio, alertan los expertos, no solo supondría un retroceso de más de 25 años. También aleja a España de la esfera de la UE, donde predominan leyes de plazos. Así es en Francia (hasta la semana 12 de gestación), Holanda (26) o Italia (10). Solo cuatro países tienen un modelo de supuestos como el deseado por Gallardón: la restrictiva Polonia, Chipre, Reino Unido y Finlandia. Aunque en los tres últimos se amparan las razones socioeconómicas, bajo las que subyacen, en realidad, la libertad de la mujer.
La nueva regulación colocaría a España al nivel de Malta, que prohíbe el aborto, o Irlanda que lo restringe tanto que es inalcanzable. Estos son, además, los dos únicos países de la UE que no permiten la interrupción del embarazo por anomalías fetales. Un supuesto que el titular de Justicia ya ha insistido en que eliminará.
Ese cambio dejaría sin cobertura, alerta la experta en Diagnóstico Prenatal Pilar Martínez Ten, a los 3.000 gravísimos casos que se detectan cada año. Quienes estén en esta situación por el dictamen de patologías como anencefalia o agenesia de cuerpo calloso, de pronóstico fatal, por ejemplo, se verán obligadas a salir del país para abortar. “La restricción también impedirá que se haga la necropsia para ver si la enfermedad se repetirá con otros hijos”, dice Martínez Ten.
Los expertos no dudan de que una ley más restrictiva no frenará los más de 110.000 abortos que se realizan cada año en España, pero sí provocará que las mujeres sin medios para viajar a países más permisivos con la intervención —antaño iban a Londres— recurran a métodos inseguros. En el siglo XXI, apunta la ginecóloga Isabel Serrano, presidenta de la Plataforma por los Derechos Reproductivos, el aborto clandestino ya no es en casa y con una abortera. “Se recurrirá a fármacos que no están indicados para ello, lo que causará a las mujeres graves problemas de salud”, dice.
Las claves de una reforma polémica
Las menores no podrán interrumpir su gestación solas
Pocos son los detalles que han trascendido de la reforma de la ley del aborto que prepara el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Una modificación con la que pretende eliminar el plazo de aborto libre hasta la semana 14 de gestación, vigente desde 2010. También, ha insistido, suprimirá de los supuestos para abortar que haya anomalías fetales. La nueva regulación se está retrasando, pero la incertidumbre que la rodea es la misma que cuando Gallardón, hace un año, aseguró que las mujeres se ven obligadas a interrumpir la gestación por lo que él llamó “violencia estructural”. Estas son algunas de las cuestiones clave de la reforma.
» ¿Podrán abortar las menores sin permiso? Ahora, las chicas de 16 y 17 años pueden abortar sin consentimiento de sus padres; aunque deben informarles de su decisión. El Gobierno ha reiterado que se exigirá a las menores el permiso de sus tutores.
» ¿Necesitará la mujer el dictamen de un médico? Gallardón ha apuntado que las mujeres deberán “acreditar” que se encuentran en los supuestos que determine la ley, que no ha detallado —hasta 2010 eran violación, riesgo para la salud o malformación fetal—. El titular de Justicia incide en que, como dictaminó el Tribunal Constitucional en 1984, los derechos de la mujer no pueden prevalecer sobre los del no nacido, salvo en ciertos casos determinados por la ley.
» ¿Cómo será el proceso? Un médico ya acredita que, tras el plazo de aborto libre, la mujer está en alguno de los supuestos marcados por la ley: riesgo para su salud o anomalía fetal. En el primer caso se trata de un facultativo de las clínicas privadas acreditadas para la intervención —solo el 3% de los abortos se practican en la pública—. Gallardón ha afirmado que evitará que los facultativos que “acrediten” que la mujer cumple los requisitos estén vinculados a las clínicas, algo complicado con la escasa red pública.
»» ¿Y si se diagnostica una anomalía fetal? Gallardón ha manifestado que suprimirá este supuesto. Se escuda en una “recomendación” de la ONU sobre personas con discapacidad que, sin embargo, solo menciona el plazo para realizar estas intervenciones. Actualmente unos 3.000 abortos al año se realizan por causas de anomalías fetales, muchas de ellas graves o incompatibles con la vida.
Manifestación en Madrid convocada por la Plataforma de Organizaciones Feministas por la despenalización del aborto. / Chema Conesa
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