Una juez investiga por estafa a la fundación tutelada por la Iglesia que vendió 14 edificios en Madrid por 74 millones y dejó en el limbo a 200 familias

El juzgado de instrucción número 51 de Madrid ha admitido a trámite la querella interpuesta por los vecinos afectados por la fundación Fusara por posibles delitos de estafa, corrupción y administración desleal de sus responsables. Esta entidad, que tutela la Iglesia, vendió 14 inmuebles en el centro de Madrid por 74 millones el pasado 30 de julio, según diversas fuentes de esta operación urbanística, y dejó en el limbo a más de 200 familias que vivían en alquiler. El caso fue destapado por EL PAÍS el pasado 17 de octubre a raíz de un burofax que llegó a una vecina.

“Vino un señor y me dio una carta sin más explicaciones”, contaba María del Carmen Martínez, de 92 años, en el salón de su casa de la calle Angosta de los Mancebos 2, de La Latina. “Mi hija me explicó que igual nos echan de casa. ¡Y yo pensé que era propaganda!”. Lo mismo le contaron al cocinero Luis Fernández sobre su local de la calle Santa Teresa 9: “No entiendo qué está pasando”, contaba.

Fusara es un acrónimo que responde a la Fundación de Santamarca y de San Ramón y San Antonio. Su objeto es “educar a menores de edad carentes de medios económicos con enseñanza católica”. Resulta de la fusión de dos fundaciones en 2008 que contaban con numerosos inmuebles, de cuya administración proveían fondos para orfanatos, colegios concertados y residencias.

El patronato que gestiona Fusara lo forman seis miembros: el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, que delegó en David López Royo para gestionar las 64 fundaciones que tutela la Iglesia madrileña; el alcalde, José Luis Martínez-Almeida; la delegada del Gobierno, Paz García Vera; el decano del Tribunal de la Rota, Carlos Manuel Morán, y dos sacerdotes de la capital.

En el auto de la querella, al que ha tenido acceso este periódico, la juez Carmen Rodríguez-Medel explica que, tal y como dicen los vecinos, el patronato de la fundación “está deficientemente constituido y que el firmante de la compraventa no ostenta poder válido, motivo que ha dado lugar a que la inscripción de la compraventa de cinco fincas haya quedado suspendida [en el Registro de la Propiedad]”. Por estas cuestiones, explica la magistrada, “podría constituir un hecho delictivo de estafa en la modalidad del artículo 251 del Código Penal”. Este artículo conlleva una pena de prisión de uno a cuatro años. El auto también cita un posible perjuicio al patrimonio administrado y posible delito de corrupción entre particulares.

Por todo ello, la juez citará a David López Royo, delegado de fundaciones de la Iglesia, Ignacio Olmos, antiguo gerente de la fundación Fusara, Manuel Fernández Clemente, actual administrador y a Roberto de Juan González, el comprador de los 14 inmuebles, el próximo 14 de enero a las 10.00 en el juzgado número 51 de Madrid para comunicarles la admisión a trámite de la querella. En ese momento, ya se les considerará investigados.

“Es una buena noticia que se admita la querella porque esto va a dar pie a que se investiguen los hechos. Sobre todo, el precio de la venta. Queremos saber todo, saber quién está detrás y queremos saber si esto ha sido un buen negocio para la fundación”, cuenta por teléfono Mónica Sevil, abogada de los afectados por Fusara, además de perjudicada por la venta.

La misma carta que recibió la vecina María del Carmen a principios de octubre se envió a los vecinos de los otros 13 inmuebles que poseía Fusara: Fuencarral 113, Olivar 5, Castillo 4, Fúcar 13… Con una diferencia: el nombre de la empresa. Cada bloque de pisos ha sido adquirido por una sociedad limitada distinta: Neoxata Trade SL, Prozarmo Partners SL, Pirosca Market SL… Estos nombres, más propios de marcas de medicamentos que de empresas, son los nuevos propietarios. O dicho de otra manera: sus nuevos caseros.

Pero ¿quién está detrás? Las 14 empresas que compraron los 14 inmuebles de Fusara se crearon entre el 2 de abril y el 13 de junio de este año con un capital de 3.010 euros cada una, el mínimo que establece la ley. Todas tenían en principio la misma administradora: María Elena García Pastrana, que vive en Badalona y que cuenta con 1.012 empresas vinculadas a su nombre por toda España, según el registro mercantil. Sin embargo, las 14 sociedades cambiaron de administrador días más tarde. La propietaria de este armazón empresarial de 14 empresas es otra sociedad limitada: Tapiamar Partners SL.. El nuevo propietario del entramado es Roberto de Juan González, según el Registro Mercantil. De Juan cuenta con 31 sociedades situadas en un domicilio social cercano al opulento Paseo de La Habana. “Mi intención es que los vecinos estén tranquilos”, contaba a este diario hace dos meses. “Cosa diferente es que la gente que esté viviendo ahí considerara que, como esto era de la Iglesia, tendría una casa de por vida. Cuanto antes sepa la gente que los Reyes Magos son los padres, mejor”.

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