Valencia: La Policía confirma que 22 maestros de Religión cobraron sin dar clases

Un informe policial ha sacado a la luz nuevas contrataciones laborales simuladas en órganos de la Generalitat Valenciana. Según apunta la información a la que ha tenido acceso EL MUNDO, la Policía Nacional ha confirmado hasta 22 contratos presuntamente irregulares de profesores de Religión que no acudían a dar sus clases en centros escolares de la Comunidad Valenciana.

El análisis policial sugiere que ejercían otras funciones en los Arzobispados de Alicante, Castellón, Valencia o incluso en la Conselleria de Educación. El informe ha sido entregado recientemente a la Fiscalía provincial de Valencia en el marco de las diligencias de investigación penal que se abrieron a raíz de la denuncia que presentó la diputada de Compromís, Isaura Navarro.

Según esta información, la Policía considera que se han podido producir un rosario de cesiones ilegales de trabajadores a diversos organismos y aporta como ejemplo el caso de Inma Ortuño, quien estaba contratada como profesora de Religión en el IES Miralcamp de Vila-real (Castellón) pero que a juicio policial habría desempeñado funciones de asesora en la Conselleria Educación.

Tras tener conocimiento de estos hechos, el ministerio público ha requerido nueva documentación para completar las diligencias. Cuando la Administración remita los expedientes, la Fiscalía valorará si eleva el caso a un juzgado para que se instruya por la vía penal, remite el asunto al Tribunal de Cuentas si considera que existe responsabilidad contable por alcance o, por el contrario, archiva el caso al no constatar indicios de delito en las irregularidades administrativas.

Ortuño admitió ayer que trabajó durante un tiempo para Conselleria pero manteniendo su sueldo y condiciones de profesora de Religión.

El origen

Estos hechos se produjeron durante al menos nueve años y hasta 2015, cuando funcionarios de la Administración detectaron la presunta irregularidad e instaron al Ejecutivo, con Alberto Fabra (PP) aún de presidente, a darle cobertura legal.

Los responsables de la Conselleria, dirigida entonces por María José Català, en la actualidad portavoz adjunta del PP en las Cortes valencianas, formularon un borrador de decreto en el que apuntaban que el personal asesor técnico docente podría derivarse y prestar otros servicios.

Pese a que las comisiones de servicio sólo se contemplan entre administraciones públicas, las plazas de estos profesores de religión se duplicaron y de este modo se cubrían los puestos en los centros. En cambio, la Abogacía de la Generalitat detectó una serie de irregularidades en un informe firmado el 3 de junio de 2015, 24 días antes de que Ximo Puig se convirtiera en presidente.

La Abogacía advirtió en su informe, al que ha tenido acceso este periódico, que la Conselleria debía tener en cuenta que «si el personal va a prestar servicios dentro del ámbito de dirección y organización de otro empresario, nos encontramos ante un supuesto de cesión ilegal de trabajadores, definido en el artículo 43 del Estatuto de trabajadores y con las consecuencias que el mismo precepto establece, por lo que, en ese caso, no se considera conforme a derecho la medida propuesta».

La cobertura jurídica

Los abogados de la Generalitat llegaron a esta conclusión tras abordar jurídicamente la posibilidad de que el personal que desempeñaba estos puestos realizara toda o parte de su jornada laboral en centros de trabajo en de las diversas diócesis. El informe advertía que «ninguna justificación» se había ofrecido «sobre la necesidad de esta medida, que en ningún caso podría acordarse de forma arbitraria».

Por este motivo, en julio de 2015, se firmó un decreto sin la inclusión de las diócesis y los empleados públicos supuestamente cedidos a las mismas tuvieron que regresar a los puestos en los que constaban como profesores de religión en diversos centros públicos de Alicante, Castellón y Valencia. Mientras, los docentes a los que asignaron las plazas duplicadas y que realmente estaban dando clase en los centros educativos fueron reubicados.

Tras conocerse la denuncia, la Diócesis de Valencia emitió un comunicado en el que reiteraba que jamás ha ocultado o realizado ninguna acción que pudiera ser descalificada, pues a su juicio siempre ha actuado bajo las directrices de la Conselleria. Además, la ex consellera Català ha atribuido la denuncia a la «obsesión enfermiza» de Compromís por «desprestigiar la enseñanza de Religión», y añadió que todo fue «supervisado por los técnicos, por la Intervención y Abogacía».

Mientras, el resto de diócesis se ha mantenido en un discreto segundo plano a la espera de que finalicen las diligencias prejudiciales.

Inma Ortuño justificó ayer su cesión a la Conselleria de Educación subrayando que «Compromís dijo que pondrían asesores como quisieran. Yo estaba de delegada de Educación en el Arzobispado y Conselleria», insistió. «He ayudado cuando me lo han pedido», reiteró.

Las contrataciones laborales, aparentemente simuladas, de determinadas personas en las empresas públicas Ciegsa e Imelsa, esta última dependiente de la Diputación de Valencia, se investigan en una pieza separada de las diligencias derivadas de la Operación Taula.

Son los denominados zombies, que habrían estado contratados a través de empresas públicas cuando se agotaron las plazas de asesores o de libre designación que vienen recogidas en el capítulo de personal de los presupuestos.

Las diligencias de estos 22 nuevos contratos aún no se han judicializado y la decisión dependerá de las conclusiones que determine la Policía tras examinar la nueva documentación requerida, admiten fuentes próximas al caso. Según consideró Isaura Navarro tras presentar la denuncia, la operación supuso un uso indebido de fondos públicos de al menos 9 millones de euros.

Print Friendly, PDF & Email

También te podría gustar...