Los sacerdotes en la Opción por los Pobres cuestionan la actuación del arzobispo de Bahía Blanca, acusado de encubrir al ex capellán prófugo Aldo Vara. Critican «el silencio episcopal» y exigen a los obispos un compromiso real.
Hechos y no palabras, les reclaman los curas del Grupo en la Opción por los Pobres a los obispos argentinos que se encuentran reunidos en Pilar participando de su primera asamblea plenaria del año. Mediante un comunicado, el nucleamiento que reúne a sacerdotes católicos de todo el país critica la actuación del arzobispo de Bahía Blanca, Guillermo Garlatti, señalado por presunto encubrimiento al sacerdote Aldo Omar Vara, ex capellán del Ejército, acusado por delitos de lesa humanidad, prófugo de la Justicia internacional y recientemente localizado en Ciudad del Este (Paraguay), donde goza de la protección del obispo local. Al mismo tiempo, los curas reclaman coherencia a sus obispos que dicen “estar cerca” de quienes han sufrido las consecuencias del terrorismo, señalando que ello implicaría “estar del lado de las víctimas, es decir del lado de la Justicia cooperando con todo lo que pueda ayudar a esclarecer delitos de lesa humanidad”. Les piden además que respalden con hechos lo que sostienen en los documentos y solicitan, una vez más, que la jerarquía eclesiástica entregue “sin demora” toda la documentación que pueda obrar en su poder y que pudiera contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar.
Según comprobó la Justicia y se conoció públicamente en los últimos días, el obispo Garlatti financia la estadía de Vara en el exterior a través de cheques emitidos por el arzobispado y facilitados mensualmente a un apoderado, mientras está vigente el pedido de captura internacional y el Estado ofrece una recompensa a quienes aporten información para la detención del cura prófugo.
Ahora los curas en la Opción por los Pobres recuerdan palabras de los obispos argentinos en su asamblea de noviembre de 2012, oportunidad en la que manifestaron: “Queremos estar cerca de cuantos sufren todavía por hechos no esclarecidos ni reparados (…), nos sentimos comprometidos a promover un estudio más completo de esos acontecimientos, a fin de seguir buscando la verdad, en la certeza de que ella nos hará libres (cf. Jn 8,32)”. En esa misma ocasión, los obispos dijeron estar abocados a “revisar todos los antecedentes a nuestro alcance” que pudieran contribuir al esclarecimiento de delitos de lesa humanidad y alentaron “a otros interesados e investigadores a realizarlo en los ámbitos que corresponda”. Recuerdan los curas que los obispos afirmaron entonces que “hemos colaborado con la Justicia, cuando se nos solicitó información, de la cual podíamos disponer”. Y frente a muchas demandas recibidas de organismos defensores de los derechos humanos y, en particular de las Abuelas de Plaza de Mayo, que llegaron incluso hasta el papa Francisco, los obispos “exhortaron” entonces a quienes “tengan datos sobre el paradero de niños robados, o conozcan lugares de sepultura clandestina, que se reconozcan moralmente obligados a acudir a las autoridades pertinentes”.
Frente a tales declaraciones y a los hechos ahora conocidos acerca de la complicidad del arzobispo Garlatti con el ex capellán prófugo, los curas en la Opción por los Pobres sostienen que “sería bueno que los obispos contribuyeran con sus gestos y palabras a que les creyéramos que lo que afirman es realmente lo que piensan y harán”.
Afirman que “el arzobispo de Bahía Blanca habría estado asistiendo a un prófugo de la Justicia” y argumentan que “si lo hubiese hecho por desconocimiento, miedo, o algún otro condicionamiento debería expresarlo públicamente para facilitar una mejor comprensión de la situación y en todo caso pedir disculpas a la sociedad más allá de lo que la Justicia pueda requerir de él”. Porque, subrayan, “el silencio episcopal sobre el tema no hace más que reforzar la idea de encubrimiento de un imputado en un delito de lesa humanidad, sospecha de la que el Episcopado argentino no ha podido despegarse”.
En el mismo texto los curas dicen que “por otra parte debería ser una exigencia ineludible para los obispos argentinos y para toda la Iglesia entregar sin demora los archivos eclesiásticos que guarden información importante para esclarecer delitos tan graves que han ocasionado –y ocasionan todavía– grandes perjuicios y sufrimientos que sólo la verdad, la memoria y la Justicia podrán esclarecer”.
Mientras se desarrolla en Pilar la Asamblea de la Conferencia Episcopal de la que participa un centenar de obispos católicos, y que se extenderá hasta el próximo sábado, los curas argumentan que “una urgente intervención del Episcopado en esta situación y una firme decisión de abrir los archivos de la Iglesia ayudaría a que el Pueblo de Dios crea realmente que las últimas declaraciones episcopales dicen la verdad y no son sólo palabras de ocasión”.
Y en la misma línea recuerdan que “vemos en los gestos y palabras del padre Carlos Mugica, cruelmente asesinado hace 40 años, una señal oportuna para la Iglesia de hoy del necesario compromiso con las víctimas de la pobreza, la injusticia y el terrorismo de Estado”. Mugica será recordado ahora en todo el país y el presidente del Episcopado, arzobispo José María Arancedo, hizo esta semana una tibia recuperación de su figura en la misa de apertura de la asamblea episcopal. Una estatua de Mugica será inaugurada por la presidenta Cristina Fernández el sábado próximo y se espera un mensaje del papa Francisco en la ocasión.
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