Del otro lado del charco legalizaron el aborto para todos los casos. El mismo día Macri confirmó a los legisladores que vetará la norma porteña. Pichetto anunció un proyecto del FpV que contempla los casos amparados por la Corte Suprema.
Quienes pelean desde siempre por el derecho de las mujeres pobres a un aborto legal, gratuito y seguro saben lo que es darse una y otra vez contra la pared. Como lo saben los que cobijaron y cobijan a algunas de las más de 500 mil mujeres que interrumpen su embarazo cada año en la Argentina y quienes tuvieron en sus brazos a alguna de las dos mujeres que se mueren por día, obligadas a terminar operándose en un antro sucio y clandestino. También lo saben las madres de niñas violadas que vuelven a ser violentadas por la indiferencia de funcionarios judiciales y las distinguidas objeciones de conciencia de los profesionales de la salud. Y las víctimas, revictimizadas por religiosos que las acusan de asesinas en misas callejeras.
Pero, los tiempos que corren no son los de antes. Y el aborto ya es uno de esos temas que no se esfuman detrás de escándalos públicos y operaciones mediáticas. Hoy se necesita mucho más que eso para detener la convicción colectiva de que es necesario librar una lucha sin cuartel contra situaciones discriminatorias, crueles, vejatorias, de desamparo, lesivas de los derechos humanos y de autoritarismos antidemocráticos.
Cuando parecía que, una vez más, los prohibicionistas se iban a salir con la suya y el tema quedaría en el olvido luego de impedir, con las complicidades políticas, judiciales y médicas de siempre, la intervención legal a una joven que escapó de una red de trata, se evidenció que la discusión llegó para quedarse. No sólo entre los 60 mil casos anuales de la Ciudad de Buenos Aires, es una preocupación que excede la realidad de un distrito y de una Nación, es un desvelo que sobrepasa incluso las pugnas regionales, sino que aflige al mundo entero.
El debate estaba caliente aún por estas pampas cuando el pasado miércoles se supo que el Senado uruguayo aprobó nuevamente una ley que despenaliza allí el aborto por libre decisión de las mujeres en las primeras 12 semanas de gestación. Luego de un debate histórico y una votación en la que la iniciativa se impuso por 17 votos afirmativos (los 16 senadores oficialistas más Jorge Saravia, del centroderechista Partido Nacional) contra 14 negativos, el hermano país del otro lado del charco se erigió como la primer república de la región y una de las pocas de la América latina, junto a Cuba, Guyana, Puerto Rico y el Distrito Federal de México, en contemplar tales derechos para las mujeres, al igual que sucede en naciones avanzadas como Estados Unidos, Canadá y las de buena parte de Europa.
Si bien la decisión tomada por la nación rioplatense no sorprendió demasiado, por sus buenos antecedentes, no le fue fácil abrirse camino. Esta historia se remonta hasta fines del siglo XIX en tierra charrúa y, a pesar de que todos los sondeos de opinión reflejaban que era un pedido de la mayoría, recién en el año 2002 la despenalización del aborto pudo ingresar al Parlamento uruguayo. Entonces, logró media sanción en Diputados pero Senadores recién lo trató dos años más tarde y fue rechazada por 17 votos contra 13. El mismo resultado, pero a la inversa, promulgó la despenalización en octubre de 2007, pero nunca entró en vigencia porque a fines del año siguiente, la ley fue vetada por el entonces presidente, Tabaré Vázquez, por lo que los uruguayos tuvieron que esperar para celebrar esta conquista otros cuatro años, ya con José Pepe Mujica en la presidencia.
Contrastando con los festejos allá, al día siguiente, el presidente del Bloque del PRO, Fernando De Andreis, confirmó el veto a la ley de aborto no punible sancionada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, con el que el jefe del Gobierno porteño, Mauricio Macri, venía amenazando y que le valió que el presidente de la Comisión de Salud de ese parlamento, Jorge Selser, lo tildara de “frívolo y soberbio”. El legislador del Partido Socialista Auténtico sentenció que “Mauricio Macri debería pedirle disculpas a la Legislatura y a la mujer afectada”, aludiendo, por un lado, a que los casi 110 vetos del líder del PRO son una “falta de respeto al trabajo democrático de todos los legisladores” ya que invadió la intimidad de la víctima al revelar datos confidenciales y alertar a las agrupaciones antiabortistas para que “dilataran el procedimiento, que no tenía ninguna traba legal”. Para Selser “esto demuestra el desprecio que (Macri) siente por las mujeres”.
Al mismo tiempo que esto ocurría en la Capital Federal, noticias de un caso similar llegaban desde la ciudad de La Plata. E, incluso, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciara a favor destrabando el conflicto generado por la magistrada Myriam Rustrán de Estrada, un tercer caso se dio en Santa Fe.
En La Plata, el argumento fue el de la objeción de conciencia por parte de los médicos del policlínico San Martín, pero tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en Santa Fe el modus operandi fue el mismo, ambos casos exhibieron tanto una complicidad entre los grupos de presión y los funcionarios judiciales, como una tendencia de éstos últimos a ignorar los precedentes sentados por el Máximo Tribunal.
