La enseñanza es un campo de batalla permanente entre los obispos y el Estado
La enseñanza es un campo de batalla permanente entre los obispos y el Estado, con miles de pleitos judiciales para dirimir interpretaciones opuestas. Unas veces ganan los prelados, muchas otras las autoridades civiles. Ni siquiera con un Gobierno conservador, cuyos ministros han jurado el cargo ante la Biblia y un crucifijo, se ha pacificado el conflicto, como demuestra esta sentencia del Tribunal Superior de Baleares, una autonomía gobernada hasta hace unas semanas por el PP. El mismo lamento episcopal se extiende a Andalucía, Asturias, Extremadura e, incluso, a Castilla-La Mancha.
Pese a proclamar los prelados que su Iglesia no goza de privilegio alguno, la educación y, de manera ostensible, las prebendas económicas se destacan sobremanera fruto de varios llamados Acuerdos (antes, concordatos), no entre la Conferencia Episcopal Española y España, sino entre un Estado extranjero, el Ciudad del Vaticano, y el Estado español. En el caso de la enseñanza de la religión a cargo de docentes elegidos para cada curso escolar por los obispos, se asume que los poderes públicos deben garantizar un derecho-libertad, pero algunos gobiernos se resisten a aceptar que ello les obligue al derecho/prestación cuando los alumnos que solicitan la asignatura no llegan muchas veces a uno o dos por curso y, en cambio, no se oferta enseñanza religiosa a alumnos protestantes, musulmanes, judíos o testigos de Jehová, por ejemplo, pese a sumar varios cientos de miles en toda España. Algunos Ejecutivos aducen un problema económico: en total, la enseñanza religiosa católica cuesta en torno a 700 millones de euros anuales.
La Conferencia Episcopal se queja de que la ley educativa del Gobierno Rajoy “no garantiza la oferta obligatoria” de la clase de religión en bachillerato, todo ello pese a que el PP reforzó en esa ley el carácter evaluable de la asignatura, cuya nota, siempre generosa, cuenta para la media del expediente y para obtener una beca. Los obispos podrían pleitear por derechos más extravagantes si reclamasen todo lo que les concedieron los polémicos Acuerdos en 1979. Dos ejemplos, tomados del pacto sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, negociado y firmado en Roma por el ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, notorio miembro ya entonces de la Asociación Católica de Propagandistas. “Deben aplicarse en la ordenación jurídica de los medios de comunicación social los mismos principios de libertad religiosa e igualdad sin privilegios, que Iglesia y Estado profesan en materia de enseñanza”, dice sobre la política de prensa. En consonancia con esa idea nacionalcatólica, otro artículo, después de proclamar que “la acción educativa respetará el derecho de los padres sobre la educación moral y religiosa de sus hijos”, añade un párrafo que el Vaticano no se ha atrevido a reclamar, de momento. “En todo caso, la educación que se imparta en los centros docentes públicos será respetuosa con los valores de la ética cristiana”, dice.
