Universidad, ciudadanía y élites

La política universitaria española se orienta equivocadamente solo a los mejores olvidando que una función de la educación pública es también la reducción de la exclusión

Hasta no hace mucho el Instituto de Ciencias Políticas de París (Science Po) era para mi un nombre más en medio de un listado de centros universitarios de prestigio. Una estudiante norteamericana despertó mi curiosidad cuando me pidió una carta de referencia para solicitar su ingreso en ese centro. Y la curiosidad se vio colmada cuando semanas atrás supe por el Obituario de El País de la muerte de su ex-rector, Richard Descoings. Un universitario controvertido por tomar decisiones que, al día de hoy, son completamente opuestas al mantra imperante en nuestro gobierno, empeñado en repetir una y otra vez dos afirmaciones escasamente elaboradas: que el número de universidades públicas está sobredimensionado y que el sistema debe orientarse a la selección de los mejores. Pero ya sabemos que los “mejores” de cualquier sociedad son siempre los mismos, los poseedores de un capital cultural conseguido por herencia familiar y un capital social por su status. Descoigns llevó a cabo la operación contraria a lo esperado: creó seis nuevos campus repartidos por todo el país y abrió la Sciences Po a estudiantes procedentes de familias con escasos recursos económicos.

Tales decisiones van en la dirección opuesta a la que están tomando nuestros responsables políticos, cada vez más desorientados en temas universitarios. Después de los años transcurridos desde que el rector Descoigns emprendiera estas reformas, la Science Po sigue siendo una institución igual de prestigiosa y, a la vez, más democrática.

El ministro José Ignacio Wert se encontraría en las antípodas del pensamiento del desaparecido Richard Descoigns, convencido como está de que el sistema universitario se encuentra sobredimensionado. Para demostrarlo, toma como ejemplo a California, un estado similar a nuestro país en tamaño y población. El procedimiento para establecer tal comparación debe haberse basado en algo tan simple como acudir a internet y contar el número de Campus que componen la red pública University of California (UC). Quienes se hayan encargado de tan sofisticado recuento han descuidado algunos detalles. A los diez de UC hay que añadir veintitrés campus de la red pública California State University, cuya especificidad frente a la primera es la de estar orientada a la investigación aplicada y a la profesionalización. Por si fuera poco, la educación superior en ese estado incluye 122 colegios universitarios (California Community Colleges), los cuales imparten docencia equivalente al actual grado en Europa y se encuentran conectados con las otras dos redes públicas estatales.

Si a estos sistemas públicos de educación superior le añadimos un número muy importante de universidades privadas extendidas por toda California, el señor ministro se encontraría en la necesidad de revisar el mapa universitario español a la inversa. Pero esta no es la cuestión.

Para que un sistema público educativo de cualquier nivel cumpla su función ha de trabajar al menos en dos direcciones: la primera, dotar a los estudiantes de las capacidades necesarias para afrontar la diversidad de actividades del mundo profesional; la segunda, crear y extender ciudadanía reduciendo a mínimos el número de excluidos sociales. Al final ambas vías se encuentran y se dan sentido una a otra.

Es parte de la educación pública en un marco democrático ofrecer los medios necesarios para el desarrollo humano. Pero si nos limitásemos a afrontar el papel de la educación solo en esta dirección estaríamos ante un sistema cercano a la beneficencia en la cual lo que se distribuye no es dinero sino conocimiento. El sentido de la propuesta del rector Descoigns va más allá: explotar ese capital cultural redistribuido de forma que, quienes lo posean, no sólo aspiren a alcanzar nuevos peldaños en la escala social sino a influir y liderar la sociedad en que viven.

España nos da una buena muestra de ello. Las cosas comenzaron a cambiar cuando, en las décadas de los sesenta del siglo pasado, accedieron a la universidad nuevos sectores de población. Personajes relevantes para la Transición salieron del limitado espectro social y político de entonces aprovechando unas pocas brechas abiertas en los muros de una fortaleza que parecía inexpugnable y crearon nuevos grupos decididos a liderar los cambios necesarios. El “país real” comenzaba a desmontar al “país oficial” formado por una élite ensimismada alejada de los problemas de la calle y de la realidad exterior.

Porque es necesaria tal regeneración la función de un sistema público de educación no debe contentarse con cumplir su cuota de justicia social ayudando a progresar a los “mejores” de las capas desfavorecidas, como acto de desagravio y solidaridad con ellos, sino para crear nuevos grupos críticos y de liderazgo que rompan el modelo reproductivo de unas élites sumidas en la rutina.

Pero, la actitud del ministro de educación con los rectores de las universidades públicas, en cuyos encuentros no caben ni ruegos ni preguntas, nos hace entrever una política de más largo alcance, nada proclive a favorecer la creación de grupos críticos capaces de competir con los ya instaurados. Además de no coincidir con el espíritu del desaparecido Descoign, la política educativa actual va en la dirección radicalmente opuesta, aunque con el mismo afán contrarreformista con que el gobierno de Aznar se aplicara en otros tiempos.

Juan Daniel Ramírez es catedrático de Psicología de la Comunicación en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

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