Algunos obispos aseguraban que no había evidencias para crear comisiones de investigación regionales y defendían que se trataba de casos puntuales y no un problema sistémico.
De diez denuncias públicas en 18 años a 214 en un mes: la comisión de expertos para estudiar los abusos sexuales a menores cometidos en el seno de la Iglesia católica en Portugal ha destapado décadas de agresiones en un país que se creyó una excepción pero no lo fue.
En febrero de 2019, el portavoz de la Conferencia Episcopal de Portugal (CEP), el padre Manuel Barbosa, causó polémica al decir que consideraba “poquísimas” las 10 denuncias de abuso sexual que habían recibido los diferentes tribunales eclesiásticos de las 21 diócesis lusas desde 2001 y que pretendían presentar ante el Vaticano ese mes.
En esas mismas fechas, algunos obispos aseguraban que no había evidencias para crear comisiones de investigación regionales y defendían que se trataba de casos puntuales y no un problema sistémico, al contrario que lo que se evidenciaba en otros países, como en Estados Unidos o en Irlanda.
Algunos obispos aseguraban que no había evidencias para crear comisiones de investigación regionales
Tres años más tarde, en enero de 2022, la comisión creada por la misma CEP, con expertos independientes dedicados a investigar estos abusos, recibió en un mes más de 200 denuncias de víctimas nacidas entre 1933 y 2006, de “todas las regiones de Portugal” y “todos los grupos sociales”, y que en ocasiones revelaban la existencia de otros casos.
Los relatos mostraban “sufrimiento psíquico individual, familiar y social”, en ocasiones “escondido durante décadas” y “en muchos casos” con esta denuncia era la primera vez que rompían el silencio, explicó la comisión en su primer informe.
Una comisión “profundamente necesaria”
El periodista portugués João Francisco Gomes, autor del libro Roma, tenemos un problema (Tinta da China, 2021) -donde desgrana cómo la Iglesia ha gestionado los casos de pederastia desde su fundación-, ve la creación de esta comisión, que presentará un informe en un año, como una decisión “profundamente necesaria”, con miembros “por encima de cualquier sospecha”.
“Estamos hablando de un universo de crímenes que se mantuvo en silencio durante medio siglo y que ahora tiene condiciones para ser público”, explica en una entrevista con Efe, donde considera que la comisión “está realmente siendo independiente” de la Iglesia. Este equipo de trabajo se centrará en investigar casos ocurridos desde 1950 y remitirá aquellos delitos que no hayan prescrito a la Justicia.
“El gran problema será que los casos lleguen a la Justicia”, lamenta el periodista, ya que muchos ya serán antiguos y “no habrá nada que hacer” desde el punto de vista jurídico.
Para analizar los abusos, recuerda, no hay que verlos solamente como la pederastia en la sociedad, sino como un problema que la Iglesia, como institución y desde su fundación, decidió “encubrir para priorizar su imagen frente a la protección de las víctimas”.
“El gran problema será que los casos lleguen a la Justicia”, lamenta João Francisco Gomes
“Lo que distingue a la Iglesia católica de otros sectores de la sociedad donde también hay abusos es justamente eso, que más allá de haber abusos sexuales la Iglesia se comportó como una institución que de modo sistemático y sistémico buscó encubrir muchos de los casos”, razona Gomes.
Los archivos, pendientes de investigación
La comisión independiente portuguesa se enfrenta ahora no solo al estudio de las denuncias, que recibe a través de una línea telefónica, una web y un email (con anonimato garantizado), sino al análisis de los archivos diocesanos, que todavía no han sido abiertos y que podrían incluir denuncias internas que nunca salieron a la luz.
La asamblea plenaria de la CEP se reunirá en abril para definir bajo qué criterios abrir dichos archivos, un acceso que está “asegurado”, defiende a Efe el portavoz de la Conferencia, Manuel Barbosa.
Explica que, en paralelo, la CEP está trabajando para unificar la información recabada por las diferentes diócesis -que cuentan con comisiones operativas desde hace dos años especializadas en la protección y acompañamiento de menores y personas en situación de vulnerabilidad- para difundir un informe complementario al que divulgue la comisión.
Barbosa asegura que aquellos casos que hayan prescrito para la Justicia civil se investigarán y derivarán a la Congregación para la Doctrina de la Fe, en el Vaticano.
Informarse para prevenir
Más allá de los procesos judiciales que puedan producirse por el informe, para la gestora técnica especializada en atención a menores de la Asociación Portuguesa del Apoyo a la Víctima (APAV), Carla Ferreira, es positivo que se cree diálogo y se visibilicen los abusos, porque puede llevar a que más víctimas denuncien.
“Es siempre una buena idea hablar de lo que pasó y no continuar con esta lógica que hubo muchos años, que fue la del silencio, la de que la gente sabía lo que pasaba y nadie hablaba sobre eso”, asegura a Efe.
Recalca también la importancia de que la sociedad sea consciente de que existen situaciones de abusos y que se puede informar para prevenirlos y saber cómo responder cuando alguna víctima decida abrirse.