El juez en lo Civil y Comercial, Claudio Bermúdez, hizo lugar al pedido del Partido Demócrata Cristiano (PDC) santafesino pocas horas después de que la Corte Suprema manifestara, nuevamente, que el aborto no punible era ajustado a derecho. Rustrán de Estrada hizo lo propio fuera de su competencia, luego de que la medida fuera rechazada por un juez de primera instancia y cuando la Corte ya se había pronunciado al respecto en el mes de marzo. Por eso, la jueza fue denunciada por mal desempeño de sus funciones ante el Consejo de la Magistratura. El jury de enjuiciamiento fue presentado por los diputados nacionales, María Luisa Storani y Manuel Garrido, la presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Mabel Bianco, Monique Alstchul, directora ejecutiva de la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI), y Alicia Kaplan, presidenta del Centro de la Mujer (CEDEM). En la presentación afirman que “la medida cautelar otorgada por Rustan implica un grave desconocimiento de la ley y de la jurisprudencia nacional y regional que no sólo va en desmedro de los derechos de las mujeres sino que además le genera responsabilidad internacional al Estado argentino por la flagrante violación a los derechos humanos que su decisión implicó”.
Esta resurrección del debate aquí, aunque a costa del sufrimiento de las mujeres en cuestión, sumó elementos que antes no habían aparecido. Por ejemplo, tanto en La Plata como en Santa Fe fueron las autoridades provinciales de Salud las que destrabaron los conflictos, buscando “garantizar el derecho a la salud de toda la población, con la misma accesibilidad y equidad en el sistema”. Además, el dilema de la joven que iba a ser operada en el Hospital Ramos Mejía logró que el ministro de Salud de la Nación, Juan Luis Manzur, se pronunciara por primera vez sobre el tema. Aunque no pasó de la reticencia a la osadía, al menos remarcó la responsabilidad de Macri en el conflicto porteño, reclamándole que se “haga cargo”, y acusó a la jueza Rustán de Estrada de haberse “sublevado contra el mandato de la Corte”.
La titular de Feim, Mabel Bianco, consideró al respecto que la problemática del aborto no punible “es algo que le compete al ministro porque (su cartera) es el órgano rector, el que fija las políticas nacionales en materia de salud, y hasta ahora no había dicho nada de esto. Cuando salió la resolución de la jueza, debió haber aprobado por resolución el protocolo que desde el 2010 está preparado, sigue todos los lineamientos de la Corte Suprema, y que desde junio dijo que lo iba a hacer. Es muy importante que todos –subraya la especialista–, médicos, autoridades, población, etc. sepan que se trata de una política nacional y que no se puede interpretar distinto en cada lugar lo que es un derecho y está basado en el Código Penal. No se ha dado una categoría para que esto sea uniforme. Tampoco se convocó al Consejo Federal de Salud, que es el órgano en el cual la Nación y las provincias discuten y consensuan estas políticas, para no tener, como ahora, 24 realidades diferentes”.
También hay que contar entre los elementos positivos el anuncio del titular del bloque de senadores nacionales del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, de que trabaja en un proyecto de ley tendiente a definir el alcance del aborto no punible, pero aclaró puntualmente que la iniciativa irá en línea con lo establecido por la Corte Suprema de Justicia, separándose de la norma que fue instaurada en Uruguay. “Hace falta una ley clarificadora para todo el país que permita poner fin a las situaciones controversiales”, reconoció el senador y aseguró que se busca evitar que las víctimas sean colocadas en “situaciones muy complejas”.
Los grupos fundamentalistas que se oponen al aborto no son exclusivos de la Argentina. En Uruguay, el opositor Partido Nacional ya anunció que intentará derogar la norma, y amenaza con planteos de inconstitucionalidad en la Justicia, apelaciones a la Corte Interamericana y con juntar firmas para convocar un referéndum sobre la norma. La Iglesia de ese país, por su parte, decidió excomulgar a quienes promovieron la ley.
El continente americano tiene ejemplos que van desde las legislaciones más avanzadas hasta las más represivas. Canadá, por ejemplo, es una de las pocas naciones que no tiene restricciones legales, la práctica del aborto es legal desde 1988, no está limitado por ley, se practica a petición de la mujer, sin límite de gestación, en hospitales públicos y es gratuito.
En el otro extremo están Nicaragua, Chile, El Salvador y República Dominicana, que castigan la interrupción del embarazo en todos los casos.
Cuba y Ciudad de México tienen legislaciones más progresistas incluso que la de Estados Unidos. Junto con Guyana, Puerto Rico y ahora Uruguay, son las excepciones que permiten interrumpir el embarazo sin justificaciones médicas. En el resto del continente, como en la Argentina, sólo existe para casos puntuales, como violaciones o peligro para la salud de la madre.
En Estados Unidos, el aborto es legal desde 1973 en todos los casos. Pero es un caso, como el de acá, de polarización de la sociedad entre las mayorías pro aborto y las minorías con gran poder de influencia que se oponen. Hace pocos días Barak Obama acusó a su contrincante electoral, Mitt Romney de no revelar sus verdaderas intenciones en contra del aborto legal. En el país del norte ocurre lo que se conoce con el nombre de México City Policy, que consiste en una política de sanción para las ONG que USA considerara que están promoviendo o realizando servicios relacionados con el aborto en otros países. La norma funciona cada vez que el partido republicano accede al poder y cae con los demócratas.
Para Bianco, Romney “se cuidó de hacer mención pero sabemos que, al igual que los grupos de aquí, no quieren la educación sexual integral en las escuelas, no quieren los métodos anticonceptivos, no quieren la despenalización del aborto, en fin, no quieren nada y dejan a las mujeres desprotegidas. No sólo eso –agrega la especialista–, en Estados Unidos han perpetrado agresiones contra el personal de salud en los centros en que se practican las interrupciones de los embarazos, que son totalmente legales. Han agredido a tiros a la salida al personal, asique son todavía más agresivos que aquí”.
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