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Valencia ignora las críticas y defiende Ciudadanía en inglés

El conseller de Educación defiende que el coste “debe darse por bien empleado”

La Generalitat valenciana defiende su decisión de impartir Ciudadanía en inglés. La medida ha causado un profundo malestar en la mayoría de los representantes de la comunidad educativa, desde la que se considera imposible que un niño de 2º de la ESO entienda los contenidos de la materia en este idioma. Pero la Administración insiste en que se trata de impulsar "un sistema trilingüe lo más equilibrado posible en relación con la modernidad de Occidente", según el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora.

Para alcanzar este objetivo, todos los esfuerzos económicos "deben darse por bien empleados", según afirmó el lunes Font de Mora. El sindicato UGT aseguró el domingo que los costes adicionales por impartir la asignatura en inglés están entre los 8 y los 15 millones de euros. El conseller negó que las cifras fueran tan elevadas y argumentó que el origen de los gastos está en "todo el Plan de Trilingüismo".

Malestar entre los profesores

Profesores, padres de alumnos, directores de institutos, sindicatos e inspectores coinciden en que impartir Educación para la Ciudadanía en inglés es un intento de la Generalitat valenciana por boicotear la asignatura en su territorio. Es, según Vicent Baggetto, portavoz de la asociación de directores, "dar patadas en el culo equivocado", o, lo que es lo mismo: "Hacer política a costa de los intereses de la comunidad educativa".

Por su parte, la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, habló de una "dinámica de curso muy complicada" en esta comunidad autónoma y se mostró convencida de que la asignatura se impartirá con normalidad en todas las comunidades autónomas "salvadas estas escaramuzas iniciales". La ministra no criticó que se imparta en inglés, siempre que tengan los profesionales necesarios para hacerlo, ya que es "una opción perfectamente legítima" en la Ley Orgánica de Educación.

Por su parte, la Comunidad de Madrid recibió el lunes un requerimiento del ministerio de Educación en el que se recuerda al gobierno regional que no debe permitir la objeción a esta asignatura. El ejecutivo autonómico ordenó en septiembre a los directores de los institutos que atendieran a los niños que no quisieran cursar la materia, que podrían dedicarse a tareas de voluntariado dentro del propio colegio o a elaborar un trabajo sobre la Constitución.

Horas después, Esperanza Aguirre, presidenta autonómica, se preguntó si el ministerio ha enviado también un requerimiento a la Generalitat de Catalunya para que se aplique la tercera hora obligatoria de castellano. En cuanto a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, Aguirre aseguró que en su región la ley se cumple "estrictamente". Al mismo tiempo, defendió a los padres objetores porque "tienen sus razones para hacerlo". 

LA GUERRA DE CIFRAS

Mil recursos contra la materia en inglés

 La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Valencia (FAPA) ha recogido un total de 1.122 recursos contra la orden que regula la enseñanza en inglés de la asignatura. Los centros públicos tramitan estos recursos a su dirección territorial para que los envíe directamente a la Consellería. FAPA da a la Administración un plazo de tres meses para responder. De lo contrario, iniciará un proceso contencioso-administrativo.

La Consejería de Madrid tiene registras 11.944 peticiones de no cursar la materia por objeción de conciencia, según la asociación Rivas: libres para educar, que cifra en 300 las registradas en la localidad madrileña de Rivas-Vaciamadrid. Esta cifra incluye a padre objetores con niños a los que no les toca cursar Ciudadanía este año.

El TSJ de Navarra rechazó el lunes un recurso de un grupo de padres objetores.

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