Vacío jurídico en la lucha contra los abusos de la Iglesia

El cardenal Sean Patrick O´Malley, que preside la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, junto a otros miembros de ese organismo, ha salido a dar una señal positiva, respecto de la obligación de los obispos de denunciar a las autoridades civiles cualquier sospecha de abuso sexual.

Reiterando el compromiso personal del Papa de no tolerar estos abusos, ha recordado las palabras de Francisco en el sentido que, “los crímenes y pecados de los abusos sexuales a menores no pueden ser mantenidos en secreto por más tiempo. Me comprometo a la celosa vigilancia de la Iglesia para proteger a los menores y prometo que todos los responsables rendirán cuenta».

Con fuerza persuasiva, la comisión ha señalado que “todos tenemos la responsabilidad moral y ética de denunciar los presuntos abusos a las autoridades civiles que tienen la tarea de proteger a nuestra sociedad”.

Luego el cardenal O´Malley ha referido la política episcopal de su país, Estados Unidos, donde los obispos han suscrito “la obligación de todas las diócesis y de todo el personal de denunciar las sospechas de abusos a las autoridades públicas.” También ha informado acerca de las instancias formativas para los nuevos obispos norteamericanos, reafirmando la obligación de denunciar.

De esta manera, la Comisión Pontificia para la Protección de Menores ha emitido una señal inequívoca respecto del espíritu que guía su trabajo, dejando en evidencia su compromiso inclaudicable en favor de las víctimas.

Asimismo, la Comisión toma distancia de la Congregación para los Obispos, cuya idoneidad para impulsar planes formativos para los nuevos obispos ha quedado seriamente cuestionada, luego que en uno de sus seminarios se haya aconsejado a los nuevos pastores que ellos no tiene obligación de denunciar acusaciones contra su clero ante la justicia civil, señalando que ello es responsabilidad de las víctimas y de las familias.

El comunicado de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores tiene fuerza moral, pero no tiene validez imperativa. Ello deja en evidencia un vacío jurídico existente en la Iglesia, ya que en la práctica no existe un mecanismo que obligue a los obispos a perseguir administrativamente estos graves delitos.

Es obvio que cualquier organización social que no se obligue a denunciar delitos que atenten contra derechos fundamentales de las personas, queda expuesta a la complicidad y al encubrimiento. Las consecuencias de ello son conocidas dolorosamente por la Iglesia de Estados Unidos, cuya responsabilidad jurídica dejó al borde de la quiebra a varias diócesis que tuvieron que indemnizar a las víctimas por los abusos de su clero.

Considerando los hechos recientes, la presidencia del cardenal O´Malley en la Comisión Pontificia para la Protección de Menores es garantía de ecuanimidad y de avance efectivo en la lucha contra este grave flagelo, pero es evidente que urge establecer disposiciones imperativas que obliguen a los obispos para denunciar estos delitos.

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