La polémica por los crucifijos que cuelgan en las paredes del colegio público Macías Picavea de Valladolid ha quedado vista para sentencia.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la ciudad escuchó ayer a las partes en litigio. El Gobierno regional defendió que sean los consejos escolares de cada colegio los que decidan si han de permanecer o no colgados los crucifijos, allá donde los haya, y la Asociación Cultural Escuela Laica de Castilla y León pidió su retirada en nombre de los padres que así lo vienen reclamando desde hace más de un año.
En un par de semanas se sabrá quién debe tomar la decisión sobre esta cuestión. La Junta entiende que sobre los símbolos religiosos han de decidir los consejos escolares porque los crucifijos forman parte del "mobiliario escolar". Los padres que han llevado este asunto a los tribunales consideran que la presencia de los crucifijos en un centro público, sea en las aulas o en lugares comunes para todos, "viola la libertad de conciencia", en palabras de Fernando Pastor, portavoz de la citada asociación.
Unas pocas horas antes de que se celebrara la vista oral, el propio consejero de Educación de la Junta, Javier Álvarez Guisasola, dirigió una circular a todos los consejos escolares para recordarles la potestad que tienen para ordenar que se retiren los símbolos. Una decisión que la organización laica califica de "demagógica", porque los consejos escolares –donde están representados profesores, padres, alumnos y administración– apenas tienen competencias para "hacer nada en el centro al que pertenecen", opinan.
Fernando Pastor opina que no se puede delegar esta decisión en los consejos, "que no tienen ni siquiera capacidad para nombrar al director del centro". Para el portavoz de la Asociación, es una "ofensa que, para no quitar los crucifijos de las aulas, la Junta de Castilla y León diga que forman parte del equipamiento" de la escuela.
Otros casos
Éste de Valladolid no es un caso aislado. En otras comunidades la presencia de símbolos religiosos en los colegios también ha suscitado polémica. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, fallaba en 2002 que los consejos escolares no tenían entre sus atribuciones la de decidir sobre si quitar o poner los símbolos religiosos y ordenaba la retirada de los crucifijos tal y como solicitaban los padres.
En Aragón, la Consejería de Educación se pronunció con claridad al respecto: los materiales que pueden presidir las aulas e instalaciones no deben tener sentido confesional, dijeron. También en Andalucía, el Defensor del Pueblo en la comunidad solicitó que se retiraran estos símbolos cuando hubiera una sola petición para ello, como fórmula para garantizar "el respeto al derecho de libertad religiosa".
