Valoración de las alegaciones públicas del juicio en Valladolid

El pasado día 24 de enero estuve presenciando en el juzgado de lo contencioso-administrativo de Valladolid, las alegaciones orales del abogado que defiende la iniciativa constitucional y democrática de la Asociación Cultural Escuela Laica de Valladolid (ACEL) y la defensa de la postura de la Junta de Castilla León, contraria a la retirada de los crucifijos.

No entro a valorar y a opinar sobre las alegaciones de la ACEL y de los padres y madres que luchan por la retirada de símbolos ideológicos de los centros escolares, por coincidir total y absolutamente con las tesis expuestas y que son de sobra conocidas. En mi opinión las alegaciones expuestas por el abogado no dejan  lugar a dudas, fueron muy brillantes y profesionales, aunque quizá en algún momento se hicieron citas que, en mi opinión, no eran adecuadas al proceso.

En cuanto a la parte contraria las alegaciones de la Junta de Castilla-León fueron insostenibles desde cualquier argumento jurídico y democrático en un Estado, el español, en donde ninguna confesión religiosa ha de tener carácter estatal. Y cuando, además, existen desde hace décadas argumentaciones múltiples por parte del Tribunal Constitucional y de diversos organismos institucionales y jurídicos, en diversas Comunidades Autónomas que avalan la obligada ausencia de cualquier simbología religiosa de los centros escolares (al menos de los de titularidad pública). Se limitó a hacer innumerables citas erróneas, con el fin, exclusivo, de confundir a los medios de comunicación que estaban presentes.

A parte del falseamiento de sentencias y citas que hizo, el abogado de la parte contraria planteó sólo tres argumentos, que de necios no se sostienen: 1.- Que la ACEL no está legitimada para plantear ese pleito en nombre los padres que han solicitado las garantías de neutralidad del centro escolar, con la retirada de esos símbolos (Que, además son socios de la ACEL). 2.- Que no se recurrió en su día la decisión mayoritaria del Consejo Escolar del Centro de que no se retiraran tales símbolos. Cuestión que, además, de ser falsa, no es argumento adecuado, ya que dentro de las funciones de los Consejos Escolares de los Centros no figuran la toma de decisiones ideológicas, como es éste el caso. 3.- Que estos símbolos (crucifijos) forman parte del mobiliario del centro desde 1930 y que están secularizados. Entonces ¿En qué quedamos? ¿Para los mandamases de la iglesia católica un crucifijo es un mueble más y una ornamentación o una representación simbólica de la muerte de Cristo? Por que si es, lo que argumenta la Junta, en la doctrina cristiana podría ser considerado como una herejía. El empeño de la jerarquía católica de que los crucifijos e imágenes continúen expuestos, es porque es un signo de identidad de la confesión católica, luego el argumento de la Junta no vale.

En manos de la libertad institucional de la justicia queda un pronunciamiento que en breve conoceremos. Si es favorable a los argumentos de la ACEL y de los padres solicitantes, la Junta se ha comprometido (en palabras del Consejero), públicamente, a acatarlo. Si no fuera así, es previsible que se  recurra a más altas instancias jurídicas, hasta conseguir que se cumpla el mandato constitucional de neutralidad del Estado en materia religiosa. No me debo de pronunciar sobre lo que puede pasar, pues la fase deliberativa de los jueces debe de ser respetarla.

Los medios de comunicación regionales (e incluso nacionales) han dado una muy importante y, en general, neutral cobertura a este hecho (inaudito en un Estado no confesional). En los ámbitos sociales no religiosos e incluso los de carácter religioso (diversos sectores cristianos  católicos y no católicos, la comunidad musulmana de Valladolid, etc.) se han pronunciado a favor de la retirada de simbología religiosa. Como lo ha hecho la CEAPA  (que agrupa a más de 14.000 APAS del todo el Estado) y otras importantes organizaciones sociales de carácter local y estatal.

Mi opinión es que con el tema de la simbología religiosa una parte importante de los poderes públicos están cometiendo un grave delito político, fruto y herencia de una historia casposa y vergonzante, en donde ser católico era una obligación de todo español, desde su nacimiento: Cuando la jefatura del estado en función de su representatividad institucional y otros altos representantes hacen ostentación pública de su catolicismo, Cuando, todavía, se jura o promete delante del crucifijo (ministros, alcaldes, consejeros, delegados, concejales… etc.), cuando se mantienen símbolos ideológicos (como los religiosos) en espacios comunes y que deberían de ser neutrales, como juzgados, escuelas, cuarteles, ayuntamientos, despachos públicos, etc. se está atentando contra la libertad de pensamiento y de conciencia.

No me queda nada más que felicitar a los amigos y compañeros de Valladolid (al igual que ocurre en muchos otros lugares) por su tesón (a veces contra corriente) en defensa de las libertades y del mandato constitucional. Su ética y responsabilidad están a mucha más altura que la de muchos políticos de todo el arco institucional, que prefieren caminar  de la mano de la jerarquía católica, a defender la Constitución y los principios que emanan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

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