En ese sentido, se recuerda que la Directora de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura sostuvo que la enseñanza de la historia reciente deberá recordar la violación a los derechos humanos durante “la dictadura y el gobierno de Pacheco Areco” porque “lo de los tupamaros no es equiparable”. Dicha afirmación es anterior pero de índole similar a la que manejó el profesor Demasi —encargado de preparar los programas de historia reciente— cuando afirmó que no se puede determinar si primero se produjo la sedición o la represión, siendo ambas afirmaciones dos dislates históricos.
Hasta ahora, ese tipo de prédica era sostenida por sectores políticos y por docentes que en forma subliminal pero eficaz manejaron, durante años, la idea de que los tupamaros se habían alzado “contra la violencia de arriba”, trasmitiendo el concepto de que la subversión fue un levantamiento de características románticas y heroicas en contra de la represión estatal. Es grave la falsedad histórica y es grave que ahora esas versiones sean asumidas desembozadamente desde la cúspide del Estado.
Lo mismo ocurre con el sesgo ideológico que se pretende dar a la educación. El presidente del CODICEN, Dr. Yarzábal, sostuvo que hay que revisar los contenidos de competitividad e individualismo para sustituirlos por valores de participación y solidaridad, una propuesta polémica que fue ampliada por el Directorio del INAU al indicar que la enseñanza debe servir para derrotar al neoliberalismo y promover el cambio social que el país empezó a darse en las elecciones de 2004.
Estas expresiones representan ataques directos al principio de laicidad, no sólo por lo que significan en sí mismas, sino porque además provienen de los principales jerarcas de una administración que se caracteriza por ejercer un monopolio educativo y cultural como nunca antes se había dado en la historia política del país.
El Frente Amplio tiene mayoría absoluta en ambas Cámaras, administra varios gobiernos municipales, tiene el dominio absoluto y absolutista en el CODICEN; tiene el dominio casi exclusivo en la Universidad de la República —“la manejamos hace 40 años”, según la confesión del ministro Mujica—; tiene el control de dos canales de televisión y tiene a favor a varios medios de comunicación y por lo tanto ejerce una indudable influencia en varios sectores culturales. La historia de las últimas décadas es pródiga en casos de dominio, exclusión y prepotencia cultural de “la izquierda”, aquí y en el mundo.
Así las cosas y a título de ejemplo, nadie ha reaccionado desde el Gobierno ante el despropósito que ha significado, en uso de una autonomía mal entendida, que a la sala central de la Facultad de Arquitectura se le haya designado “Comandante Ché Guevara”. Un exceso desde el punto de vista histórico, educativo, ideológico o urbanístico, un incalificable exceso por dónde se le mire, que expresa hasta qué grados puede llegar la politización.
En ese contexto han comenzado los cursos sobre historia reciente en el Canal 5 y aunque la primera presentación haya sido correcta, cabe preguntarse si las próximas ediciones mantendrán la imparcialidad necesaria, cuando es notorio que las autoridades quieren imponer una versión oficial de la historia, una versión de “buenos y malos” que es consecuente con la prédica ideológica y política que el Frente Amplio ha desarrollado hasta ahora.
Las autoridades de la Educación y los gobernantes en general están incurriendo en un grave error y en una profunda responsabilidad. La laicidad está inscripta en la identidad nacional y al atacarla como se está haciendo se agravia al Uruguay mismo, se desconoce el sentido de Nación. Hay quienes se sienten tan poderosos como para animarse a cometer tal traición, pero no les será fácil ante sus contemporáneos ni gratis ante la Historia.
Deseamos que esto no sea así y que el Gobierno reaccione.
