En este sentido, el máximo representante de este sindicato, César Fernández, afirmó que la petición de la Junta de Personal a la Delegación de Educación de que "tome las medidas oportunas" para quitar estos los iconos no se puede cuestionar porque "es la única que reúne a los legítimos representantes sindicales de los trabajadores de la enseñanza pública".
Para este sindicato, "esta decisión no la pueden tomar, como han dicho, ni los padres ni los miembros de la comunidad educativa, puesto que no les compete". Asimismo, Fernández aseguró que no se puede criticar esta resolución, tomada por la mayoría de los miembros de la junta, ya que "sólo se ha pedido que se cumpla la norma" y que en una sociedad laica "no haya símbolos religiosos en las instituciones públicas".
Ustea aseguró que cualquier asunto que atañe al desarrollo de la vida de los centros docentes públicos entra en el ámbito de su competencia y no "en el de instituciones religiosas privadas o de los profesores de Religión, que no representan a los trabajadores de centros públicos ni al total de la población".
El secretario general del PP de Córdoba, Antonio López, aseguró que la petición de la Junta de Personal "supone un ataque a los valores democráticos de pluralidad y respeto" y que "la Administración debe respetar la libertad de los padres de elegir la educación de sus hijos". Ustea denunció asimismo el deterioro en las condiciones laborales del profesorado interino en los últimos cuatro años, al no ser discutidas por los sindicatos cuestiones importantes para el colectivo puestas en práctica por Educación, como son las ofertas de empleo público que respetaran el acuerdo de estabilidad o la colocación bianual.
