Los tres sacerdotes y el seglar detenidos han borrado sus ordenadores. La única prueba sólida de que dispondrá el juez es el testimonio del joven que denunció
Un segundo exmonaguillo ha presentado una denuncia contra el clan de supuestos religiosos pederastas de Granada. El hombre, que asistió a misa desde los 7 a los 14 años, era al que se refería el primer denunciante cuando decía que temía por otras posibles víctimas del grupo de Los Romanones. “Hacían mucho hincapié en decirme y darme lecciones de que si no hacía vida con ellos y no iba a los sitios que me decían tenía que dejar el grupo ya que no estaba con la doctrina de Dios”, relata esta supuesta segunda víctima. Entonces “comenzaban a hablarme del pecado”. “Todo esto ha sido dramático, me ha marcado la vida”, añade. Sobre los abusos en sí, describe: “Sentía sus erecciones rozarme y me decían que no tuviera miedo. En contadas ocasiones les veía darse besos en la boca cuando se veían, y pensé que no era natural”.
Este testimonio refuerza el caso, sobre todo ante la falta de otras pruebas. Los tres sacerdotes y el seglar (un profesor de Religión) detenidos el lunes en Granada por supuestos abusos sexuales a un menor estaban reunidos en un chalé de la localidad de Pinos Genil, propiedad del supuesto cabecilla del clan, Román Martínez, cuando llegaron los agentes. Estos tenían la orden de arrestarles, registrar la casa y conducirles primero a comisaría y después ante el juez, lo que previsiblemente se producirá hoy. Sabían que su detención era inminente y estaban acompañados de otras cuatro personas ajenas al caso. La policía registró la casa y, entre otros documentos, se llevó dos ordenadores, sábanas y libretas. Al abrir los pecés, los agentes descubrieron que habían sido borrados todos los datos. Los agentes se llevaron también el disco duro de ambas computadoras porque existen medios técnicos que permiten extraer toda su información aunque haya sido eliminada.
Los investigadores buscan archivos, correos electrónicos y fotos que permitan al juez revestir jurídicamente las imputaciones que pesan sobre los tres sacerdotes y el seglar investigados. Fuentes de la investigación señalan que el borrado de los dos ordenadores es una evidencia más de que “algo esconden” los investigados. El diario Ideal de Granada informó este martes por la tarde en su portal de Internet, lo que abundaría aún más en esta destrucción de pruebas, que los curas investigados, coincidiendo con el inicio de las declaraciones de testigos, denunciaron un robo en la vivienda registrada.
Los imputados van a pasar hoy a disposición judicial, después de que este martes se negaran a declarar en comisaría. Hasta la aparición de este segundo testimonio, la única prueba sólida de que podía disponer el juez es el testimonio del primer joven que denunció. La docena de testigos que han prestado declaración ante la policía, y parte de ellos también ante el juez, han sido negativos. Es decir, señalan que no han sido víctimas de abusos de estos curas ni vieron nada anormal cuando coincidieron con ellos en la parroquia o en alguna de la veintena de viviendas que, distribuidas por Granada, se atribuyen a este clan.
Por su parte Javier Muriel, abogado de los sacerdotes, manifestó su sorpresa porque sus representados hayan sido incomunicados en los calabozos d la policía. Según Muriel, disponen de pruebas que “desmienten la versión de los demandantes”, y denunció “la indefensión” de los acusados.
La policía los pondrá hoy a disposición del Juzgado de Instrucción 4 de Granada, que mantiene secretas las pesquisas. En estas diligencias figuran investigadas otras ocho personas, la mayoría sacerdotes amigos de los cuatro imputados. Casi todos ellos, así como una decena de testigos, han desfilado ante la policía y el juzgado para prestar declaración. El supuesto encubrimiento cometido por parte de ellos ya estaría prescrito. Los supuestos abusos al joven que escribió al Papa acaecieron hace más de seis años, pero no habrían prescrito porque computan a partir de que este alcanzó los 18 años.
La Junta de Andalucía, por su parte, ha pedido al Arzobispado de Granada que retire la idoneidad para impartir clase al profesor de Religión implicado. El docente daba clase en un instituto de la localidad de Dúrcal. La delegada de Educación en Granada, Ana Gámez, aseguró que entiende la “indignación” causada entre los padres del centro puesto que se trata de hechos “muy graves” y cree que la opinión pública siente que el arzobispado debería haber actuado de forma “más diligente”. El profesor detenido estuvo dando clases hasta el pasado viernes.
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