La teocracia iraní ha demostrado suficientemente su crueldad. Lo ha hecho para reprimir todo intento de oposición. Lo hace regularmente con su particular visión de la ley civil sometida al peso asfixiante de la religión, prescindiendo de los artículos de la Constitución que reconocen derechos fundamentales y despreciando los convenios internacionales que ha firmado. La próxima víctima de este sistema impío e inhumano puede ser Sakineh Mohamadi Ashtianí, una mujer condenada a morir lapidada tras un presunto adulterio. La sentencia está suspendida a la espera de que se resuelva un recurso judicial.
Una campaña para salvar a esta última víctima está en marcha en todo el mundo y merece todo el apoyo. En el terreno diplomático, Lula da Silva se ha ofrecido a acoger a esta mujer en Brasil, pero su oferta ha sido recibida con escarnio por Teherán, pagándole así con sarcasmo los buenos oficios que el presidente brasileño había hecho en el conflicto por el programa nuclear de Irán, que le enfrenta a la comunidad internacional y le somete a duras sanciones económicas y comerciales.
Irán es uno de los países del mundo donde la pena capital es utilizada con mayor liberalidad. Según Amnistía Internacional, el pasado año fueron ejecutadas más de 388 personas, y al menos una mediante lapidación. Toda pena de muerte es condenable, pero la ejecución por lapidación lo es más si cabe. Por su salvajismo y porque quien más la sufre es la mujer. Por ello, el régimen de los ayatolás merece la más severa condena.
