Un millón de euros anuales: lo que destinan algunas comunidades a los capellanes en los hospitales

Cerca de 900 religiosos católicos prestan servicio en centros hospitalarios de toda España

Compromís critica que se financie este servicio cuando hay listas de espera o falta de camas en los hospitales

«Es una pastoral un tanto dura porque el mundo del dolor no lo quiere nadie, pero yo no la cambiaría por ninguna otra. Me faltan horas para atender a los enfermos ingresados en el hospital«. El que habla no es un médico sino José Ignacio Martínez Picazo, de 50 años, uno de los tres capellanes que prestan sus servicios religiosos en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Un trabajo para el que no todo el mundo sirve, con jornadas maratonianas de turnos de 48 y 72 horas, y para el que, desde luego, hay que tener vocación.

La rutina diaria de Martínez Picazo en este hospital público, en el que lleva trabajando 18 años, es siempre la misma: celebrar misa en la capilla y luego recorrerse el centro de una punta a otra para ir visitando en sus habitaciones a los pacientes que lo piden para darles la comunión o, simplemente, para ofrecerles consuelo a ellos, y también a sus familias. «Hay casos muy delicados y de larga estancia, como los que están en coma o estado vegetativo, y son los familiares los que precisan acompañamiento», asegura.

«Mi labor no es tanto hacer proselitismo cristiano como de acompañamiento a personas que necesitan que se les escuche», reconoce mientras sostiene que no solo asiste a familias católicas practicantes, también a pacientes que «no viven su fe» o, incluso, creyentes de otras religiones.

Como Martínez Picazo, cerca de 900 religiosos de la Iglesia católica se hacen cargo del servicio de esta asistencia en hospitales públicos y privados en toda España. A ellos hay que añadir a los más de 3.000 voluntarios que también echan una mano. Casi el 70% de los españoles se declaran católico, según datos del CIS.

En los hospitales públicos, son las comunidades autónomas las que financian este servicio, según los convenios de colaboración con cada una de las diócesis. Con ello se paga el salario de los sacerdotes, el mantenimiento de las capillas o el material. En los centros privados, es el centro hospitalario quien lo financia.

El dinero que va para este servicio varía de una comunidad a otra. Por poner algunos ejemplos, el Servicio Madrileño de Salud dedicó el año pasado 1.087.500 euros al pago para la atención católica en los hospitales, mientras que en la Comunidad Valenciana se destinaron 961.800 euros.

En las últimas semanas, el debate de la asistencia religiosa en los hospitales ha saltado a la prensa después de que el portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, cuestionase este servicio con un tuit en el que respondía «quién tenga vicios, que se los pague», ante alguno de los comentarios en redes sociales que se hicieron sobre el planteamiento de Mulet sobre la presencia de religiosos en los hospitales.

El senador ha presentado dos preguntas al Gobierno sobre esta cuestión. En la primera, pide información sobre el dinero público que se ha destinado desde 1986 a sufragar asistencia católica en los centros sanitarios. En la segunda, demanda las medidas previstas para garantizar la aconfesionalidad del Estado «ante una realidad con la que mucha gente se siente molesta al ver cómo el dinero público se destina únicamente a la asistencia religiosa de una religión que, por muy mayoritaria que sea, no es la única y está fuera de lo que marca la Constitución».

«No entiendo la repercusión negativa que ha tenido esta pregunta», asegura Mulet. «Es verdad que es abrir un debate peliagudo porque es un tema delicado y sentimental, pero la gente tiene que saber que la asistencia religiosa católica en hospitales tiene un coste. Hay ciudadanos molestos con que el dinero público se destine a esto cuando hay listas de espera o faltan camas», añade.

El senador de Compromís explica que, en principio, esta pregunta no tendría que incomodar al nuevo Gobierno, al que ha apoyado la coalición valenciana en la investidura. «Ahora que hay una coalición, esperamos que algo se notará y que el tema se debata con toda normalidad como se hace en otros países civilizados», señala.

El portavoz de Europa Laica, Juanjo Picó, es de la misma opinión. «La presencia de capellanes católicos en los hospitales no se puede hacer a costa del erario público. Los demás no tenemos por qué pagar el culto de otras personas», señala. Y añade que la iglesia católica está disfrutando de un privilegio del que otras confesiones minoritarias, como ocurre en las escuelas, no lo están haciendo, a pesar de que con ellas también se llegó a acuerdos para ejercer su derecho al culto en los centros hospitalarios.

«En cualquier caso», señala Picó, «estos privilegios no se combaten extendiéndolos a los demás, sino suprimiéndolos». Y apunta que para asistir a los enfermos se podrían aceptar capillas multiconfesionales en los hospitales mantenidas económicamente por las distintas confesiones.

La asistencia religiosa en centros hospitalarios está recogida en los acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede. La Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980, durante el Gobierno socialista de Felipe González, recoge que los poderes públicos deberán adoptar «las medidas necesarias para facilitar la asistencia religiosa en los establecimientos públicos militares, hospitalarios, asistenciales, penitenciarios y otros bajo su dependencia». También la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce la asistencia religiosa a los enfermos como un derecho.

En cuanto a otras confesiones, los capellanes cristianos evangélicos también pueden estar presentes en comunidades como Madrid, Cataluña, Andalucía o Murcia pero, en su caso, la financiación no corre a cargo de las administraciones. «Como mucho nos dejan un espacio propio. Lo que nos permiten es que nuestros capellanes visiten a los enfermos», cuenta el portavoz de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, Jorge Fernández, quien explica que estos capellanes, que tienen una formación específica, hacen esta labor de manera voluntaria. Los cristianos evangélicos cuentan con 4.000 lugares de culto en toda España.

Por su parte, la Comisión Islámica firmó el año pasado unos acuerdos de colaboración con la Comunidad de Madrid para que sus imanes pudieran asistir religiosamente a sus fieles ingresados en hospitales cuando fueran llamados, sin que reciban dinero público por ello. En estos momentos negocian para conseguirlo también en Aragón y Extramadura, según cuenta el presidente de la Comisión Islámica, Riay Tatary. «Siempre hemos intentado un trato igual que el que recibe la religión católica, pero si no lo conseguimos, lo hacemos por nuestra cuenta», señala Tatary. La comunidad musulmana en España roza casi los dos millones.

El capellán católico de la Fundación Jiménez Diaz sigue mientras recorriendo los pasillos del hospital. «Lo importante es cuidar a las personas. Yo disfruto con mi trabajo porque la lección humana que me dan los enfermos y sus familias cada día es enorme».

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