Los supuestos abusos se producían en el chalé de uno de los tres sacerdotes
En el seno del clero granadino, y tras conocerse que tres presbíteros habían sido suspendidos «a divinis» por el arzobispo Javier Martínez el pasado 15 de octubre al conocerse la denuncia por supuestos abusos a un menor, el estupor es notable. Incluso, uno de ellos gozaba de un puesto de confianza del propio prelado como juez del Tribunal Eclesiástico de Granada.
Tras estudiar Derecho Canónico en Salamanca, el sacerdote suspendido F. J. C. M. había accedido a este cargo en la curia granadina hace aproximadamente un año. Antes había sido párroco en otros pueblos de la diócesis, ubicados en la Alpujarra como Órgiva, donde dejó buen recuerdo tras su marcha en septiembre de 2008.
Precisamente quien le sustituyó en este destino, M.M.M, igualmente ha sido denunciado como presunto autor de los supuestos abusos.
También en la Alpujarra ejerció mucho antes su ministerio otro de los supuestos implicados y el hasta hace poco más de un mes párroco de San J.M.V. Se trata de un moderno templo ubicado en el populoso barrio del Zaidín de la capital granadina, donde R. M.V. (60 años) dirigía sus actividades y cultos.
Desde su consagración a principios de este siglo, la parroquia -dedicada al santo cura de Ars, patrono de los sacerdotes por su ejemplar vida- era gestionada por este presbítero. «Nadie podía sospechar que fuera a estar metido en algo de esto; es que ni creemos que esto sea así», nos dice una mujer a la salida de misa que ahora oficia otro sacerdote.
La consternación de los fieles es tal que ya piensan escribir una carta al Papa Francisco para explicarle cómo eran estos hombres de «buen corazón». Fue en las propiedades que disfruta el rector del culto en el templo del Zaidín -sobre todo un chalé de un pueblo cercano a Granada- donde presuntamente se produjeron los supuestos abusos.
Estos se habrían producido al menos hasta que la víctima tuvo 19 años, es decir, hasta 2007, cuando el párroco llevaba varios años asentado en el templo de San Juan María Vianney. Mientras, el subdelegado del Gobierno, Santiago Pérez, confirmó ayer que hay «indicios razonables» de que puedan presentarse nuevas denuncias. Los denunciados declararán en las próximas horas ante el juez.
El secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, pidió este viernes perdón. EFE
Archivos de imagen relacionados
