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València requerirá este año por primera vez a la Iglesia el pago del IBI por los inmuebles de la Casa de la Salud y de la Universidad Católica

El Ayuntamiento remitirá seis recibos por un valor total de un millón de euros a entidades dependientes del Arzobispado en cuyos locales se desarrollan actividades económicas

Uno de ellos es el Convento de las Carmelitas calzadas ubicado en la avenida de Guillem de Castro, en el que se ubica un ‘hostel’, además de varios comercios en sus bajos

Entidades dependientes del Arzobispado de València deberán abonar este año el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por seis de sus inmuebles por primera vez desde que se aprobó el acuerdo del año 1979 con la Santa Sede y la ley de entidades sin fines lucrativos.

Los técnicos de Hacienda del Ayuntamiento de València han finalizado la elaboración del listado de inmuebles dependientes de la Iglesia por los que deben abonar el tributo al desarrollarse actividades económicas con fines lucrativos que además suponen una competencia hacia otras entidades que realizan la misma función o servicio y que sí que abonan el tributo.

Tal y como informó eldiario.es, el Consistorio tenía previsto iniciar la recaudación por estos inmuebles en el pasado ejercicio. Sin embargo, los técnicos se encontraron con diferentes inmuebles inscritos en el catastro a nombre de entidades religiosas sin especificar su uso, algo que ha retrasado el proceso.

La mayoría de estos recibos se girarán con cargo a las sedes de la Universidad Católica, ubicadas en la calle de Corona, en la calle de Quevedo, entre Guillem de Castro y Paseo de la Pechina y en Jorge Juan.

También al hospital de la Casa de la Salud que ocupa una manzana entera en la avenida de Manuel Candela, con titularidad de las religiosas de Santa Ana. Por este inmueble deberían pagar unos 196.000 euros al año de IBI. El recinto sanitario facturó en 2018 en torno a 32 millones de euros.

Otro de los inmuebles por los que la Iglesia deberá abonar el IBI es el ubicado en el cruce de la avenida de Guillem de Castro con la calle de Balmes. Allí se ubica el convento de la Encarnación de las Carmelitas calzadas que data del año 1502.

Por su condición de edificio de culto y residencial de las monjas, está exento del pago del IBI. Sin embargo, alquila sus bajos a cinco empresas y una parte importante del inmueble (bajo más plantas) al Quart Youth Hostel, por lo que los técnicos entienden que deben abonar la parte proporcional correspondiente a los bajos comerciales y a la zona del edificio dedicada a uso hotelero.

Según ha informado el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, los seis recibos que se girarán en la próxima campaña de cobro que arrancará en el mes de marzo suponen un montante total de un millón de euros, aunque el edil ha comentado que lo normal es que los interesados presenten alegaciones y que, por tanto, la recaudación no sería inmediata y quedaría sujeta a las diferentes resoluciones.

Vilar ha insistido en que en ningún caso se girarán recibos por inmuebles dedicados al culto ni a obras sociales y benéficas, como podrían ser los de Cáritas.

En esta primera remesa de recibos que girará el Ayuntamiento de València quedan exentas también las viviendas propiedad de la Iglesia y de otras confesiones legalizadas siempre que tengan un uso residencial y que no se utilicen con fines lucrativos.

Además, el edil socialista ha recordado que según diversas sentencias de la Unión Europea, la exención de tributos a actividades económicas lucrativas sometidas al mercado de la libre competencia podría considerarse una ayuda ilegal.

“Todo seria mucho mas fácil si el nuevo gobierno simplemente modificara la ley de mecenazgo y la Ley de régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos (49/2002) de acuerdo con la normativa europea de defensa de la libre competencia y prohibición de ayudas estatales ilegales, es decir, excluir de la ley aquellas actividades y usos económicos de carácter permanente y lucrativo sometidos a libre competencia”, ha explicado Vilar.

El edil ha añadido que esta medida supondría “no solo una mejor financiación local, sino que además sería fiscalmente equitativo y cumpliría un pilar fundamental de la UE como es la libre competencia ya que la Comisión Europea es muy dura frente a las ayudas fiscales ilegales de los Estados”.

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