Un sacerdote andaluz aprueba que se cumpla la Ley de Muerte Digna

El Defensor del Pueblo Andaluz,ha recordado que, en el caso de Ramona Estevez lo que se ha hecho es «cumplir la Ley de Muerte Digna» y ha remarcado que, en todo caso, estas actuaciones tienen que «respetar siempre la voluntad del paciente»

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha recordado que, en el caso de Ramona Estevez, la anciana de 90 años ingresada en el Hospital Blanca Paloma de Huelva a la que, tras la mediación de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, se le ha retirado una sonda nasogástrica que le pusieron después de sufrir el 26 de julio un infarto cerebral que se había convertido en un “proceso irreversible, lo que se ha hecho es “cumplir la Ley de Muerte Digna”.

“Si hay una ley y la familia quiere, que se cumpla”
En rueda de prensa José Chamizo se ha mostrado partidario de que, “si hay una Ley y la familia quiere que se cumpla, cúmplase”. No obstante, ha precisado que en ese asunto está “entre la espada y la pared” por su doble condición de “cura y Defensor del Pueblo”. Con todo, ha remarcado que, en cualquier caso, estas actuaciones tienen que “respetar siempre la voluntad del paciente”.

La Asociación Derecho a Vivir
Conviene recordar que la Asociación Derecho a Vivir (DAV) tenía previsto presentar este viernes en la Audiencia Provincial de Huelva una petición para obtener la tutela judicial urgente del derecho a la vida de Ramona Estévez, así como solicitar a la Administración de Justicia que interviniera para garantizar que la citada paciente “recibe los cuidados indicados por los médicos que la atienden, conforme a la lex artis (código de buenas prácticas médicas) y al Ordenamiento Jurídico español, que persigue como un delito la práctica de la eutanasia”.

Que sean los jueces quienes decidan sobre este asunto
Por su parte, la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia (Andoc), ha abogado por “judicializar” la aplicación de la Ley de Muerte Digna, de modo que sean los jueces quienes decidan sobre este asunto “como ocurre con las donaciones de órganos o las adopciones”, ya que “España es un Estado de Derecho y las leyes la interpretan las jueces”.

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